En alguna ocasión, en mi bitácora, he hablado de los estados, las corporaciones, el ciudadano y el consumidor. En España, el equilibrio existente entre los intereses de unos y otros es el que los no-fumadores conocemos de sobra. Es decir, el abuso por un lado y la indefensión por el otro; igual que en otros países europeos, pero con más descaro.
La sana competencia puede desarrollarse en el libre mercado. Si no sucede así de manera espontánea, el estado ha de intervenir –como lo hace a través de un organismo regulador del mercado-, evitando el monopolio y el consecuente abuso a los consumidores. De otra forma, en términos de economía social, un exceso de abuso al consumidor derivaría en la ineficiencia social y económica del conjunto.
Este es el caso del estado español y su relación con las corporaciones como se ha visto en la noticia aparecida hace unos días sobre la multa de 151,8 millones que la CE le ha impuesto a Telefónica “por abuso de posición dominante en banda ancha”. En este caso, no es sólo que el estado español consintiese el abuso de un monopolio cuya existencia trató de maquillar formalmente hace unos años. Sencillamente era partícipe y beneficiario de ese abuso.
El Estado pudo perfectamente haberle hecho algo de caso a la Asociación de Internautas, a la OCU, a la FACUA, o a los expertos en economía social, evitando así que yo pagase a precio de oro esta pésima conexión para escribir estas líneas. Pero no; para el gobierno, el acceso a Internet de la sociedad no es algo serio o importante. Para los retrógrados que teclean usando sólo los dedos índices, la prioridad nunca fue la calidad del servicio ni el consumidor. Además, en una reunión para tratar acuerdos bilaterales –en el sentido literal de la palabra-, no es fácil hacerles un feo a interlocutores tan pudientes.
En definitiva, la CE ha tenido que intervenir porque el estado español no hizo bien sus deberes desde un principio. Porque en realidad, la multa recaída es también una reprimenda encubierta al estado español, que además estará haciendo que muchos inversores y jefecillos de altos cuadros de la administración se muerdan la lengua. Lo que pasa es que no hay ni valor desde Europa, ni vergüenza aquí en España para reconocerlo.
Pero es sin duda la Industria Tabaquera la mayor enemiga de los consumidores, tanto de los propios como de los ajenos. Por su parte, un Estado que no sirve al interés público no es del gusto de los ciudadanos. España necesita algo que equilibre la balanza en este aspecto, que ya sabemos por qué extremo anda descompensada. La OCU y la FACUA saben que sólo hay una manera de defender el interés del consumidor y del ciudadano frente al peor enemigo. En España, las organizaciones de consumidores y usuarios, tienen tímida voz y no sé si en una reunión entre peces gordos tuvieron voto alguna vez. Todo ello pese a que consumidores y ciudadanos somos mayoría, curiosamente.
Espero que no tengamos que pasar la vergüenza de que vuelva a ser Europa la que nos saque las castañas del fuego, ni que sea Bruselas la que libere a España del yugo de la Industria Tabaquera. Entre tanto maquillaje con leyes de regulación del tabaco y leyes de calidad del aire, los ingenuos mercachifles piensan que se van a salir con la suya y que no van a pagar un precio por ello. Menos mal que en Europa no son tontos y ya nos dirán algo, porque nuestros politicuchos tan mamarrachos se lo están ganando a pulso.
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