jueves, septiembre 02, 2010

El conflicto

En el BOE de 7 de Agosto aparece la cuenta anual del Comisionado para el Mercado de Tabacos. Compuesto por una sesentena de funcionarios, el Comisionado es un organismo autónomo enmarcado en el Ministerio de Hacienda. Se dice que estos entes administrativos gozan de personalidad jurídica propia y de autonomía de gestión. El caso es que este en concreto no es un organismo cualquiera; mueve bastante dinero y no hace falta recordar su implicación en inmensos intereses privados.

Entre sus funciones oficiales se encuentra la regulación de la competencia en los mercados de tabaco. Ni que decir tiene que despacha con orgullo las estadísticas anuales de resultados que demuestran la prosperidad del negocio tabaquero. Su prioridad es la salvaguarda de un nivel mínimo de recaudación determinado; la protección bajo un escudo implacable de un nivel de ventas determinado. Este organismo es un perro cancerbero que defiende la integridad y reputación de los productores y estanqueros, de los intereses de la Industria Tabaquera a toda costa porque son y serán, por una cuestión histórica, también los suyos.

Al no tenerse en cuenta otras consideraciones que vayan más allá de un cálculo recaudatorio en términos contables, no es posible coordinar políticas efectivas de control consecuentes con la economía social mientras no cambie la concepción de las cosas; mientras no se rediseñe su estructura y se reconsideren sus funciones; mientras no se contabilicen beneficios netos que vayan más allá del espacio de tiempo que dura una legislatura y de lo estrictamente dinerario de manera autista.

Los objetivos de la futura modificación de la ley reguladora del consumo del tabaco que actualmente de halla en el trámite de enmiendas chocan de frente con los del Comisionado: el Ministerio de Sanidad quiere que se venda/fume menos pero el Comisionado quiere que se venda/fume más. Hasta ahora el ejecutivo siempre ha preferido inclinar la balanza a favor de los intereses del Comisionado. Este año, el Ministerio de Hacienda parece, una vez más, dispuesto a bloquear la aplicación de la nueva ley.

Ya ha dejado el Comisionado entrever sus intenciones reclamando a Sanidad informes sobre un impacto económico que no existe. Los ingenieros de la Salud Pública no se dedican a elaborar informes de impacto económico –máxime cuando dicho impacto, repito, no existe-; eso es cosa de Economía y Hacienda. Lo que el Comisionado busca en realidad es una renuncia formal y por escrito por parte de Sanidad a llevar a cabo la aplicación de la ley de manera disimulada. Quiere informes a la carta, informes que reconozcan de antemano que la comprometida regulación del consumo va a tener efectos desastrosos en la economía; que digan que es fundado el temor de FEHR; que alerten sobre la pérdida de centenares de miles de puestos de trabajo en la hostelería y la debacle en la economía extremeña porque ello va a llevar al paro a sus productores de tabaco. Si esto sigue así, el Ministerio de Hacienda bloqueará con su veto la salida a buen puerto de la Ley.

Creo que ahora es el momento oportuno para que el Gobierno aclare y reconozca cómo se va a proceder. Y si tanto problema le supone al Gobierno dejar descontentos a algunos interesados en el sector privado tras cada reforma legal -cada demanda social- que empiecen ya por diseñar un plan de reconversión a largo plazo y dejen de solicitar unas ayudas al tabaco que por fortuna Europa ya nos está empezando a negar.

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