El modelo sin nombre

No deja de sorprenderme lo difícil que es para los ciudadanos librarse del pestazo del humo de tabaco en los lugares públicos. Teniendo una conexión a Internet, para uno que lleve tiempo informado sobre lo que se dice sobre el tema, es muy fácil saber qué pasa en España con esto del tabaco. Yo ya lo sé desde hace tiempo. Lo que empezó como heurística, se ha terminado corroborando ante la realidad de los hechos: España es un país en el que se practica el tabaquismo de estado.

Alguno de mis lectores se ha quejado de lo exagerado que soy. Eso es porque no han leído suficiente sobre el tema; tema en el que, la realidad, sorprende. Eso es cierto. De todas formas, cada vez más gente, conoce o intuye la verdadera naturaleza de la Industria Tabaquera y su relación con el Estado Español. Por ello será sólo cuestión de tiempo que la respetable reputación de la Industria no exista. El saber qué es la Industria Tabaquera y cómo funciona no será ya un conocimiento restringido a unos pocos voluntariosos.

Otros, yendo más allá de la insinuación, me han transmitido su impresión sobre el objeto de la bitácora. Dicen que el movimiento propugnado desde esta página es un movimiento de persecución. He de responder que en eso llevan algo de razón y, al igual que cada vez más compañeros de batalla, yo abogo por la persecución de los beneficiarios, de la aún hoy sacrosanta actividad, hasta sus últimas consecuencias: el divorcio entre Estado e Industria Tabaquera y la reconversión final de ésta. Hay que aclarar que el colectivo fumador no es el perseguido ni tiene nada que ver en esto porque no existe, pues su mención por parte de la manipulación mediática responde una identidad artificial tras la que escudarse creada por aquellos intereses.

A los que son profanos en esta materia, o que insisten en aparentar orgullo al ser definidos por un hábito cuya mayoría de practicantes quiere abandonar, y que los demás despreciamos, me gustaría revelarles el giro inmediato que va a dar la lucha antitabaco en España.

Hasta ahora, la lucha antitabaco ha sido abanderada desde el aspecto sanitario, fundamentándose la protección del derecho del fumador pasivo en el daño que el humo de tabaco produce en su salud biológica. Desde la sociedad civil, la justificación médica de la lucha antitabaco, ha sido reconocida gracias al ímpetu de organizaciones como el CNPT.

Y es precisamente una organización de corte médico, SemFYC, la que premió a la OCU hace unas semanas, por su compromiso en la lucha antitabaco. Como segundo indicio en el tiempo, huelga destacar la reciente aparición de la OCU como parte demandante en la declaración de nulidad de pleno derecho del decreto de la Comunidad de Madrid, que desarrollaba la Ley 28/05.

Si anteriormente, a un fumador activo, El Setenciazo no le daba la razón, para así eximir al estado de cualquier responsabilidad en su tabacosis, ahora se han tratado los intereses de los fumadores pasivos. Entonces ha sido cuando ha cobrado protagonismo la importancia de la OCU en el proceso. Aquí, la justicia no se ha centrado en las estrictas consideraciones sanitarias como muchos preveían. Se ha tocado el problema donde más duele a los intereses de la Industria porque no se ha hablado demasiado sobre los candidatos a paciente de hospital, según el ritual al que los diferentes actores sociales nos tenían acostumbrados, sino sobre los derechos de los consumidores y usuarios.

Porque el problema ha pasado de ser estrictamente sanitario a ser una cuestión de derecho. Se ha testimoniado que el humo de tabaco perjudicaba a una mayoría de consumidores y sus intereses; porque el decreto empeoraba, sin posibilidad razonable de elección, la calidad de nuestro ocio.

Pero volvamos a meter otro dedo en la llaga hablando sobre las acepciones del término “tabaquismo” y por qué ya no puede pertenecer sólo al tecnolecto empleado en medicina.

El tabaquismo en España, vista la gestión tabaquera de los ministerios de Sanidad y Consumo y de Hacienda, junto con el uso electoralista del asunto, se ha instituido como una doctrina de organización política y económica. Si durante siglos la venta de tabaco estuvo íntimamente ligada a La Corona por medio de los derechos reales, -derechos arancelarios-, tras la privatización de Tabacalera, a efectos prácticos las cosas no han cambiado nada. Es más, en España la recaudación de impuestos sobre las labores del tabaco es concebida por los gestores de la Administración como uno de los pilares básicos a la hora de garantizar la estabilidad recaudatoria.

En un escenario así, es comprensible que la Administración no pretenda orientar su política a la erradicación del consumo, sino sólo al control o la regulación. Con “regulación” no me refiero al dictado de normas destinadas al consumo, la venta o la publicidad del tabaco, sino a su calibrado con fines recaudatorios hasta niveles compatibles con la política, social, económica y electoral de cada momento.

A fecha de hoy, el gobierno desoye las voces que aconsejan la puesta en práctica de una sólida política antitabaco. Ni las organizaciones médicas, ni las organizaciones de consumidores y usuarios son consideradas de acuerdo a su peso social.

¿Qué tiene de malo el Tabaquismo como modelo y por qué es enemigo del Liberalismo?

El Tabaquismo impone un modelo de conducta determinado entre los individuos, usando como instrumento el poder de la adicción. Si consideramos prejuiciosamente que el Comunismo Estalinista o el Nazismo usaban para ello la coerción, o el Judaísmo el engaño, el Tabaquismo se sirve de la manipulación química para orientar los hábitos y conductas de una parte indeterminada de la sociedad a un fin: la apropiación de sus ahorros mediante el consumo de un producto concreto con la regularidad propia de un suministro.

¿Y por qué el tabaquismo es malo para la economía española?

El consumo de tabaco siempre es una losa para la economía familiar pero también lo es para la economía global, merced a la perdida de rendimiento laboral en todos los frentes. Eso sin contar con el gasto social y sanitario extra –y no compensado-, que ocasiona. Además, per se, la protección que el Estado ofrece al mercado de ese producto, obliga al resto de actividades económicas sectoriales a desarrollarse en un marco acotado según los intereses de esa Industria-Estado. De esta manera, el estado español con su regulación decide estadísticamente qué parte del presupuesto de las familias ha de destinarse a la compra de tabaco, para así garantizar niveles ajustados a sus necesidades recaudatorias. No olvidemos su extraña inclusión en el cálculo del Índice de Precios al Consumo, ni tampoco la dudosamente favorable ratio exportación-consumo nacional.

El error intelectual de la política tabaquista viene dado porque no se tienen en cuenta las pérdidas globales en términos de economía social, las cuales se traducen en un daño neto a la economía. Así, es fácil de observar cómo el Tabaquismo contribuye a la obtención de un “encogido” producto interior bruto por este motivo dada, volvemos a repetir, la ineficiencia de un bien de consumo, que destruye salud y riqueza sin aportar nada a cambio para la sociedad. Por todo ello, es imposible no pensar que la legalidad del tabaco perjudica al resto de sectores que trabajan con mercancías útiles. Por tanto, es lógico entender que si se reducen drásticamente los niveles de consumo de tabaco, el dinero que ya no es acaparado por el gasto en ese producto específico se destine a la compra de más coches, de más casas, de más electrodomésticos, de alimentación de mejor calidad, de más ropa y calzado etc.

Al final, el dinero que en ese momento no estuviese yendo a parar a manos de la Industria Tabaquera, el libre mercado lo repartiría entre otros proveedores de bienes y servicios de manera que el Estado podría mantener el volumen de recaudación con un sencillo ejercicio de diversificación del gravamen y, si aún ello diese lugar una pérdida comparada en el volumen de lo recaudado, el nuevo orden mantendría su mayor rentabilidad a medio-largo plazo gracias al ahorro en gasto social y sanitario