lunes, octubre 02, 2006

No denunciamos de oficio

En términos generales, eso es lo que parece dar a entender la Administración cuando tratamos de comprender la redacción de la Ley 28/05 y su tímida aplicación. Algunos pensarán que la Señora Ministra Helena Salgado ha sido para los fumadores pasivos como la flor que crecía entre las malas hierbas; que ha sido increíblemente valiente al impulsar una Ley a la que ahora la prensa le ha dado por calificar de “polémica”. Ello a pesar de que fue aprobada por quasi-unanimidad, ¿gracias al mérito y la capacidad de convicción de nuestra ministra?

Pues lo siento. La ley sólo ha venido a cumplir –y sin generosidad añadida- con una directiva europea del 2003. La verdad es que no tiene mérito, y si lo tuviera no sería de nadie. Además, lo único que explica el acuerdo entre todos los asistentes al hemiciclo, tan reacios en otros tiempos a la regulación, es su confianza en que la coerción explícita de la Ley no vaya a ser aplicada con la rotundidad que cabría esperar, o se vaya a tardar mucho en ello; más bien lo suficiente como para que la Ley caduque.

No cabe duda: la Administración es cobarde. Prefiere dejar el trabajo sucio a los ciudadanos. Tiene gracia como Doña Helena Salgado no hace más que invitarnos insistentemente a que denunciemos como diciendo: “depende de vosotros que la ley funcione o no, apañaos como podáis”. ¿Para qué ganarnos el odio de los hosteleros y tabaqueros hacia el Estado, si podemos evitar la confrontación directa con ellos usando ciudadanos anónimos como escudos humanos? ¡Claro!, de esta manera, cualquiera de los resultados posibles nos beneficia a los políticos.

Si la Ley no se cumple es porque los ciudadanos no hemos “cumplido” con nuestros deberes, no porque la Administración haya fallado y, por tanto, no ha habido aceptación social que justifique la severidad de la Ley y hemos sido prudentes al postponer su aplicación. Si los ciudadanos se arman de infinito valor y denuncian con tanto entusiasmo que la Ley llega a cumplirse más de lo esperado, entonces los hosteleros no pueden arremeter contra el Estado, contra su incompetencia y contra su amparo de la “competencia” desleal. Ello habrá sido porque los ciudadanos lo han demandado y con el Fuenteovejuna-lo-hizo, todo habrá sido consecuencia del libre albedrío; ¿pero cuál es el mérito del gobierno? Ninguno ¿y qué arriesga? nada.

Dejando a un lado cosas como multas, coerción y otros tabúes electorales, nada habría sido más fácil que aplicar el divide-y-vencerás de manera lógica. Nada más fácil que intentar unir a fumadores pasivos y hosteleros contra la Tabacalera. Pero era un riesgo demasiado alto para el gobierno. Prefirió dividir a todas las partes entre sí con sus estúpidas separaciones en locales de más de 100 metros y su desprecio hacia la salud y el bienestar de los camareros.

Pero a los denunciantes nos da igual. Si la Administración se obstina en limitarse a ser una escéptica e impasible espectadora de nuestra lucha contra la Tabacalera y su rehén hostelera, ¡sorprendámosle!

Es así de triste, pero es la realidad. Nos han convencido de que vivir sin tener que respirar humo ajeno es más bien un lujo, y la Administración no quiere mover mucho el dedo para que ello sea de otra forma. Parece que si pedimos que se cumpla la Ley, le estamos pidiendo a la Administración favores inmensos antes que exigir derechos básicos. Por tanto, tenemos que pasar el mal trago de emplear nuestro tiempo, dinero y salud mental denunciando a diestro y siniestro.

Todas estas reflexiones me han venido a la cabeza tras leer la historia de José Fernández, quien ha tenido que llevar a juicio a una discoteca. Todo por intentar hacer valer sus derechos. Inexplicablemente, durante estos días le despedimos y le deseamos suerte con la esperanza de no tener que cantarle “Mambrú se fue a la guerra” a partir del 9 de Octubre, fecha en la que tiene el juicio. Esta es una de las realidades de los fumadores pasivos, ¿qué le vamos hacer?

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