El PNF y el borrador III

El PNF advierte de que las presidencias de las organizaciones hosteleras que se oponen a la prohibición de fumar en todos los espacios públicos mienten.

FEHR y unas pocas asociaciones de hosteleros más, mienten. No representan la voz de la mayoría de los hosteleros, trabajadores y propietarios de salas de ocio nocturno, sino a los intereses de la Industria del Tabaco, sus inversores y los estanqueros. Pues no existen ni indicios ni precedentes que nos hagan pensar que sectores ajenos al negocio tabaquero van a salir perjudicados por la aplicación de la nueva medida. Insistimos, el consumo de productos hosteleros y de ocio nocturno no está vinculado al consumo de tabaco en términos contables.

Si no es el favor a las tabaqueras lo que explica esa oposición a la ley, quizá sea el capricho de ciertos presidentes de organizaciones hosteleras, (en base a su comodidad personal), el que determine tan ridículas peticiones a estas alturas. Estos señores piden clemencia y perdón por haber estado boicoteando el incumplimiento de la ley anterior durante casi 5 años; ley a la que curiosamente ahora califican como “buena”. Esa actitud sólo la explica el juicio de la situación desde la subjetividad propia de quien fuma habitualmente.

Por eso, no vemos qué sentido tiene imponer a la sociedad la prolongación de una moratoria a los espacios libres de humo que lleva ya camino de cumplir cinco años: los mismos que llevamos de ley incumplida. ¿Acaso no ha sido tiempo suficiente para adaptarse?. Parece que no, y para la FEHR nunca será el momento adecuado, haya crisis o no.

Siendo conscientes de que la gran mayoría de altos mandatarios del Gobierno y la Oposición fuman habitualmente y en sociedad, les pedimos que hagan un esfuerzo y afronten el problema con objetividad y que no antepongan las necesidades de su síndrome de abstinencia al interés general, tal y como parece haber estado ocurriendo estos últimos años a tenor de los resultados.

Por eso, y como gesto de buena disposición, no estaría de más que el Gobierno cambiase el rumbo de sus estrategias a la hora de luchar contra la lacra. No ha sido buena idea ampliar los puntos de venta de labores del tabaco ya que eso obstaculiza la reducción del tabaquismo activo sin solución. Dada la responsabilidad de los intereses de la Industria Tabaquera en la agudeza de la crisis económica, moral y de conciencia en nuestro país, quizá sea hora de culpar y procurar de manera explícita y directa la destrucción de la buena imagen social que aún ostenta el acto de fumar a través de un cambio en el contenido de las campañas de concienciación, hoy en día únicamente centradas en el aspecto médico.

La Industria Tabaquera debe dinero a los españoles y a las arcas públicas por los daños causados durante generaciones. No vemos qué sentido tiene que el Gobierno siga siendo coparticipe de un delito contra la salud pública sin conseguir con ello un balance económico positivo para el Estado. Aclaramos, los daños a la sociedad y a particulares a todos los niveles son incalculables y ni siquiera la expropiación del valor presente y futuro de todos los activos de la Industria del Tabaco en España compensaría esos daños. Por ende, no estaría de más promover cambios legislativos que posibiliten las demandas a las tabaqueras con resoluciones favorables para las víctimas de su actividad, tal y como sucede en E.E.U.U. Somos muchos los que merecemos ser indemnizados.