Dificultades del Gobierno para cambiar la Ley o suavizar su aplicación

La desactivación del régimen sancionador desde las CCAA, que en su práctica totalidad serán gobernadas por el Partido Popular, es una de las amenazas que percibe el Movimiento Antitabaco cuando analiza el futuro de los nuevos mapas de poder político. Sabemos que el respeto a las Leyes del Tabaco aún no está consolidado del todo, y que la aplicación del respeto a la prohibición de fumar en la Hostelería en particular, tendrá que soportar una terrible "prueba de estrés" desde diferentes frentes. Aún hay demasiada gente que dedica sus esfuerzos día y noche a buscar a toda costa una vía que permita la vuelta del humo a la Hostelería. Sin embargo, pese a lo que algunos puedan temer, el nuevo gobierno, a lo sumo, sólo podrá modificar el régimen fiscal aplicado a la producción, comercio y venta de labores del tabaco por una serie de razones:

Porque si bien en el año 2005 existía una conciencia antitabaco muy débil superada por una defensa democrática y social del derecho a fumar en todas partes, hoy en día el panorama ha cambiado por completo y la opinión pública en general ha invertido su tendencia. Por tanto, para empezar, una posible flexibilización en lo que a la prohibición de fumar se refiere, desde la obetividad mayoritaria sería considerada como una medida "impopular".

Porque aún cuando la adicción del futuro presidente y su egoísta comodidad personal lo tentasen a introducir un forzado cambio en el texto legal, ni sus compañeros de partido, ni sus asesores técnicos, ni los informes de Sanidad y Economía y Hacienda, darían su visto bueno favorable. Mariano Rajoy siempre a presumido de ser prudente.

Porque ello supondría conceder argumentos innecesarios a la oposición que en su día aprobó la Ley para que llevasen a cabo una crítica feroz acusando al Gobierno de revanchismo político.

Porque se encontraría con el descontento generalizado de los síndicatos mayoritarios, quienes alineados con la oposición por la naturaleza de sus ideales, considerarían este cambio como un ataque a las condiciones laborales de los camareros que habían adquirido el derecho a trabajar en un entorno libre de humos. Harían ver que tal retroceso obedece al favor concedido a la patronal más caciquil.

Porque existen recomendaciones de la OMS y directivas a nivel europeo que marcan plazos, ya casi agotados, para generalizar los espacios cerrados libres de humo. La tendencia en el resto de países europeos es la misma.

Por estas mismas razones, igualmente, las CCAA en todo caso reforzarán la vigilancia si el gasto sanitario no para de subir y el impopular copago acecha. No les interesa volver atrás porque la puesta en práctica de una Ley en ese sentido, necesitaría un mayor despliegue de medios y personal para comprobar que unas hipotéticas salas de fumadores cumplen los requisitos técnicos exigidos, incrementándose así el gasto administrativo. No creo que las administraciones quieran volver a lidiar con hosteleros que piden indemnizaciones por las reformas realizadas, y aún no amortizadas, si la Ley volviese a cambiar cuando entrasen de nuevo los socialistas.

Entre los propios hosteleros la gran mayoría tampoco quiere volver a oir hablar de unos espacios para fumadores que podría obligarles llevar a cabo costosas reformas en sus locales si quieren protegerse de la competencia desleal.

Por estas razones y por alguna más que me habré dejado en el tintero, no creo que Mariano Rajoy se vaya a empeñar en volver al año 2005. Hacerlo no sería de persona juiciosa y delataría su vehemente adicción.