Si un tan sonado porcentaje del dinero recaudado en impuestos por la venta de labores del tabaco va destinado a la prevención, qué menos que una pequeña partida de ese dinero vaya destinada a sufragar campañas de concienciación.
Se supone que el dinero destinado al efecto podría venir además desde otra vía: lo recaudado por las multas impuestas en aplicación de la Ley 28/05. Pero curiosamente, y a pesar de las terribles necesidades recaudatorias, parece evidente que por este medio no se ha conseguido reunir un duro. Si se hubiesen llevado a efecto los cobros derivados de todas y cada una de las infracciones de las leyes del tabaco avistadas en este país, a lo mejor el Estado disfrutaría de un asombroso superávit.
Pero de todas maneras, no me creo yo que la ausencia de campañas antitabaco en televisión se deba el rollo de que “no hay dinero”. Eso es mentira porque la confección de esas piezas audiovisuales y el pago de derechos de difusión para ese fin no costarían tanto; lo que ocurre es que, deliberadamente, deben de haberse dado órdenes de retirar unas campañas antitabaco que ya estaban diseñadas, materializadas y cuyos periodos de emisión en TV ya estaban acordados. Si pensamos que la difusión de esas campañas por TV fue interrumpida de manera abrupta, no mucho después de que entrase en vigor la ley, no existe otra causa que explique el agravio comparativo al comprobar la amplia difusión que se les concede a las intensas campañas de concienciación de la DGA.
¿Y de las multas? mejor no hablar. Para el caso de las infracciones de tráfico sí que se esmera sin pudor Estado “persiguiendo” a conductores que van borrachos o sin carné. Muestra de ello, por poner un ejemplo, son los alrededor de 3200 expedientes de penas de trabajo en beneficio de la comunidad que, a fecha de hoy y sólo en la provincia de Almería, permanecen abiertos. Ni que decir tiene que estas penas llevan aparejadas multas de cuantías desorbitadas.
Como resultado del fervor con el que la DGA ha llevado a cabo esta política de reducción de las “tasas de siniestralidad en accidentes de tráfico”, el Ministerio se autofelicita cada dos por tres declarando que la cosa funciona, demostrando con cifras que hay menos accidentes y menos muertos en las carreteras que el año anterior.
Sobre el control del tabaquismo es ridículo recordar que no se puede decir lo mismo. Primero porque no se han reducido las tasas de incidencia en ningún frente -no precisamente-, y segundo porque a Zapatero no le da la real gana activar los mecanismos para que ello suceda. De lo único que puede presumir Gobierno al respecto es de los datos ofrecidos por el Comisionado para el Mercado de Tabacos, que certifican la “buena salud” del negocio tabaquero. Ante el incesante incremento de las ventas de unidades de cigarrillos año tras año, lo único que le queda al Gobierno es convencernos de que la mitad de ese tabaco lo compran turistas que vienen de paso específicamente a eso y que, la otra mitad restante, sí la compran españoles pero que no se lo fuman, que lo fuman muy poco porque lo usan para decorar las vitrinas de su salón.
Y todo esto pone de manifiesto que nuestros políticos se han puesto una venda en los ojos ante la tragedia. Estos no quieren reconocer un hecho incuestionable fácilmente perceptible a ojos de cualquier observador externo: la epidemia de tabaquismo en España está fuera de control. Dolorosamente, entre mujeres jóvenes y de mediana edad, así como en adolescentes en general, tenemos unos porcentajes de incidencia que podrían superar el 50%. Es una sección al completo de la sociedad que en un futuro sufrirá secuelas por ello.
En este escenario, no cabe la parsimonia y la tranquilidad a la hora de volver a confeccionar una “ley tolerante”. La política que hay que aplicar es de choque. Entendemos que ello ha de implicar campañas de concienciación agresivas y la imposición efectiva de multas; la misma filosofía de actuación que la empleada para el caso de los accidentes de tráfico. Por cierto, el único tipo de accidentes de tráfico que no puede haber disminuido mucho es aquel que se produce por efecto de la distracción cuando se fuma al volante...
martes, septiembre 28, 2010
lunes, septiembre 27, 2010
Ni aquello del ahorro en pensiones por morir joven
Una de las ventajas atribuibles a la muerte prematura de un ciudadano, más o menos a la edad de jubilacion, resulta ahora que no existe. La Industria Tabaquera a través de sus ideólogos y panfletistas se ha afanado durante mucho tiempo en recomendar a la población que se suicide fumando, como en un gesto patriota al estilo del El ministro Alexei Kudrin. De esa manera el Estado se ahorraría el dinero en pensiones y en el gasto sanitario propio de los achaques.
Pues bien, al final sucede que esa afirmación es una ingenuidad desde el punto de vista económico porque intervienen una serie de variables que alteran los resultados de manera inesperada. Según este estudio, no existe una correlación entre sociedad envejecida y gasto público.
En conclusión, inducir a la gente para que se suicide gaseada con humo de cigarro cuando se jubile a los 65 y empiece a demandar costosos tratamientos para aliviar sus dolencias, no es una solución a la reparación de un déficit. Otro mito menos.
Pues bien, al final sucede que esa afirmación es una ingenuidad desde el punto de vista económico porque intervienen una serie de variables que alteran los resultados de manera inesperada. Según este estudio, no existe una correlación entre sociedad envejecida y gasto público.
En conclusión, inducir a la gente para que se suicide gaseada con humo de cigarro cuando se jubile a los 65 y empiece a demandar costosos tratamientos para aliviar sus dolencias, no es una solución a la reparación de un déficit. Otro mito menos.
martes, septiembre 21, 2010
Sin multas no hay respeto
Es imprescindible modificar el régimen sancionador de la Ley 28/05. Si la próxima reforma de la ley no contempla cambios en esa parcela será algo más que una mala señal.
La confusa asignación de competencias sancionadoras en el texto anterior se llevó a cabo de manera deliberada con un metafín incuestionable: bloquear la efectividad de la Ley.
Las prescripciones del Gobierno han sido erróneas de base y han partido siempre de presupuestos ingenuos que han dado lugar a la confusión de las cosas. Nos han hecho creer que si la gente fuma donde no debe y como consecuencia enferma, eso es un problema que han de arreglar los médicos.
Esto es como si alguien es fatalmente empujado al vacío por otra persona y perdemos el tiempo culpando a la dureza del asfalto y del adoquinado de la acera para recomendarle a la empresa adjudicataria del Ayuntamiento que busque fórmulas en próximas obras para amortiguar el impacto de las futuras caídas y, por tanto, trasladásemos las actuaciones al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Con todo esto del tabaco y sus beneficiarios pasa igual.
Las leyes han de servir al fin que anuncian en su exposición de motivos y no a lo que se cuchichee en los pasillos que rodean el hemiciclo. Entonces, si ya se ha visto según la experiencia de otros países, que los modelos efectivos son aquellos basados en la coerción y no estos que consisten en no hacer nada, ¿qué sentido tiene persistir en ese error?
Cómo ha de concebirse la prevención
La prevención siempre ha sido un concepto estudiado desde el ámbito sanitario pero que, a efectos prácticos, ha seguido siendo tratado para el caso del tabaco desde la epidemiología biológica tradicional. Craso error. Esto no es como la gripe A, cuyo comportamiento puede ser impredecible y su contagio inevitable. Esto es otra cosa porque es predecible y es evitable.
Para el caso concreto del tabaco, la prevención no puede aplicarse desde un punto de vista sanitario porque la enfermedad comienza, como mínimo, desde el primer contacto del paciente con el tabaco y la adicción adquirida. De la manera en que tradicionalmente se afronta la prevención, ésta llega siempre tarde por sistema. Por tanto la intervención de la Sanidad se aplica en una fase tardía. Es decir, confundimos tratamiento con prevención.
La prevención, sólo puede llevarse a cabo a través de la vía policial evitando el contacto del paciente con el tabaco, ya sea aplicando la coerción o a través de las campañas de concienciación.
El Ministerio de Sanidad no es efectivo para llevar a cabo ninguna de esas tareas. Incluso el contenido tratado en las campañas de concienciación ha sido siempre errático, de manera que no puede alcanzar el pretendido objetivo. Se ha tratado un problema que no es sanitario con instrumentos inadecuados. En realidad, las políticas de Salud Pública no tienen que por qué ser encaradas desde los ministerios y consejerías de sanidad. Las campañas de concienciación en las que se alerta de que el tabaco es malo para la salud son inútiles. La razón por la que la gente comienza a fumar y fuma es de origen sociológico, de manera que la concienciación ha de ser reorientada hacia el ataque del prestigio social del acto de fumar. El fumar ha de estar mal visto por una cuestión de imagen social. Eso es algo muy fácil de conseguir mediante contenidos audiovisuales apropiados que ridiculicen el acto de fumar asociándolo profusa y continuadamente a la marginalidad y al fracaso social.
Muchos bien podrían pensar que además de dañar la reputación de la Industria Tabaquera así, suponiendo que ese tipo de estrategias no encontrasen obstáculos legales, se tacharían cuando menos de “políticamente incorrectas”. A esto hemos de decir que la confrontación con los intereses de esa minoría es inherente al encaramiento real y decidido del problema. Por tanto, además de recordar que la actividad de la Industria en sí se desarrolla de forma ajena a todo principio ético, deberemos decidir en qué bando estamos; si en el de los que se benefician de la venta de tabaco, o en el de los demás.
Volviendo más a pie de calle respecto el nivel de regulación que podemos tener en un futuro próximo, no se sabe muy bien por qué se empecina el Estado en obviar otros aspectos del acto de fumar que vayan más allá de las consideraciones sobre si el humo de tabaco ocasiona un gasto médico. También hay que atender a otras razones jurídicas a la hora de acometer las regulaciones de su venta y consumo. A estas alturas, es inaceptable que se olviden de que el humo de tabaco ambiental interfiere en los espacios vitales de terceros. No hay derecho a que eso siga así como si tal cosa. El que el humo de tabaco se nos adhiera al pelo y la ropa no es un anécdota gracioso, como si una minoría tuviese derecho a molestar a cambio de nada; como si los demás tuviesen el deber moral de consentir todo tipo de abusos y “bromas pesadas” que estén relacionadas con el acto de fumar. Esa situación injusta genera un coste en términos de calidad de vida y bienestar social que no ha sido cuantificado. Es también una cuestión de orden social y de seguridad ciudadana y por eso la implicación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las CCAA y de las policías locales ha de ser dispuesta por ley. Mientras tanto, para la mayoría de los casos, tanto en lo que concierne a las infracciones de consumo como de venta de tabaco, el Ministerio de Sanidad y las consejerías de sanidad han de ser apartadas de aquellas competencias sobre inspección y sanción que tradicionalmente tenían arrogadas.
La confusa asignación de competencias sancionadoras en el texto anterior se llevó a cabo de manera deliberada con un metafín incuestionable: bloquear la efectividad de la Ley.
Las prescripciones del Gobierno han sido erróneas de base y han partido siempre de presupuestos ingenuos que han dado lugar a la confusión de las cosas. Nos han hecho creer que si la gente fuma donde no debe y como consecuencia enferma, eso es un problema que han de arreglar los médicos.
Esto es como si alguien es fatalmente empujado al vacío por otra persona y perdemos el tiempo culpando a la dureza del asfalto y del adoquinado de la acera para recomendarle a la empresa adjudicataria del Ayuntamiento que busque fórmulas en próximas obras para amortiguar el impacto de las futuras caídas y, por tanto, trasladásemos las actuaciones al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Con todo esto del tabaco y sus beneficiarios pasa igual.
Las leyes han de servir al fin que anuncian en su exposición de motivos y no a lo que se cuchichee en los pasillos que rodean el hemiciclo. Entonces, si ya se ha visto según la experiencia de otros países, que los modelos efectivos son aquellos basados en la coerción y no estos que consisten en no hacer nada, ¿qué sentido tiene persistir en ese error?
Cómo ha de concebirse la prevención
La prevención siempre ha sido un concepto estudiado desde el ámbito sanitario pero que, a efectos prácticos, ha seguido siendo tratado para el caso del tabaco desde la epidemiología biológica tradicional. Craso error. Esto no es como la gripe A, cuyo comportamiento puede ser impredecible y su contagio inevitable. Esto es otra cosa porque es predecible y es evitable.
Para el caso concreto del tabaco, la prevención no puede aplicarse desde un punto de vista sanitario porque la enfermedad comienza, como mínimo, desde el primer contacto del paciente con el tabaco y la adicción adquirida. De la manera en que tradicionalmente se afronta la prevención, ésta llega siempre tarde por sistema. Por tanto la intervención de la Sanidad se aplica en una fase tardía. Es decir, confundimos tratamiento con prevención.
La prevención, sólo puede llevarse a cabo a través de la vía policial evitando el contacto del paciente con el tabaco, ya sea aplicando la coerción o a través de las campañas de concienciación.
El Ministerio de Sanidad no es efectivo para llevar a cabo ninguna de esas tareas. Incluso el contenido tratado en las campañas de concienciación ha sido siempre errático, de manera que no puede alcanzar el pretendido objetivo. Se ha tratado un problema que no es sanitario con instrumentos inadecuados. En realidad, las políticas de Salud Pública no tienen que por qué ser encaradas desde los ministerios y consejerías de sanidad. Las campañas de concienciación en las que se alerta de que el tabaco es malo para la salud son inútiles. La razón por la que la gente comienza a fumar y fuma es de origen sociológico, de manera que la concienciación ha de ser reorientada hacia el ataque del prestigio social del acto de fumar. El fumar ha de estar mal visto por una cuestión de imagen social. Eso es algo muy fácil de conseguir mediante contenidos audiovisuales apropiados que ridiculicen el acto de fumar asociándolo profusa y continuadamente a la marginalidad y al fracaso social.
Muchos bien podrían pensar que además de dañar la reputación de la Industria Tabaquera así, suponiendo que ese tipo de estrategias no encontrasen obstáculos legales, se tacharían cuando menos de “políticamente incorrectas”. A esto hemos de decir que la confrontación con los intereses de esa minoría es inherente al encaramiento real y decidido del problema. Por tanto, además de recordar que la actividad de la Industria en sí se desarrolla de forma ajena a todo principio ético, deberemos decidir en qué bando estamos; si en el de los que se benefician de la venta de tabaco, o en el de los demás.
Volviendo más a pie de calle respecto el nivel de regulación que podemos tener en un futuro próximo, no se sabe muy bien por qué se empecina el Estado en obviar otros aspectos del acto de fumar que vayan más allá de las consideraciones sobre si el humo de tabaco ocasiona un gasto médico. También hay que atender a otras razones jurídicas a la hora de acometer las regulaciones de su venta y consumo. A estas alturas, es inaceptable que se olviden de que el humo de tabaco ambiental interfiere en los espacios vitales de terceros. No hay derecho a que eso siga así como si tal cosa. El que el humo de tabaco se nos adhiera al pelo y la ropa no es un anécdota gracioso, como si una minoría tuviese derecho a molestar a cambio de nada; como si los demás tuviesen el deber moral de consentir todo tipo de abusos y “bromas pesadas” que estén relacionadas con el acto de fumar. Esa situación injusta genera un coste en términos de calidad de vida y bienestar social que no ha sido cuantificado. Es también una cuestión de orden social y de seguridad ciudadana y por eso la implicación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las CCAA y de las policías locales ha de ser dispuesta por ley. Mientras tanto, para la mayoría de los casos, tanto en lo que concierne a las infracciones de consumo como de venta de tabaco, el Ministerio de Sanidad y las consejerías de sanidad han de ser apartadas de aquellas competencias sobre inspección y sanción que tradicionalmente tenían arrogadas.
jueves, septiembre 02, 2010
El conflicto
En el BOE de 7 de Agosto aparece la cuenta anual del Comisionado para el Mercado de Tabacos. Compuesto por una sesentena de funcionarios, el Comisionado es un organismo autónomo enmarcado en el Ministerio de Hacienda. Se dice que estos entes administrativos gozan de personalidad jurídica propia y de autonomía de gestión. El caso es que este en concreto no es un organismo cualquiera; mueve bastante dinero y no hace falta recordar su implicación en inmensos intereses privados.
Entre sus funciones oficiales se encuentra la regulación de la competencia en los mercados de tabaco. Ni que decir tiene que despacha con orgullo las estadísticas anuales de resultados que demuestran la prosperidad del negocio tabaquero. Su prioridad es la salvaguarda de un nivel mínimo de recaudación determinado; la protección bajo un escudo implacable de un nivel de ventas determinado. Este organismo es un perro cancerbero que defiende la integridad y reputación de los productores y estanqueros, de los intereses de la Industria Tabaquera a toda costa porque son y serán, por una cuestión histórica, también los suyos.
Al no tenerse en cuenta otras consideraciones que vayan más allá de un cálculo recaudatorio en términos contables, no es posible coordinar políticas efectivas de control consecuentes con la economía social mientras no cambie la concepción de las cosas; mientras no se rediseñe su estructura y se reconsideren sus funciones; mientras no se contabilicen beneficios netos que vayan más allá del espacio de tiempo que dura una legislatura y de lo estrictamente dinerario de manera autista.
Los objetivos de la futura modificación de la ley reguladora del consumo del tabaco que actualmente de halla en el trámite de enmiendas chocan de frente con los del Comisionado: el Ministerio de Sanidad quiere que se venda/fume menos pero el Comisionado quiere que se venda/fume más. Hasta ahora el ejecutivo siempre ha preferido inclinar la balanza a favor de los intereses del Comisionado. Este año, el Ministerio de Hacienda parece, una vez más, dispuesto a bloquear la aplicación de la nueva ley.
Ya ha dejado el Comisionado entrever sus intenciones reclamando a Sanidad informes sobre un impacto económico que no existe. Los ingenieros de la Salud Pública no se dedican a elaborar informes de impacto económico –máxime cuando dicho impacto, repito, no existe-; eso es cosa de Economía y Hacienda. Lo que el Comisionado busca en realidad es una renuncia formal y por escrito por parte de Sanidad a llevar a cabo la aplicación de la ley de manera disimulada. Quiere informes a la carta, informes que reconozcan de antemano que la comprometida regulación del consumo va a tener efectos desastrosos en la economía; que digan que es fundado el temor de FEHR; que alerten sobre la pérdida de centenares de miles de puestos de trabajo en la hostelería y la debacle en la economía extremeña porque ello va a llevar al paro a sus productores de tabaco. Si esto sigue así, el Ministerio de Hacienda bloqueará con su veto la salida a buen puerto de la Ley.
Creo que ahora es el momento oportuno para que el Gobierno aclare y reconozca cómo se va a proceder. Y si tanto problema le supone al Gobierno dejar descontentos a algunos interesados en el sector privado tras cada reforma legal -cada demanda social- que empiecen ya por diseñar un plan de reconversión a largo plazo y dejen de solicitar unas ayudas al tabaco que por fortuna Europa ya nos está empezando a negar.
Entre sus funciones oficiales se encuentra la regulación de la competencia en los mercados de tabaco. Ni que decir tiene que despacha con orgullo las estadísticas anuales de resultados que demuestran la prosperidad del negocio tabaquero. Su prioridad es la salvaguarda de un nivel mínimo de recaudación determinado; la protección bajo un escudo implacable de un nivel de ventas determinado. Este organismo es un perro cancerbero que defiende la integridad y reputación de los productores y estanqueros, de los intereses de la Industria Tabaquera a toda costa porque son y serán, por una cuestión histórica, también los suyos.
Al no tenerse en cuenta otras consideraciones que vayan más allá de un cálculo recaudatorio en términos contables, no es posible coordinar políticas efectivas de control consecuentes con la economía social mientras no cambie la concepción de las cosas; mientras no se rediseñe su estructura y se reconsideren sus funciones; mientras no se contabilicen beneficios netos que vayan más allá del espacio de tiempo que dura una legislatura y de lo estrictamente dinerario de manera autista.
Los objetivos de la futura modificación de la ley reguladora del consumo del tabaco que actualmente de halla en el trámite de enmiendas chocan de frente con los del Comisionado: el Ministerio de Sanidad quiere que se venda/fume menos pero el Comisionado quiere que se venda/fume más. Hasta ahora el ejecutivo siempre ha preferido inclinar la balanza a favor de los intereses del Comisionado. Este año, el Ministerio de Hacienda parece, una vez más, dispuesto a bloquear la aplicación de la nueva ley.
Ya ha dejado el Comisionado entrever sus intenciones reclamando a Sanidad informes sobre un impacto económico que no existe. Los ingenieros de la Salud Pública no se dedican a elaborar informes de impacto económico –máxime cuando dicho impacto, repito, no existe-; eso es cosa de Economía y Hacienda. Lo que el Comisionado busca en realidad es una renuncia formal y por escrito por parte de Sanidad a llevar a cabo la aplicación de la ley de manera disimulada. Quiere informes a la carta, informes que reconozcan de antemano que la comprometida regulación del consumo va a tener efectos desastrosos en la economía; que digan que es fundado el temor de FEHR; que alerten sobre la pérdida de centenares de miles de puestos de trabajo en la hostelería y la debacle en la economía extremeña porque ello va a llevar al paro a sus productores de tabaco. Si esto sigue así, el Ministerio de Hacienda bloqueará con su veto la salida a buen puerto de la Ley.
Creo que ahora es el momento oportuno para que el Gobierno aclare y reconozca cómo se va a proceder. Y si tanto problema le supone al Gobierno dejar descontentos a algunos interesados en el sector privado tras cada reforma legal -cada demanda social- que empiecen ya por diseñar un plan de reconversión a largo plazo y dejen de solicitar unas ayudas al tabaco que por fortuna Europa ya nos está empezando a negar.
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