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miércoles, marzo 07, 2007

Convenios e inconvenientes de ser camarero

¿Deberían los trabajadores de la hostelería ser especialmente remunerados si son expuestos al humo de tabaco?

Si se hace, ello implicaría que los trabajadores expuestos a humo ambiental de tabaco tendrían derecho a cobrar el llamado “Plus de Peligrosidad, Toxicidad y Penosidad”, derecho que acabarían exigiendo. Actualmente, el Estado Español no ha reconocido el humo ambiental de tabaco como un agente tóxico catalogado en entornos laborales, lo cual sería determinante a la hora de reformar el Convenio de la Hostelería y la Restauración. Entre otras cosas porque no se ha considerado “conveniente” reconocer la existencia del fumador pasivo como parte perjudicada. El derecho a no respirar humo de tabaco es hoy un derecho formal, pues de su vulneración no se deriva ningún coste económico reconocido, -económico en sentido amplio-. El momento en que los trabajadores por cuenta ajena expuestos a humo ambiental de tabaco reclamen el cobro de un plus que “materialice” ese derecho (i.e.) el perjuicio sea evaluado y compensado económicamente como parte de una contraprestación, marcará un hito en lo que a la lucha por los derechos de los trabajadores y del fumador pasivo se refiere.

Si el Convenio reconoce el derecho de tales trabajadores a cobrar un supuesto Plus de Peligrosidad, Toxicidad y Penosidad, el empresario hostelero tiene dos opciones:

La primera es la de prohibir fumar en su local

Este camino no satisface al 100% de los empresarios. En muchos casos competiría en clara desventaja debido a la deficiente y heterogénea regulación que actualmente ofrece la Ley. El empresario sólo decidiría que le conviene tras sopesar la situación. El hipotético balance –positivo o negativo- resultante de la diferencia entre los abultados gastos salariales por permitir fumar y las pérdidas por no permitirlo resolvería el dilema para cada caso en particular.

La segunda es la de permitir fumar en su local

Esta opción conllevaría un incremento en costes salariales en muchos casos inaceptable para el empresario. Una vez más, el balance entraría en juego.

En cualquier otro sector, los conflictos derivados de la competencia desleal y de la desigualdad que la Ley trae consigo, serían resueltos por la propia iniciativa de entes privados en los convenios colectivos mediante la homogeneización derechos y condiciones laborales de los asalariados adscritos a un mismo gremio que lleven a cabo trabajos de naturaleza similar. Pero en este caso no existe entendimiento posible a causa de cierta interferencia en los diálogos patronal-sindicatos.

Los presidentes del gremio de la Hostelería y Restauración y otras asociaciones.

Dada la trascendencia pública del sector, el Estado hace tiempo que politizó esos cargos convirtiéndolos en poco menos que en un elemento más de la burocracia administrativa para su mejor control. Los presidentes de gremios de hostelería se encargan de sus respectivas circunscripciones. No defienden ni los intereses del empresario ni del consumidor en el ámbito de su C.A o provincia, sólo salvaguardan su “status quo” siguiendo las directrices que les marcan los convenios con Consejerías de Turismo u otras entidades administrativas, los cuales nunca se refieren a la salud de los camareros, a sus condiciones laborales o a sus intereses. Sanidad, Consumo y Salud Laboral son áreas enemigas por excelencia de muchos presidentes de gremios de hostelería.

La salud laboral y el sindicalismo activo son elementos vedados para estos trabajadores. No es sólo el Complejo de Cenicienta el que puede atenazar la iniciativa de camareros, cocineros, reposteros y otros parias. La negación de este derecho al colectivo, goza del amparo estatal con una ley discriminatoria que les priva expresamente del legítimo derecho a un entorno libre de humo de tabaco. Tal agravio comparativo no encuentra justificación ética alguna, salvo que en el abuso sobre este eslabón débil del sector hostelero se considere imprescindible para la salvaguarda de intereses extraños.

El sopesar la renuncia general a fumarse un pitillo en la sala de un restaurante se antojaba innegociable, imposible y fuera de lugar. De esta manera, el metafísico derecho del fumador a fumar a toda costa en interiores de uso público permaneció inalienable. Se hizo así con alevosía y premeditación, pues era previsible que las características particulares de un colectivo débil, poco unido, disperso en pequeñas empresas, sin tradición sindical, compuesto por individuos de clase media-baja en su mayoría, con escasa cualificación académica y profesional, inmigrantes sin derecho a voto, mujeres jóvenes severamente ya azotadas por el tabaquismo tanto activo como pasivo, y otros elementos marginales, daban pie al abuso sin demasiadas consecuencias indeseables para intereses empresariales, políticos y tabaqueros. Así fue como se gestó el atraco.

La presión política, tan dispuesta como siempre a buscar el favor del sector tabaquero, es un factor decisivo pero también lo es, en muchos casos, el favor inmediato de las mismas tabaqueras a estos presidentes. La Hostelería y la Restauración es el campo de batalla donde la Industria Tabacalera ha concentrado sus esfuerzos por entorpecer los intentos de regulación del consumo de tabaco. Se tenía que seguir fumando en cada restaurante de cada CA, en cada discoteca de cada provincia, en cada bar de cada ciudad y, para conseguir ese objetivo, los agentes de la Industria sólo tuvieron que convencer a un centenar de personas en todo el país que ocuparan puestos clave. En muchos casos, los presidentes de los gremios eran la llave que abriría las puertas al humo sin necesidad de forzar situaciones.