¿Un partido político de no-fumadores?

Ha comenzado la precampaña del Partido de los No-Fumadores




En una asociación, sus individuos aunan esfuerzos para conseguir un fin común. Si ésta adquiere el suficiente reconocimiento, podrá convertirse en portavoz de una demanda de la sociedad civil. Sin embargo, existen varias razones por las que una asociación, propiamente dicha, puede no ser el medio idóneo para conseguir un objetivo de alcance general como es la generalización de los espacios libres de humo.

Es posible que la magnitud del problema exceda la capacidad de una asociación, quizás porque el problema no sea sólo sanitario o social, quizás porque existan demasiados intereses en juego, quizás por la naturaleza adictiva de la pandemia del tabaco o quizás por su trascendencia en términos políticos.

Con un activismo intenso, la asociación puede constituirse en el medio de expresión de una declaración de intenciones por parte de una sociedad, pero al final, su logro se reducirá a un valor testimonial sin relevancia práctica ulterior. Ello es porque el fondo del problema es en esencia político. En la clase política reside la capacidad para dar solución a nuestra demanda. Entonces, para los partidos políticos mayoritarios a los que, de acuerdo con el juego democrático, hemos trasladado la competencia para imponer la solución, el problema es electoral.

Está asumido que, como consecuencia de una hipotética prohibición general y una muestra de voluntad real de imponer los espacios libres de humo mediante mecanismos embarazosos -despliegue de medios coercitivos-, cualquier gobierno perdería votos ante una medida tan impopular. Sin embargo, los temidos vuelcos electorales derivados del tratamiento político del problema, responden a la imaginación o a la irracionalidad. No es una realidad. El endurecimiento de las regulaciones en el consumo de tabaco no resta réditos electorales a quienes lo proponen. La única realidad es que la Industria Tabaquera, con su holística manipulación, ha secuestrado la voluntad política.

Un ejemplo de ello podemos verlo en el famoso mito de “el tabaco es bueno para la economía y crea puestos de trabajo”. Sin duda, los argumentos más estúpidos esgrimidos por la Tabacalera funcionan entre los políticos que, en este país, suelen ser retrógrados o poco previsores. Desde el error intelectual, insisten en aplicar la “doble moral” para perpetuar un problema que, en su fantasiosa imaginación, les es demasiado costoso solucionar.

Por otro lado, el fumador pasivo concienciado abunda; pero se encuentra diversificado en todos los demás grupos imaginables. El fumador pasivo concienciado, sólo supone un punto de vista o, a lo sumo, una actitud ante situación concreta y no hay otros elementos comunes que ayuden a su unión para formar un colectivo con fuerza reivindicativa.

Es difícil determinar hasta que punto todas esas personas que no fuman perciben un mal tan sutilmente diluido por toda la sociedad. Considerando todo esto, parece que la diversificación del problema esconde demasiado sus enormes implicaciones a todos los niveles.

Éste problema dificulta también la consolidación de una fuerza política. Muchos votantes aún no ven al tabaquismo y al fumador pasivo como un gran problema de nuestra sociedad que merezca una dedicación exclusiva o prioritaria, pues aún la conciencia es escasa. Como quiera que sea, existe una importante base electoral, aunque ésta se encuentre dispersa y bloqueada de la manera más incómoda para nuestros intereses.

Surge la necesidad de agrupar por un lado a los individuos que tienen ese fin en común, afianzándolos en su posición mientras su número aumenta. Con ello, llega el momento de presionar directamente a aquellos en cuyas manos está la capacidad efectiva para conseguir esa meta. Es decir, la presión política cobra su sentido.

Es por ello, por lo que la afiliación política puede constituirse como el medio idóneo para conseguir un fin así. La militancia política compromete a sus miembros aún siendo inferiores en número. Además, su importancia de cara a la sociedad queda certificada irrefutablemente con los votos obtenidos, toda vez que supone el instrumento de presión más eficaz para conseguir una meta social que ha sido totalmente politizada.