El décimo mito sobre le tabaco es uno de lo más perjudiciales con los que la Industria Tabacalera asiente con la cabeza por estos lugares. Me refiero a las creencias en las que se apoya el discurrir intelectual de buena parte del vulgo para explicar tan sabiamente una realidad. Algunos son capaces de esgrimir ese argumento para demostrar el por qué de la falta de motivación de nuestros gobiernos para ponerle las cosas difíciles a la proliferación del negocio tabaquero.
Parece algo lógico ¿verdad? El Estado gracias a los impuestos sobre las labores del tabaco recauda casi el 2% de sus ingresos netos. Y menos mal que es así porque si no a ver como íbamos a pagar el elevado coste en la sanidad pública que el tabaco genera; al personal en régimen laboral de los ayuntamientos que se encarga de barrer las colillas de los parques públicos; a los inspectores de sanidad adiestrados para multar a los incumplidores exagerados e indiscretos; a los funcionarios del registro de la Consejería de Salud y Consumo que supuestamente nos tramitan las denuncias y a los jefes de policía locales que organizan redadas en la discoteca para cazar a fumadores en pistas de baile que les son vedadas. ¿Y qué me decís de los oncólogos y otros matasanos a los que les pagan por detectar y tratar cánceres de pulmón, gentileza de las tabacaleras? ¿Es que no merecen su lugar en este mundo? El razonamiento aplicado no parece basarse tan siquiera en la estrechez de miras. Acaba pareciendo más bien repetición memorística de balbuceos irracionales.
Hoy en día, en cualquier país desarrollado, los costes sociales del tabaco a largo plazo superan los beneficios. Es algo indiscutible en España, aritmético. No sale rentable en EEUU si cuantificamos el coste social norteamericano, no sale rentable para el caso noruego, no sale rentable para la sanidad pública londinense. ¿Por qué en España debería ser una excepción? ¿Acaso porque el coste sanitario y social es seis veces menor? ¿Porque por a cada cigarro que entra de los que no son de contrabando le imponemos el triple de impuestos que en el Reino Unido?
Otra idea preconcebida es una que me parecería normal si fuésemos como la humanidad retratada en la película Matrix. Allí las máquinas sustituían nuestra consciencia que debía basarse en la de percepción sensible por la inoculación de una experiencia vital perfecta y feliz, pero irreal, inducida a base de impulsos neuronales. En Matrix el objeto era mantenernos inmóviles para usarnos como pilas de ordenador sin que lo supiésemos. En España la gente se comporta como si algo le insuflase en el cerebro el humo de tabaco, como la única realidad posible porque sólo interesa mantenernos vivos para que sigamos fumando y dejando fumar hasta el fin de nuestros días.
Si hablamos de esta mercancía al nivel de hasta ahora en cuanto a volumen, no es que parezca que no existe una alternativa posible al beneficio de sus impuestos -o al menos la imaginación no da para tanto- ; es que además es imposible reconstruir mentalmente una sociedad en la que el tabaco disminuya su inmensa influencia económica y social. Parece que el tabaco y sus impuestos sean la base de toda civilización o la razón de ser de la humanidad.
Con esta lógica, todo parece indicar que si de la noche a la mañana el gobierno lleva a cabo una política de lucha firme y decidida contra la venta y consumo de tabaco, ello puede dar lugar a al menos tres escenarios posibles, a cada cual más apocalíptico.
El primero es un desorden en el tejido espacio-temporal, que desembocaría en una serie de impredecibles catástrofes cósmicas. Al final la nación española y su geografía serían engullidas por algún agujero negro.
Otra posible consecuencia es una caída del IBEX 35 hasta mínimos históricos por una pérdida de confianza total del consumidor en sus ahorros y en el buen estado de la economía española, una subida del paro hasta límites estratosféricos, un súbito desplome del PIB etc. Es decir, la destrucción de la economía del país.
También podría ocurrir que un clima de tremendo descontento popular hiciese que ante una regulación tan “polémica”, el 30 % de la población fumadora más otro tanto de tolerante se echase a la calle para protestar por las restricciones de nicotina, iniciándose así un periodo de continuas y sangrientas manifestaciones que desembocarían en luchas de clases y guerras civiles. Tal desbarajuste acabaría devolviendo a la sociedad a un primitivo estado de trogloditismo. Todo ello bajo el control de un salvaje régimen totalitario que acabaría instaurándose al amparo del clima de inestabilidad política y social imperante.
Es totalmente lógico y creíble que cosas malísimas pueden suceder si algún blasfemo o disidente osa cuestionar la inmunidad diplomática, económica y social del tabaco. Esto es una sociedad donde el fumeteo en público se muestra como el fin último, no sólo de sus adeptos y sus adictos, sino de toda una nación. Sus seguidores, militantes, defensores y beneficiarios parecen haber reescrito el slogan de otros tiempos: “todo en el tabaco, todo para el tabaco, nada fuera del tabaco, nada contra el tabaco"
Y luego nos recuerdan la manía que tenemos algunos peligrosos fundamentalistas. La de anteponer la salud al tabaco, de encumbrarla como si fuera una Diosa. Con sus trabalenguas, dicen que eso es propio de los vicios estatistas donde los progres se obstinan en imponer la virtud en detrimento del vicio –como si tuviera algo que ver con las ideas políticas o ideológicas-. ¡Pero que injusticia!, entre la Diosa salud, el Dios Trabajo, el Dios Dinero y el Dios Amor, ¿qué demonios va a acabar siendo del Dios Tabaco?
En cuanto a la sabiduría popular, aquí opera la clásica receta de presuposiciones a la que está subordinada la inquietud del populacho. A saber:
Si toda la vida de Dios se ha fumado, ¿cómo va resultar que ahora es malo y quita dinero al Estado y a la gente?
Y si la gente no fuma ¿Qué va a hacer la gente cuando esté aburrida y no le lluevan las posibilidades de conseguir cigarros o le cuesten 10 céntimos más por cajetilla? ¿Cómo va a prevenir la sociedad el alzheimer y cómo va a renunciar a otros posibles efectos salutíferos de las caladas?
Si el Estado deja de vender un 10 % de cigarros ¿Con qué va a confeccionar ahora los Presupuestos Generales para este año? ¿De dónde van a salir las partidas presupuestarias?
Y si la gente no puede fumar ¿No se verá en la necesidad de entregarse a otros vicios, los cuales serán en el 100% de los casos aún peores? Porque el principio del racionalismo es: “Cogito ergo fumo”. Por tanto “Nemo sine vitio est” porque algún vicio hay que tener, digo yo.
Por el contrario debemos pensar que el movimiento antitabaco lo forman maniáticos amargados, extremistas o parias al estilo hippie y ocupa. Jamás gente culta y cuerda que base sus razones en conclusiones lógicas o datos científicos.
Por tanto es absurdo pensar que existan fumadores que en realidad agradezcan la ayuda del Estado para dejar de fumar. Pues el fumar es la única manera que tienen de hacer uso de su libertad frente a ese Estado.
También es impensable el que la sociedad haya podido cambiar y que, aquello que creía que comportaba un riesgo asumible, y era verdaderamente placentero en el pasado, ahora no lo sea por el sólo hecho de que perjudique o moleste a terceros amargados.
Y si hay que reconocer que lo anterior es irrefutable, aún quedará lo indiscutible: El Estado necesita de los impuestos del tabaco y, por tanto, el tabaco ha de ser bueno para la economía, luego sólo queda auspiciarlo nos guste o no. De la misma manera que nos molesta un día lluvioso o madrugar los Lunes para ir a trabajar, y lo aguantamos, tenemos que resignarnos a respirar hollín cancerígeno en el restaurante porque sí.
Bien, pues me temo que en España hay muchos disidentes, blasfemos, totalitaristas, amargados y paranoicos. Sólo eso puede explicar el hecho de que pensemos que lo expuesto unos párrafos arriba sobre la conveniencia del tabaco sea mentira para un detectable y detestable número de ciudadanos. El Estado no saca beneficios a través de los impuestos. Lo sacan los políticos que recaudan para salir del paso durante una legislatura en concreto, pero eso es todo. Vamos a reconsiderar las cosas con nuestra particular lógica fundamentalista e irracional (i.e.) la del fumador pasivo concienciado…
Si yo voy por la calle tirando envoltorios, bolsas de plástico, papeles –o colillas- al suelo, no puedo justificarme diciendo “es que hay que darles trabajo a los barrenderos públicos”. No me pasa por la cabeza que un mal común o la destrucción deliberada de un bien, sea lo necesario para crear riqueza sin posibilidad de alternativa. He de pensar que es más rentable crear riqueza o idear nuevas formas de conseguirla, no de destruirla y canalizar el beneficio residual de esa destrucción en favor de una minoría interesada.
Entonces, de igual forma, ¿Que sentido tiene un sistema que destruye la salud pública y luego sólo consigue restituir parte del daño ocasionado en forma de impuestos al Estado? Ninguna.
El daño causado a la sociedad como tal es muy difícil de cuantificar o abarcar económicamente y las rentas del tabaco se pierden, sin posibilidad de restitución y reinversión en la posible reparación de daños causados. Dada la escasez relativa de las rentas provenientes de las labores del tabaco, el negocio sólo puede beneficiar a los directamente coparticipes de esa situación. O lo que es lo mismo, a personas u organismos concretos en puestos clave de la Administración por un lado, y a los beneficiarios directos de la Industria Tabacalera por otro.
La tabacalera tiene un gasto excesivo. Sus ingresos son altos, pero los gastos en litigios y sobornos son demasiado abultados. Además, no puede dedicar cada año más ingresos a pagar crecientes impuestos al Estado. A la necesidad de la tabaquera de aumentar su clientela, se contrapone la inevitable tendencia de los gobiernos a tomar medidas encaminadas a la reducción drástica de la demanda.
La tabacalera no puede aumentar el precio de sus productos porque ya de por sí su precio final es excesivo. Un incremento adicional de precios por parte de la tabacalera convertiría el precio de venta al público en prohibitivo, disminuyendo las ventas. Se hace imprescindible la venta de mercancía de manera compensadamente encubierta. En otras palabras, ha de incrementar el porcentaje de mercancía producida destinada al contrabando –evasión de impuestos-, en detrimento de la presunta capacidad del Estado como garante de la restitución social por los perjuicios causados.
Las necesidades y los gastos de la tabacalera, al ser cada vez mayores, requieren de más ingresos. Por otro lado, las políticas sociales no permiten que el consumo de tabaco aumente, o sea, conseguir un incremento del número de clientes en un área desarrollada. Mientras tanto, la población fumadora, exfumadora y fumadora involuntaria sigue elevando el gasto sanitario público que sigue exigiendo cada vez más impuestos, puesto que continuará enfermando a causa del tabaco aún cuando los niveles absolutos de consumo disminuyan. A ello, se une el hecho de que el catálogo de daños sociales atribuibles al tabaco aumenta año tras año gracias a nuevos estudios sobre la dimensión real del problema, la cual no se restringe a la estrictamente sanitaria.
En conclusión, somos víctimas de paradojas que no dan lugar sino a situaciones económicamente insostenibles en el tiempo. Todo esto explica como los números rojos del tabaco existen sin que los veamos. Ello es porque, aunque esos números rojos son soportados de manera inconsciente por una difusa generalidad, son deliberadamente ocultados por una minoría concreta que es, por lógica, una motivadísima beneficiaria particular.
Pero no sólo se debe estimar el gasto, más que teórico, de la existencia del negocio del tabaco para la sociedad. También sería interesante hacerse una idea del beneficio potencial para el resto de la economía que podría suponer su erradicación.
La lógica popular nos dice que el dinero que un contribuyente o consumidor no se gasta en tabaco no existe. Es decir, es como si al eliminar del libre mercado el tabaco, el dinero que no se gastaba en él se emplease en la adquisición de una droga dura ilegal, se quemase directamente en el fuego de la chimenea por obligación, o se perdiese por un agujero de gusano cósmico.
Pero nosotros desvariamos tanto que llegamos pensar que las restricciones en la venta y consumo de tabaco perjudican a la Industria Tabacalera exclusivamente. Nuestra disparatada concepción de la realidad también nos lleva a creer que realmente benefician al resto de la economía. Así, el dinero que me gastaba en tabaco, ahora me lo gastaré en comer en un restaurante una vez por semana, en comprarme un segundo vehículo o en terminar de devolver antes el crédito hipotecario que tanto me impedía hacer otras inversiones. En definitiva, supone un aumento considerable de mi poder adquisitivo y mi capacidad de inversión en otros bienes de consumo, además de otros lógicos absurdos.
Menos mal que en España la mayoría de la gente valora el papel de un producto y su uso tal y como se merece. Además el torpe Estado lo ha dotado de misticismo popular al intentar proscribirlo tan injustamente, con todo lo que le debemos.¡Qué ingratos somos algunos al no querer fumar ni pasívamente, sin hacer esfuerzo!
miércoles, noviembre 29, 2006
viernes, noviembre 24, 2006
Optimistas predicciones de futuro
Todos tenemos un lugar en la realidad que nos ha tocado vivir. Por insignificantes que seamos gozamos del don de la trascendencia en el mundo físico. Cualquier cosa que hagamos o no hagamos puede tener una consecuencia imprevisible sobre nuestro entorno.
Toda la sociedad parece estar diseñada para recordarnos nuestra insignificante levedad como seres, como individuos. Parece que en la sociedad de consumo y de la información aquellas cosas que rigen nuestras vidas son las tendencias, los ideales, las corporaciones, las multinacionales, las modas, los gobiernos, los políticos, la prensa, la publicidad etc.… No la razón.
Mientras tanto, vamos con la masa sin posibilidad de influir en el devenir de los hechos. Tan sólo parece quedarnos el conformismo, la angustia existencial o el autodestructivo descontento. Al final sólo nos queda el aguante estoico o el hacer el ridículo frente a sordos y ciegos.
Es posible que sea verdad todo eso, pero la realidad también puede que sea como reza el anuncio de Aquarius, es decir, que la respuesta de la gente sea impredecible. Demasiadas teorías no tienen que por qué explicar ciertas alteraciones, salvo a lo mejor la del caos –que no nos ayuda en la predicción precisamente-.
Sin embargo, cuando el objetivo es concreto existen formas de conseguir un determinado resultado a partir de la modificación de un aspecto en la realidad. Algunos matemáticos, algunos historiadores, sociólogos, estadistas, analistas de mercado, científicos o equipos multidisciplinares al completo lo consiguen; mucha gente puede predecir qué cosas pueden suceder en un entorno social acotado, si deliberadamente se introduce una variable con un propósito.
Las grandes corporaciones pueden hacer eso. Esos inmensos entes privados, que a los ciudadanos se nos antojan incorpóreos, abstractos e inaccesibles, pueden. Efectivamente, esas organizaciones que se nutren de esos señores trajeados a los que llaman “accionistas” quienes, pese a que ni parten ni reparten porque ni ellos mismos saben en que consisten sus “acciones”, o las consecuencias de éstas (i.e.) en que narices invierten realmente.
El comercio del tabaco funciona así y con bastante éxito. Su éxito primigenio se debió a un despiste de la humanidad. No se dio cuenta de que el cigarro trae problemas por algo que tiene que ver con su molesta y venenosa adicción hasta los años 40 o 50, según se mire. Entonces ya fue demasiado tarde para incluirlo en un cuadro de sustancias prohibidas, pues su aceptación social era para entonces algo más que un hecho anecdótico.
Por otro lado estaban los intereses creados entorno a su consumo, los cuales hoy perduran. Además, los publicistas y sus beneficiarios han seguido afanándose año tras año en reforzar su enquistado status quo.
El tabaco no sólo ha conseguido crear dependencias de tipo económico sino además culturales; lo cual dificulta su extirpación. Tanto fue así, que se concibió el fumar como un glamoroso acto social en el occidente desarrollado. Y es aquí donde radica el verdadero problema, además de en los ingentes ingresos que perciben sus vendedores.
Todo esto me parece bien, o al menos aceptable, porque cada uno se arrima a su sardina y no sería lógico que los beneficiarios del tabaco luchasen contra su gen egoísta y su instinto de supervivencia para decir: “Oh, queridos clientes, perdonad por los daños a la salud que nuestros productos del tabaco os hayan podido ocasionar. A partir de hoy mismo retiraremos del mercado nuestros productos por razones de salud pública.”
Lo que tampoco me parece tan lógico es la posición de ciertos estados bananeros que simulan tener más interés que la mismísima Industria Tabacalera en que el tabaco goce de la protección de sus mercados y se libre de cualquier regulación. Es precisamente el caso del estado español.
Pese a las recomendaciones de la OMS y las directivas de la UE, los políticos tienen la indecencia de apresurarse en presentar una ley con la intención de blindar durante un par de legislaturas más el auspicio del tabaco; aun cuando la sociedad española estaba preparada para una restricción más severa, cuyo éxito en la aplicación estaba garantizado gracias a la experiencia irlandesa e italiana. Cualquier europeo que investigue los diferentes tipos de establecimiento en los que en España se puede vender tabaco, se puede consumir, y estudie el régimen fiscal y comercial canario, lo corroborará.
En cuanto a las alternativas complementarias a políticas de corte prohibicionista, en lo que a la lucha contra el tabaquismo se refiere (sic) labores de concienciación promocionadas por el estado a través de los medios, mejor no hablar. No sólo por su escasez o rareza, sino más bien por el guiño de ojo con las que todas parecen salir a la luz. La triste verdad es que por los medios tradicionales la intención no es la concienciación, sino el estéril compromiso con la misma (i.e.) como siempre un objetivo de carácter formal. Explicado de manera más explícita: la falta de voluntad real por parte del gobierno de tomar riesgos tan siquiera tratando tan espinoso asunto, habida cuenta de su chocante tendencia a ser politizado.
No es tan alarmante el hecho de que la Industria Tabacalera se gaste en España diez veces más dinero que el Estado en una publicidad que tiene prohibida por aquel. Si no el hecho de que en realidad se lo gaste en convencer a ese Estado de que no es necesario concienciar tanto sobre los efectos nocivos del tabaco y de que no es necesario prohibir tanto. De modo que al público, curiosamente casi no va dirigida ninguna publicidad ni en contra ni a favor. Más bien, el ciudadano concienciado o no, ni pinta ni corta en este asunto. En cuanto a las campañas antitabaco de HELP o del propio Ministerio de Sanidad que alguna gente asegura haber avistado por televisión con la misma frecuencia que a ovnis, sólo puedo decir que adolecen de una deliberada superficialidad y que se basan en cansinos, repetitivos e ineficaces aspectos sanitarios que no funcionarán en esta sociedad de consumo. Todo ello, a sabiendas.
No obstante, tengo un buen presentimiento. Existe una variable que la Industria Tabacalera y los conniventes gobiernos no podrán controlar durante muchos más años. Probablemente, ello les va a obligar cambiar la ley mucho antes de lo esperado. No me importa ofrecerles pistas recordándoles que en este preciso momento lo tienen delante de sus propias narices –las cuales supongo que serán más sensibles que las de algunos accionistas-
Hablo de la sociedad de la información. ¿Y a qué novedad me refiero en concreto? A la Internet. El internauta, el usuario de estas nuevas tecnologías de la información, por fin puede considerarse un ciudadano liberado de la manipulación de masas tradicional. Gracias a la red de redes tiene a su disposición el conocimiento y la información que precisa. No porque circule por ahí la versión más fidedigna sobre una noticia, sino porque circulan todas, a partir de las que puede formarse la suya propia. Con el conocimiento sucede igual. No habla sólo el catedrático de turno, sino también sus seguidores y sus detractores.
Por otra parte, la censura de contenidos informativos deja de tener sentido; no sólo porque sea innecesaria sino porque además es imposible de llevar a cabo. Por tanto, su existencia se reduciría a delatores intentos. Resumiendo, en la verdadera sociedad del conocimiento y de la información que se avecina, la verdad será la que se abra paso entre el mare mágnum de códigos binarios circulando entre los servidores informáticos y nuestros ordenadores. Es inevitable, los estados han de evolucionar para acomodarse a esta nueva realidad. Las corporaciones también. Ambos tendrán que ajustar su proceder a ciertos protocolos de honestidad si quieren evitar las destructivas críticas de sus nuevos censores.
El ciudadano y el consumidor
Ya no bastará el maquillaje mediático tradicional de los gobiernos y las corporaciones para salir del paso entre meteduras de pata y lavar su imagen. Por fin el ciudadano podrá saber, si quiere, a quien no conviene votar. Por fin aquellos a quienes les incomodan los cigarros podrán saber si el tabaco es muy bueno o es muy malo, y a quien beneficia.
El individuo, como ciudadano y como consumidor, representará las nuevas figuras que han de erigirse, no como pasivos destinatarios de propaganda electoral, ni como meros compradores compulsivos con cierto poder adquisitivo. Sino como auténticos partícipes en la política económica y social de su país.
El televidente o el radioyente que era un pasivo receptor de mensajes, ha pasado a ser un activo demandante de los mismos a través de Internet gracias al milagro de la interacción comunicativa. De la misma manera, el éxito de los productos y servicios ya no volverá a ser impuesto sólo por una campaña publicitaria brillante o la manipulación mediática. Los consumidores serán auténticos demandantes a quienes se les permitirá que su búsqueda de garantía y calidad se convierta en exigencia. Con ello, el éxito en el consumo “accidental” de productos tóxicos jamás volverá a tener lugar en la historia.
Concluyendo, apuesto a que la Internet con sus virtudes comunicativas es algo con lo que no contaban los prioratos tabaqueros. Un factor a considerar frente a la que pueden sentirse impotentes llegado el momento. De hecho el cigarro huye de las sociedades mejor informadas y comunicadas para ser relegado a los países tercermundistas. Por eso EEUU consume menos tabaco ya del que produce –porque lo exporta a otros países tercermundistas-. En definitiva, muchos dirán que este es el mayor enemigo de la hasta ahora imperante tabacocracia en España, cuya actual hegemonía sólo puede evolucionar en una dirección: La verdad y la lógica se abrirán paso.
Toda la sociedad parece estar diseñada para recordarnos nuestra insignificante levedad como seres, como individuos. Parece que en la sociedad de consumo y de la información aquellas cosas que rigen nuestras vidas son las tendencias, los ideales, las corporaciones, las multinacionales, las modas, los gobiernos, los políticos, la prensa, la publicidad etc.… No la razón.
Mientras tanto, vamos con la masa sin posibilidad de influir en el devenir de los hechos. Tan sólo parece quedarnos el conformismo, la angustia existencial o el autodestructivo descontento. Al final sólo nos queda el aguante estoico o el hacer el ridículo frente a sordos y ciegos.
Es posible que sea verdad todo eso, pero la realidad también puede que sea como reza el anuncio de Aquarius, es decir, que la respuesta de la gente sea impredecible. Demasiadas teorías no tienen que por qué explicar ciertas alteraciones, salvo a lo mejor la del caos –que no nos ayuda en la predicción precisamente-.
Sin embargo, cuando el objetivo es concreto existen formas de conseguir un determinado resultado a partir de la modificación de un aspecto en la realidad. Algunos matemáticos, algunos historiadores, sociólogos, estadistas, analistas de mercado, científicos o equipos multidisciplinares al completo lo consiguen; mucha gente puede predecir qué cosas pueden suceder en un entorno social acotado, si deliberadamente se introduce una variable con un propósito.
Las grandes corporaciones pueden hacer eso. Esos inmensos entes privados, que a los ciudadanos se nos antojan incorpóreos, abstractos e inaccesibles, pueden. Efectivamente, esas organizaciones que se nutren de esos señores trajeados a los que llaman “accionistas” quienes, pese a que ni parten ni reparten porque ni ellos mismos saben en que consisten sus “acciones”, o las consecuencias de éstas (i.e.) en que narices invierten realmente.
El comercio del tabaco funciona así y con bastante éxito. Su éxito primigenio se debió a un despiste de la humanidad. No se dio cuenta de que el cigarro trae problemas por algo que tiene que ver con su molesta y venenosa adicción hasta los años 40 o 50, según se mire. Entonces ya fue demasiado tarde para incluirlo en un cuadro de sustancias prohibidas, pues su aceptación social era para entonces algo más que un hecho anecdótico.
Por otro lado estaban los intereses creados entorno a su consumo, los cuales hoy perduran. Además, los publicistas y sus beneficiarios han seguido afanándose año tras año en reforzar su enquistado status quo.
El tabaco no sólo ha conseguido crear dependencias de tipo económico sino además culturales; lo cual dificulta su extirpación. Tanto fue así, que se concibió el fumar como un glamoroso acto social en el occidente desarrollado. Y es aquí donde radica el verdadero problema, además de en los ingentes ingresos que perciben sus vendedores.
Todo esto me parece bien, o al menos aceptable, porque cada uno se arrima a su sardina y no sería lógico que los beneficiarios del tabaco luchasen contra su gen egoísta y su instinto de supervivencia para decir: “Oh, queridos clientes, perdonad por los daños a la salud que nuestros productos del tabaco os hayan podido ocasionar. A partir de hoy mismo retiraremos del mercado nuestros productos por razones de salud pública.”
Lo que tampoco me parece tan lógico es la posición de ciertos estados bananeros que simulan tener más interés que la mismísima Industria Tabacalera en que el tabaco goce de la protección de sus mercados y se libre de cualquier regulación. Es precisamente el caso del estado español.
Pese a las recomendaciones de la OMS y las directivas de la UE, los políticos tienen la indecencia de apresurarse en presentar una ley con la intención de blindar durante un par de legislaturas más el auspicio del tabaco; aun cuando la sociedad española estaba preparada para una restricción más severa, cuyo éxito en la aplicación estaba garantizado gracias a la experiencia irlandesa e italiana. Cualquier europeo que investigue los diferentes tipos de establecimiento en los que en España se puede vender tabaco, se puede consumir, y estudie el régimen fiscal y comercial canario, lo corroborará.
En cuanto a las alternativas complementarias a políticas de corte prohibicionista, en lo que a la lucha contra el tabaquismo se refiere (sic) labores de concienciación promocionadas por el estado a través de los medios, mejor no hablar. No sólo por su escasez o rareza, sino más bien por el guiño de ojo con las que todas parecen salir a la luz. La triste verdad es que por los medios tradicionales la intención no es la concienciación, sino el estéril compromiso con la misma (i.e.) como siempre un objetivo de carácter formal. Explicado de manera más explícita: la falta de voluntad real por parte del gobierno de tomar riesgos tan siquiera tratando tan espinoso asunto, habida cuenta de su chocante tendencia a ser politizado.
No es tan alarmante el hecho de que la Industria Tabacalera se gaste en España diez veces más dinero que el Estado en una publicidad que tiene prohibida por aquel. Si no el hecho de que en realidad se lo gaste en convencer a ese Estado de que no es necesario concienciar tanto sobre los efectos nocivos del tabaco y de que no es necesario prohibir tanto. De modo que al público, curiosamente casi no va dirigida ninguna publicidad ni en contra ni a favor. Más bien, el ciudadano concienciado o no, ni pinta ni corta en este asunto. En cuanto a las campañas antitabaco de HELP o del propio Ministerio de Sanidad que alguna gente asegura haber avistado por televisión con la misma frecuencia que a ovnis, sólo puedo decir que adolecen de una deliberada superficialidad y que se basan en cansinos, repetitivos e ineficaces aspectos sanitarios que no funcionarán en esta sociedad de consumo. Todo ello, a sabiendas.
No obstante, tengo un buen presentimiento. Existe una variable que la Industria Tabacalera y los conniventes gobiernos no podrán controlar durante muchos más años. Probablemente, ello les va a obligar cambiar la ley mucho antes de lo esperado. No me importa ofrecerles pistas recordándoles que en este preciso momento lo tienen delante de sus propias narices –las cuales supongo que serán más sensibles que las de algunos accionistas-
Hablo de la sociedad de la información. ¿Y a qué novedad me refiero en concreto? A la Internet. El internauta, el usuario de estas nuevas tecnologías de la información, por fin puede considerarse un ciudadano liberado de la manipulación de masas tradicional. Gracias a la red de redes tiene a su disposición el conocimiento y la información que precisa. No porque circule por ahí la versión más fidedigna sobre una noticia, sino porque circulan todas, a partir de las que puede formarse la suya propia. Con el conocimiento sucede igual. No habla sólo el catedrático de turno, sino también sus seguidores y sus detractores.
Por otra parte, la censura de contenidos informativos deja de tener sentido; no sólo porque sea innecesaria sino porque además es imposible de llevar a cabo. Por tanto, su existencia se reduciría a delatores intentos. Resumiendo, en la verdadera sociedad del conocimiento y de la información que se avecina, la verdad será la que se abra paso entre el mare mágnum de códigos binarios circulando entre los servidores informáticos y nuestros ordenadores. Es inevitable, los estados han de evolucionar para acomodarse a esta nueva realidad. Las corporaciones también. Ambos tendrán que ajustar su proceder a ciertos protocolos de honestidad si quieren evitar las destructivas críticas de sus nuevos censores.
El ciudadano y el consumidor
Ya no bastará el maquillaje mediático tradicional de los gobiernos y las corporaciones para salir del paso entre meteduras de pata y lavar su imagen. Por fin el ciudadano podrá saber, si quiere, a quien no conviene votar. Por fin aquellos a quienes les incomodan los cigarros podrán saber si el tabaco es muy bueno o es muy malo, y a quien beneficia.
El individuo, como ciudadano y como consumidor, representará las nuevas figuras que han de erigirse, no como pasivos destinatarios de propaganda electoral, ni como meros compradores compulsivos con cierto poder adquisitivo. Sino como auténticos partícipes en la política económica y social de su país.
El televidente o el radioyente que era un pasivo receptor de mensajes, ha pasado a ser un activo demandante de los mismos a través de Internet gracias al milagro de la interacción comunicativa. De la misma manera, el éxito de los productos y servicios ya no volverá a ser impuesto sólo por una campaña publicitaria brillante o la manipulación mediática. Los consumidores serán auténticos demandantes a quienes se les permitirá que su búsqueda de garantía y calidad se convierta en exigencia. Con ello, el éxito en el consumo “accidental” de productos tóxicos jamás volverá a tener lugar en la historia.
Concluyendo, apuesto a que la Internet con sus virtudes comunicativas es algo con lo que no contaban los prioratos tabaqueros. Un factor a considerar frente a la que pueden sentirse impotentes llegado el momento. De hecho el cigarro huye de las sociedades mejor informadas y comunicadas para ser relegado a los países tercermundistas. Por eso EEUU consume menos tabaco ya del que produce –porque lo exporta a otros países tercermundistas-. En definitiva, muchos dirán que este es el mayor enemigo de la hasta ahora imperante tabacocracia en España, cuya actual hegemonía sólo puede evolucionar en una dirección: La verdad y la lógica se abrirán paso.
lunes, noviembre 20, 2006
Decreto madrileño: apología del tabaquismo
Salvo que tenga uno la desgracia de vivir en Madrid, risa es lo que le debe de dar una lectura atenta de la exposición de motivos del Decretazo madrileño. Convendría saber qué marca en concreto de puros es la que fuma Esperanza Aguirre. La adicción le ha hecho dar el visto bueno a un texto que parece más indicado para su blog personal que para un texto con fines jurídicos.
Parece que ha debido de apretar bastante sus amarillentos dientes para evitar que la pintoresca exposición no nos recordase al espíritu de Javier Marías, José Maria Mohedano o alguien así. Supongo que en Madrid habrá mayoría de gente que no fume, -aunque no lo parezca después de leer el decreto-. Entonces los no fumadores concienciados se preguntarán histéricos “¿Qué he hecho yo para merecer esto?”
En otro blog se está llevando a cabo la encomiable labor de hacer un completo comentario crítico sobre el decreto recién publicado. Tan sólo diré que yo únicamente he podido leer con atención la exposición de motivos -y he tenido más que suficiente-. Ni siquiera voy a decir que será nulo de pleno derecho porque no creo que estemos tan siquiera ante un texto con una seria intención jurídica sino de boicot político.
El texto está lleno de valoraciones subjetivas y de pretendidas provocaciones hacia los redactores de la Ley 28/05. Se omiten datos sobre los perjuicios del tabaco y se insiste en convencernos con postulados de corte liberalista que no son aplicables al caso. Todo obedece a una táctica populista sustentada en la creencia de que la mayoría de la población madrileña considera que la regulación estatal es excesiva y opresora. Por tanto se está de parte de un claro segmento de la población votante: el fumador convencido y los beneficiarios del tabaco. Por eso se nos presenta su figura desde el clásico victimismo, que consigue que el fumador parezca miembro de una etnia perseguida por los socialistas.
Parece que ha debido de apretar bastante sus amarillentos dientes para evitar que la pintoresca exposición no nos recordase al espíritu de Javier Marías, José Maria Mohedano o alguien así. Supongo que en Madrid habrá mayoría de gente que no fume, -aunque no lo parezca después de leer el decreto-. Entonces los no fumadores concienciados se preguntarán histéricos “¿Qué he hecho yo para merecer esto?”
En otro blog se está llevando a cabo la encomiable labor de hacer un completo comentario crítico sobre el decreto recién publicado. Tan sólo diré que yo únicamente he podido leer con atención la exposición de motivos -y he tenido más que suficiente-. Ni siquiera voy a decir que será nulo de pleno derecho porque no creo que estemos tan siquiera ante un texto con una seria intención jurídica sino de boicot político.
El texto está lleno de valoraciones subjetivas y de pretendidas provocaciones hacia los redactores de la Ley 28/05. Se omiten datos sobre los perjuicios del tabaco y se insiste en convencernos con postulados de corte liberalista que no son aplicables al caso. Todo obedece a una táctica populista sustentada en la creencia de que la mayoría de la población madrileña considera que la regulación estatal es excesiva y opresora. Por tanto se está de parte de un claro segmento de la población votante: el fumador convencido y los beneficiarios del tabaco. Por eso se nos presenta su figura desde el clásico victimismo, que consigue que el fumador parezca miembro de una etnia perseguida por los socialistas.
martes, octubre 10, 2006
Del tolerantismo y del fumador pasivo
Últimamente, aparecen grupos de hablantes que parecen definir términos de la manera más ajustada a sus intereses. Muchas veces, a base de un uso continuado y machacón en contextos inapropiados, consiguen otorgar a sus usos tan particulares la categoría de norma lingüística. En ese caso, no veo razón por la que el fumador pasivo no pueda tener sus definiciones propias, máxime cuando algunos términos han sido usados hasta el momento de forma inconveniente para él.
Sin duda, existe un concepto cuya definición no debe ser impuesta por alguien que no sea un fumador pasivo. Se trata del pseudovalor conocido como “tolerancia”. Según el diccionario es el “respeto a las ideas, creencias, o prácticas de los demás cuando son diferentes a las propias.” Esto no me parece ni bien ni mal. Probablemente se usó porque sonaba bien, no porque significara tanto. Como quiera que sea, había adquirido ese significado de manera forzada a lo largo del siglo pasado.
Viene del latín “tollerare”, que no significa otra cosa que aguantar. De ahí hasta que haya terminado significando ese respeto transitivo, mucho mal uso se les ha tenido que “aguantar o tolerar” a políticos y demagogos entretanto; pero ahí se ha quedado.
Y como cosa del destino, la Tabacalera ahora le ha buscado una connotación más acorde con su etimología. A nadie le supone una molestia o sacrificio el respetar prácticas ajenas, pero siempre que ese respeto sea correspondido. Porque el fumar como práctica es respetable, pero la de que te atufen con el humo no. La segunda es una práctica intolerable por impositiva salvo aguante estoico por parte del tolerante.
Entonces allá va mi definición del término tolerancia: “Conformismo ante una situación de injusticia o adversidad.”. ¿A qué es demagógica? Pues es lo que hay y como es una idea o creencia habrá que tolerarla. A partir de ahora, a todo aquel con quien hable del tema voy a recomendarle que ni siquiera pronuncie el término tolerancia en ningún contexto; voy a convencerle de que la tolerancia ni es un valor, ni es una virtud; voy a decirle que ser tolerante equivale a ser sumiso, cobarde, conformista y alienable.
Por el contrario, allí donde encuentre la palabra tolerancia la intentaré sustituir por respeto. No hace falta parafrasear nada para decir lo que se pretendía con el término anterior. El respeto mutuo es el sintagma que estábamos buscando, el verdadero valor que hay que preconizar. El concepto de respeto mutuo implica dos partes activas. En muchos casos, el respeto evita el conflicto que da paso a la supuesta tolerancia. La tolerancia sólo se lleva a cabo de manera subsidiaria cuando el respeto falta -o es faltado- pero no soluciona conflictos, sólo los esconde. Pues bajo la tolerancia, estos subyacen y amenazan con estallar. El que respeta evita el sufrimiento ajeno que causa con sus actos mediante la renuncia. Por tanto, plantea, valora, y actúa por este orden. No en orden inverso.
Sin duda, existe un concepto cuya definición no debe ser impuesta por alguien que no sea un fumador pasivo. Se trata del pseudovalor conocido como “tolerancia”. Según el diccionario es el “respeto a las ideas, creencias, o prácticas de los demás cuando son diferentes a las propias.” Esto no me parece ni bien ni mal. Probablemente se usó porque sonaba bien, no porque significara tanto. Como quiera que sea, había adquirido ese significado de manera forzada a lo largo del siglo pasado.
Viene del latín “tollerare”, que no significa otra cosa que aguantar. De ahí hasta que haya terminado significando ese respeto transitivo, mucho mal uso se les ha tenido que “aguantar o tolerar” a políticos y demagogos entretanto; pero ahí se ha quedado.
Y como cosa del destino, la Tabacalera ahora le ha buscado una connotación más acorde con su etimología. A nadie le supone una molestia o sacrificio el respetar prácticas ajenas, pero siempre que ese respeto sea correspondido. Porque el fumar como práctica es respetable, pero la de que te atufen con el humo no. La segunda es una práctica intolerable por impositiva salvo aguante estoico por parte del tolerante.
Entonces allá va mi definición del término tolerancia: “Conformismo ante una situación de injusticia o adversidad.”. ¿A qué es demagógica? Pues es lo que hay y como es una idea o creencia habrá que tolerarla. A partir de ahora, a todo aquel con quien hable del tema voy a recomendarle que ni siquiera pronuncie el término tolerancia en ningún contexto; voy a convencerle de que la tolerancia ni es un valor, ni es una virtud; voy a decirle que ser tolerante equivale a ser sumiso, cobarde, conformista y alienable.
Por el contrario, allí donde encuentre la palabra tolerancia la intentaré sustituir por respeto. No hace falta parafrasear nada para decir lo que se pretendía con el término anterior. El respeto mutuo es el sintagma que estábamos buscando, el verdadero valor que hay que preconizar. El concepto de respeto mutuo implica dos partes activas. En muchos casos, el respeto evita el conflicto que da paso a la supuesta tolerancia. La tolerancia sólo se lleva a cabo de manera subsidiaria cuando el respeto falta -o es faltado- pero no soluciona conflictos, sólo los esconde. Pues bajo la tolerancia, estos subyacen y amenazan con estallar. El que respeta evita el sufrimiento ajeno que causa con sus actos mediante la renuncia. Por tanto, plantea, valora, y actúa por este orden. No en orden inverso.
lunes, octubre 02, 2006
No denunciamos de oficio
En términos generales, eso es lo que parece dar a entender la Administración cuando tratamos de comprender la redacción de la Ley 28/05 y su tímida aplicación. Algunos pensarán que la Señora Ministra Helena Salgado ha sido para los fumadores pasivos como la flor que crecía entre las malas hierbas; que ha sido increíblemente valiente al impulsar una Ley a la que ahora la prensa le ha dado por calificar de “polémica”. Ello a pesar de que fue aprobada por quasi-unanimidad, ¿gracias al mérito y la capacidad de convicción de nuestra ministra?
Pues lo siento. La ley sólo ha venido a cumplir –y sin generosidad añadida- con una directiva europea del 2003. La verdad es que no tiene mérito, y si lo tuviera no sería de nadie. Además, lo único que explica el acuerdo entre todos los asistentes al hemiciclo, tan reacios en otros tiempos a la regulación, es su confianza en que la coerción explícita de la Ley no vaya a ser aplicada con la rotundidad que cabría esperar, o se vaya a tardar mucho en ello; más bien lo suficiente como para que la Ley caduque.
No cabe duda: la Administración es cobarde. Prefiere dejar el trabajo sucio a los ciudadanos. Tiene gracia como Doña Helena Salgado no hace más que invitarnos insistentemente a que denunciemos como diciendo: “depende de vosotros que la ley funcione o no, apañaos como podáis”. ¿Para qué ganarnos el odio de los hosteleros y tabaqueros hacia el Estado, si podemos evitar la confrontación directa con ellos usando ciudadanos anónimos como escudos humanos? ¡Claro!, de esta manera, cualquiera de los resultados posibles nos beneficia a los políticos.
Si la Ley no se cumple es porque los ciudadanos no hemos “cumplido” con nuestros deberes, no porque la Administración haya fallado y, por tanto, no ha habido aceptación social que justifique la severidad de la Ley y hemos sido prudentes al postponer su aplicación. Si los ciudadanos se arman de infinito valor y denuncian con tanto entusiasmo que la Ley llega a cumplirse más de lo esperado, entonces los hosteleros no pueden arremeter contra el Estado, contra su incompetencia y contra su amparo de la “competencia” desleal. Ello habrá sido porque los ciudadanos lo han demandado y con el Fuenteovejuna-lo-hizo, todo habrá sido consecuencia del libre albedrío; ¿pero cuál es el mérito del gobierno? Ninguno ¿y qué arriesga? nada.
Dejando a un lado cosas como multas, coerción y otros tabúes electorales, nada habría sido más fácil que aplicar el divide-y-vencerás de manera lógica. Nada más fácil que intentar unir a fumadores pasivos y hosteleros contra la Tabacalera. Pero era un riesgo demasiado alto para el gobierno. Prefirió dividir a todas las partes entre sí con sus estúpidas separaciones en locales de más de 100 metros y su desprecio hacia la salud y el bienestar de los camareros.
Pero a los denunciantes nos da igual. Si la Administración se obstina en limitarse a ser una escéptica e impasible espectadora de nuestra lucha contra la Tabacalera y su rehén hostelera, ¡sorprendámosle!
Es así de triste, pero es la realidad. Nos han convencido de que vivir sin tener que respirar humo ajeno es más bien un lujo, y la Administración no quiere mover mucho el dedo para que ello sea de otra forma. Parece que si pedimos que se cumpla la Ley, le estamos pidiendo a la Administración favores inmensos antes que exigir derechos básicos. Por tanto, tenemos que pasar el mal trago de emplear nuestro tiempo, dinero y salud mental denunciando a diestro y siniestro.
Todas estas reflexiones me han venido a la cabeza tras leer la historia de José Fernández, quien ha tenido que llevar a juicio a una discoteca. Todo por intentar hacer valer sus derechos. Inexplicablemente, durante estos días le despedimos y le deseamos suerte con la esperanza de no tener que cantarle “Mambrú se fue a la guerra” a partir del 9 de Octubre, fecha en la que tiene el juicio. Esta es una de las realidades de los fumadores pasivos, ¿qué le vamos hacer?
Pues lo siento. La ley sólo ha venido a cumplir –y sin generosidad añadida- con una directiva europea del 2003. La verdad es que no tiene mérito, y si lo tuviera no sería de nadie. Además, lo único que explica el acuerdo entre todos los asistentes al hemiciclo, tan reacios en otros tiempos a la regulación, es su confianza en que la coerción explícita de la Ley no vaya a ser aplicada con la rotundidad que cabría esperar, o se vaya a tardar mucho en ello; más bien lo suficiente como para que la Ley caduque.
No cabe duda: la Administración es cobarde. Prefiere dejar el trabajo sucio a los ciudadanos. Tiene gracia como Doña Helena Salgado no hace más que invitarnos insistentemente a que denunciemos como diciendo: “depende de vosotros que la ley funcione o no, apañaos como podáis”. ¿Para qué ganarnos el odio de los hosteleros y tabaqueros hacia el Estado, si podemos evitar la confrontación directa con ellos usando ciudadanos anónimos como escudos humanos? ¡Claro!, de esta manera, cualquiera de los resultados posibles nos beneficia a los políticos.
Si la Ley no se cumple es porque los ciudadanos no hemos “cumplido” con nuestros deberes, no porque la Administración haya fallado y, por tanto, no ha habido aceptación social que justifique la severidad de la Ley y hemos sido prudentes al postponer su aplicación. Si los ciudadanos se arman de infinito valor y denuncian con tanto entusiasmo que la Ley llega a cumplirse más de lo esperado, entonces los hosteleros no pueden arremeter contra el Estado, contra su incompetencia y contra su amparo de la “competencia” desleal. Ello habrá sido porque los ciudadanos lo han demandado y con el Fuenteovejuna-lo-hizo, todo habrá sido consecuencia del libre albedrío; ¿pero cuál es el mérito del gobierno? Ninguno ¿y qué arriesga? nada.
Dejando a un lado cosas como multas, coerción y otros tabúes electorales, nada habría sido más fácil que aplicar el divide-y-vencerás de manera lógica. Nada más fácil que intentar unir a fumadores pasivos y hosteleros contra la Tabacalera. Pero era un riesgo demasiado alto para el gobierno. Prefirió dividir a todas las partes entre sí con sus estúpidas separaciones en locales de más de 100 metros y su desprecio hacia la salud y el bienestar de los camareros.
Pero a los denunciantes nos da igual. Si la Administración se obstina en limitarse a ser una escéptica e impasible espectadora de nuestra lucha contra la Tabacalera y su rehén hostelera, ¡sorprendámosle!
Es así de triste, pero es la realidad. Nos han convencido de que vivir sin tener que respirar humo ajeno es más bien un lujo, y la Administración no quiere mover mucho el dedo para que ello sea de otra forma. Parece que si pedimos que se cumpla la Ley, le estamos pidiendo a la Administración favores inmensos antes que exigir derechos básicos. Por tanto, tenemos que pasar el mal trago de emplear nuestro tiempo, dinero y salud mental denunciando a diestro y siniestro.
Todas estas reflexiones me han venido a la cabeza tras leer la historia de José Fernández, quien ha tenido que llevar a juicio a una discoteca. Todo por intentar hacer valer sus derechos. Inexplicablemente, durante estos días le despedimos y le deseamos suerte con la esperanza de no tener que cantarle “Mambrú se fue a la guerra” a partir del 9 de Octubre, fecha en la que tiene el juicio. Esta es una de las realidades de los fumadores pasivos, ¿qué le vamos hacer?
La calidad de vida
Dicen que España es un país privilegiado porque aquí se vive muy a gusto. El clima es estupendo, la gastronomía también es excelente, nuestras siestas y fiestas son costumbres muy saludables...
Por otra parte, la economía atraviesa un buen momento y el nivel de vida es alto; el propio de un país desarrollado. En fin, en este ejemplo de sociedad del bienestar, se dan las condiciones idóneas para que cualquiera que haya alcanzado sus metas en la vida, o esté en disposición de hacerlo, pueda considerarse feliz o satisfecho.
Popularmente, se considera que una persona alcanza la felicidad si tiene trabajo, salud y amor. No obstante, aparte de esta trinidad filosófica, en esto de la búsqueda de la felicidad, es difícil que mucha gente pueda considerarse feliz con su vida personal perfecta, su vida familiar perfecta, su vida social perfecta etc.
Como quiera que sea, mi amigo M. J. R. tenía una vida en España “perfecta” desde el punto de vista de cualquiera. Con 30 años de edad, querido por una novia estupenda, con un apoyo familiar ejemplar y con una salud envidiable, lo tenía todo. Además ostentaba un buen prestigioso cargo como ingeniero industrial de la empresa multinacional F. en Madrid.
Y sin embargo, siendo su vida perfecta, había una cosa que para él no lo era, y que quería cambiar. Pero sólo pudo cambiar esa cosa cambiando otras que no deseaba cambiar. El hecho es que a partir de ahora, ni reside en Madrid, ni trabaja para F.
A partir del 1 de Octubre, estrena empleo semejante al que tenía, pero en Boston Massachussets, al otro lado del Atlántico. Existen multitud de criterios por los que alguien puede preferir los Estados Unidos a España pero, ¿es la calidad de vida uno de ellos?
Él es una persona extrovertida y a la que le gusta aprovechar al máximo su tiempo de ocio a su manera. Sale a comer a restaurantes con frecuencia, muchos fines de semana aprovecha para ir de copas. La verdad es que es bastante juerguista y todo lo mencionado bien podría hacerlo en Madrid ¿de la misma manera?. Bueno, aún no he dicho que odia el humo de tabaco a muerte. Aunque hasta a mí me pareció la razón exagerada, el maldito tabaco ha sido en última instancia, además de otras excusas,la gota que ha colmado el vaso a la hora de aceptar la oferta.
Cuando salía a trabajar por la mañana, por los pasillos de las zonas comunes de su condominio: humo de tabaco. Cuando se dirigía al metro, mientras bajaba por las escaleras de la estación: humo de tabaco. Una vez en el trabajo, el cumplimiento de la Ley era laxo y si iba al baño: humo de tabaco. A la hora del desayuno en la cafetería: humo de tabaco. Si tenía que quedarse a comer en el buffet más próximo al centro: humo de tabaco. Si en su día libre iba a un restaurante: humo de tabaco. Si se metía en un bar para tomarse una cerveza: humo de tabaco. Si quería ir al pub o a la discoteca para pegarse un bailoteo: humo de tabaco. Si iba al casino o a la sala de juegos: humo de tabaco. Si tenía que esperar en los andenes de Atocha para coger un cercanías: humo de tabaco etc.
Como estaban hartos han dicho basta. Ya les advertí de que no estaba seguro sobre que tipo de legislación podían tener en Boston. De todas formas, no creemos que vaya a ser como en Madrid.
Me ha dicho que volverán en cuanto los españolitos “hagamos nuestros deberes”. A esto le he respondido que alguna asociación, otra gente, y yo con ellos, nos encargaremos de que su estancia en los Estados Unidos sea lo más breve posible.
Por otra parte, la economía atraviesa un buen momento y el nivel de vida es alto; el propio de un país desarrollado. En fin, en este ejemplo de sociedad del bienestar, se dan las condiciones idóneas para que cualquiera que haya alcanzado sus metas en la vida, o esté en disposición de hacerlo, pueda considerarse feliz o satisfecho.
Popularmente, se considera que una persona alcanza la felicidad si tiene trabajo, salud y amor. No obstante, aparte de esta trinidad filosófica, en esto de la búsqueda de la felicidad, es difícil que mucha gente pueda considerarse feliz con su vida personal perfecta, su vida familiar perfecta, su vida social perfecta etc.
Como quiera que sea, mi amigo M. J. R. tenía una vida en España “perfecta” desde el punto de vista de cualquiera. Con 30 años de edad, querido por una novia estupenda, con un apoyo familiar ejemplar y con una salud envidiable, lo tenía todo. Además ostentaba un buen prestigioso cargo como ingeniero industrial de la empresa multinacional F. en Madrid.
Y sin embargo, siendo su vida perfecta, había una cosa que para él no lo era, y que quería cambiar. Pero sólo pudo cambiar esa cosa cambiando otras que no deseaba cambiar. El hecho es que a partir de ahora, ni reside en Madrid, ni trabaja para F.
A partir del 1 de Octubre, estrena empleo semejante al que tenía, pero en Boston Massachussets, al otro lado del Atlántico. Existen multitud de criterios por los que alguien puede preferir los Estados Unidos a España pero, ¿es la calidad de vida uno de ellos?
Él es una persona extrovertida y a la que le gusta aprovechar al máximo su tiempo de ocio a su manera. Sale a comer a restaurantes con frecuencia, muchos fines de semana aprovecha para ir de copas. La verdad es que es bastante juerguista y todo lo mencionado bien podría hacerlo en Madrid ¿de la misma manera?. Bueno, aún no he dicho que odia el humo de tabaco a muerte. Aunque hasta a mí me pareció la razón exagerada, el maldito tabaco ha sido en última instancia, además de otras excusas,la gota que ha colmado el vaso a la hora de aceptar la oferta.
Cuando salía a trabajar por la mañana, por los pasillos de las zonas comunes de su condominio: humo de tabaco. Cuando se dirigía al metro, mientras bajaba por las escaleras de la estación: humo de tabaco. Una vez en el trabajo, el cumplimiento de la Ley era laxo y si iba al baño: humo de tabaco. A la hora del desayuno en la cafetería: humo de tabaco. Si tenía que quedarse a comer en el buffet más próximo al centro: humo de tabaco. Si en su día libre iba a un restaurante: humo de tabaco. Si se metía en un bar para tomarse una cerveza: humo de tabaco. Si quería ir al pub o a la discoteca para pegarse un bailoteo: humo de tabaco. Si iba al casino o a la sala de juegos: humo de tabaco. Si tenía que esperar en los andenes de Atocha para coger un cercanías: humo de tabaco etc.
Como estaban hartos han dicho basta. Ya les advertí de que no estaba seguro sobre que tipo de legislación podían tener en Boston. De todas formas, no creemos que vaya a ser como en Madrid.
Me ha dicho que volverán en cuanto los españolitos “hagamos nuestros deberes”. A esto le he respondido que alguna asociación, otra gente, y yo con ellos, nos encargaremos de que su estancia en los Estados Unidos sea lo más breve posible.
lunes, septiembre 25, 2006
El crimen arquitectónico de la Ley 28/05
Francamente, el texto de la Ley 28/05 es muy “original”. Lo de rizar el rizo con eso de los compartimentos estancos para fumadores en los locales hosteleros, es un elemento más en el suma y sigue del montante de disparates a los que tratan de acostumbrarnos los políticos.
Obviaré las razones que se me ocurren por las que la puesta en práctica de la división arquitectónica pueda conculcar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales o deslucir las medidas de seguridad que deben ofrecer las macrodiscotecas, pero sí me gustaría insistir en lo absurdo que es en términos arquitectónicos, no sólo por razones de habitabilidad, moda y buen gusto; sino también por razones de tipo psicológico y social.
Es un hecho que cuando buscamos una vivienda o un local, queremos que éste sea espacioso y luminoso; a no ser que suframos de agorafobia. Son las casas con estancias amplias e iluminadas las que la mayoría preferimos como vivienda, al menos así lo leemos en las últimas revistas de arquitectura, bricolaje o decoración.
Si es para montar un negocio, puede ser que no apreciemos en absoluto que nuestra discoteca tenga unas enormes ventanas orientadas al Sur, pero si nos conviene que sea espaciosa y con pocos obstáculos arquitectónicos en lo que deba ser las pista de baile y las zonas de barra. Entonces, ¿para qué levantar tabiques dónde, por el contrario, desearíamos deshacernos de ese maldito pilar o muro de carga?.
Definitivamente, es lógico que los hosteleros se nieguen a construir compartimentos estancos como si sus locales fueran submarinos, mientras tienen que lidiar con la competencia desleal; competencia que el mismo gobierno ha legalizado al permitir fumar sin más en determinados locales, de acuerdo a variables que nadie pudo predecir –locales de menos de 100 metros cuadrados-. Es absurdo levantar obstáculos donde no los había, crear problemas de ventilación donde no los había, cuellos de botella en los accesos que antes no hacía falta que existiesen, barreras arquitectónicas que, en resumidas cuentas, agobian a la vista y estorban. Resumiendo, es un crimen arquitectónico. Todo ello, sin contar con que el pequeño empresario autónomo que creía ser afortunado por tener un local espacioso percibirá, en muchos casos, ese punto de la ley como algo entre el chantaje y la extorsión por parte del Estado, lógicamente.
Todo principalmente a causa de la baldía inversión que ello requiere. No se trata de un gasto suntuario o caprichoso, sino sólo inútil. A simple vista, resulta inexplicable el motivo por el que un gobierno se arriesga a actuar con tanta temeridad y falta de previsión. Pues es ingenuo pensar que el destino final de esos tabiques de separación no va a ser el depósito de escombros. Porque la ley ha de cambiar en poco tiempo, y la única manera de endurecerla, -o más bien dotarla de racionalidad como muchos dicen- es la prohibición general en lugares cerrados.
Teniendo en cuenta que, si alguien acomete este tipo de obras, lo hace con la esperanza de que éstas sean aprovechables durante toda la vida útil del local, se plantean varias cuestiones.
La primera de ellas es el verdadero propósito de tan estrafalario chantaje a los hosteleros, por culpa de la competencia desleal a la que da pie la Ley. Es posible pensar que el gobierno ansiaba el mayor número posible de obras. De esta manera contentaba a la Industria Tabacalera y aseguraba la perpetuidad en el tiempo de las zonas habilitadas para fumadores. Ello sucedería porque una vez hechas las obras, aunque la Ley se endureciese, estas separaciones conservarían su destino como zonas habilitadas para fumadores, posiblemente en virtud del carácter irretroactivo de las disposiciones no favorables, -para los hosteleros y la Industria Tabacalera en este caso-, o una asimilación legal semejante. Pero claro, el mantenimiento de estos fumaderos sólo tiene sentido si el 30% de la población sigue fumando, lo cual demuestra la terrible falta de previsión del gobierno, o pesimismo si piensa que jamás podrá disminuir la proporción de fumadores en este país.
Otra cuestión son los conflictos que origina la separación de estancias entre los fumadores y los no-fumadores pertenecientes a un mismo grupo. Hoy por hoy, el código del fumador se impondrá y si fumadores y no-fumadores pertenecientes a un mismo grupo quieren permanecer juntos en un mismo local de ocio, el escogido será en muchos casos de fumadores. De esta manera, no se elimina el problema de la negociación imposible entre fumadores y no-fumadores ¿o a caso se intentaba que fumadores y no-fumadores formasen grupos sociales separados y definidos sin interacción entre ellos?. Con esto no se consigue proteger la salud de los que no fuman como se pretendía. Tampoco hace falta recordar que los niños no tienen ni voz ni voto frente a sus padres fumadores, padres que entran con sus retoños en los pequeños bares de fumadores sin necesidad de ruborizarse.
En la actualidad, es imposible encontrar soluciones salomónicas al conflicto; no sólo porque los fumadores no quieran o no puedan, sino también porque el diseño legal de la situación no lo facilita. Naturalmente, habría sido más sencillo calcar la legislación italiana y nos habríamos ahorrado gran parte de este incesante dime y te diré entre los hosteleros, el gobierno, los fumadores y los no-fumadores, amen de ladrillos y escombro.
Ni que decir tiene que la única que sale beneficiada de tan extravagante ley, creando confusión y división entre el resto de partes negociadoras –y a la vez adversarias por naturaleza-, no es otra que la Industria Tabacalera.
Obviaré las razones que se me ocurren por las que la puesta en práctica de la división arquitectónica pueda conculcar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales o deslucir las medidas de seguridad que deben ofrecer las macrodiscotecas, pero sí me gustaría insistir en lo absurdo que es en términos arquitectónicos, no sólo por razones de habitabilidad, moda y buen gusto; sino también por razones de tipo psicológico y social.
Es un hecho que cuando buscamos una vivienda o un local, queremos que éste sea espacioso y luminoso; a no ser que suframos de agorafobia. Son las casas con estancias amplias e iluminadas las que la mayoría preferimos como vivienda, al menos así lo leemos en las últimas revistas de arquitectura, bricolaje o decoración.
Si es para montar un negocio, puede ser que no apreciemos en absoluto que nuestra discoteca tenga unas enormes ventanas orientadas al Sur, pero si nos conviene que sea espaciosa y con pocos obstáculos arquitectónicos en lo que deba ser las pista de baile y las zonas de barra. Entonces, ¿para qué levantar tabiques dónde, por el contrario, desearíamos deshacernos de ese maldito pilar o muro de carga?.
Definitivamente, es lógico que los hosteleros se nieguen a construir compartimentos estancos como si sus locales fueran submarinos, mientras tienen que lidiar con la competencia desleal; competencia que el mismo gobierno ha legalizado al permitir fumar sin más en determinados locales, de acuerdo a variables que nadie pudo predecir –locales de menos de 100 metros cuadrados-. Es absurdo levantar obstáculos donde no los había, crear problemas de ventilación donde no los había, cuellos de botella en los accesos que antes no hacía falta que existiesen, barreras arquitectónicas que, en resumidas cuentas, agobian a la vista y estorban. Resumiendo, es un crimen arquitectónico. Todo ello, sin contar con que el pequeño empresario autónomo que creía ser afortunado por tener un local espacioso percibirá, en muchos casos, ese punto de la ley como algo entre el chantaje y la extorsión por parte del Estado, lógicamente.
Todo principalmente a causa de la baldía inversión que ello requiere. No se trata de un gasto suntuario o caprichoso, sino sólo inútil. A simple vista, resulta inexplicable el motivo por el que un gobierno se arriesga a actuar con tanta temeridad y falta de previsión. Pues es ingenuo pensar que el destino final de esos tabiques de separación no va a ser el depósito de escombros. Porque la ley ha de cambiar en poco tiempo, y la única manera de endurecerla, -o más bien dotarla de racionalidad como muchos dicen- es la prohibición general en lugares cerrados.
Teniendo en cuenta que, si alguien acomete este tipo de obras, lo hace con la esperanza de que éstas sean aprovechables durante toda la vida útil del local, se plantean varias cuestiones.
La primera de ellas es el verdadero propósito de tan estrafalario chantaje a los hosteleros, por culpa de la competencia desleal a la que da pie la Ley. Es posible pensar que el gobierno ansiaba el mayor número posible de obras. De esta manera contentaba a la Industria Tabacalera y aseguraba la perpetuidad en el tiempo de las zonas habilitadas para fumadores. Ello sucedería porque una vez hechas las obras, aunque la Ley se endureciese, estas separaciones conservarían su destino como zonas habilitadas para fumadores, posiblemente en virtud del carácter irretroactivo de las disposiciones no favorables, -para los hosteleros y la Industria Tabacalera en este caso-, o una asimilación legal semejante. Pero claro, el mantenimiento de estos fumaderos sólo tiene sentido si el 30% de la población sigue fumando, lo cual demuestra la terrible falta de previsión del gobierno, o pesimismo si piensa que jamás podrá disminuir la proporción de fumadores en este país.
Otra cuestión son los conflictos que origina la separación de estancias entre los fumadores y los no-fumadores pertenecientes a un mismo grupo. Hoy por hoy, el código del fumador se impondrá y si fumadores y no-fumadores pertenecientes a un mismo grupo quieren permanecer juntos en un mismo local de ocio, el escogido será en muchos casos de fumadores. De esta manera, no se elimina el problema de la negociación imposible entre fumadores y no-fumadores ¿o a caso se intentaba que fumadores y no-fumadores formasen grupos sociales separados y definidos sin interacción entre ellos?. Con esto no se consigue proteger la salud de los que no fuman como se pretendía. Tampoco hace falta recordar que los niños no tienen ni voz ni voto frente a sus padres fumadores, padres que entran con sus retoños en los pequeños bares de fumadores sin necesidad de ruborizarse.
En la actualidad, es imposible encontrar soluciones salomónicas al conflicto; no sólo porque los fumadores no quieran o no puedan, sino también porque el diseño legal de la situación no lo facilita. Naturalmente, habría sido más sencillo calcar la legislación italiana y nos habríamos ahorrado gran parte de este incesante dime y te diré entre los hosteleros, el gobierno, los fumadores y los no-fumadores, amen de ladrillos y escombro.
Ni que decir tiene que la única que sale beneficiada de tan extravagante ley, creando confusión y división entre el resto de partes negociadoras –y a la vez adversarias por naturaleza-, no es otra que la Industria Tabacalera.
domingo, septiembre 24, 2006
Aquí no hay quien viva
Hace unos días, gracias al horario canario, he podido ver en la televisión sin caer dormido un episodio de la tan aclamada serie española “Aquí no hay quien viva”. Parece que he debido de dar con el único episodio que guarda relación con el polémico tabaco y sus consumidores, tanto voluntarios como forzosos. Qué oportuno soy.
El presidente de una comunidad de vecinos, harto de ver como se fuma en las zonas comunes, decide adoptar una medida extrema para evitar que siga siendo así en un alarde de rectitud moral: asegurar la prohibición impidiendo mediante cacheos en el portal que el tabaco tan siquiera entre en el edificio. De esta manera, los fumadores no podían fumar ni en su espacio íntimo y privado, es decir, sus propias casas.
De inmediato, se va fraguando el motín de Esquilache. Los detractores de la medida –fumadores-, entre un va y viene de picaresca española, forman una rebelión en el edificio atrincherándose en la casa del propio presidente, al que le impiden la entrada. Su mujer, que permanece con los fumadores, decide adoptar una postura neutral para no dar la razón a su testarudo marido. Desde allí, en otro ejemplo de extremismo, los rebeldes exigen el derecho a fumar en todo el edificio, ascensor incluído.
En cierto momento, el presidente se ve sobrepasado por la situación y se encuentra derrumbado anímicamente al comprobar que, intentando arreglar un problema, ha creado otros, incluido el del contrabando, -representado por la figura de su propio hijo-. Además siente como se está quedando solo en su afán. Entonces, sale a la calle para reflexionar. En ese momento aparece su hija para soltarle un consejo que parece propio del Club de Fumadores por la Tolerancia.
Tras escuchar el fabuloso discurso de su hija, en el que da una lección sobre el valor supremo de la “tolerancia” para resolver la conflictiva situación, el presidente queda impresionado por tan sabias palabras y vuelve a entrar al edificio con la lección aprendida.
La rebelión termina y los guionistas ponen el colofón final mostrándonos al presidente, más que vencido moralmente, fumando en la bañera víctima de la ansiedad, a la vez que trata de ocultarlo ante los rebeldes que lo sorprenden “in fraganti”.
Además del hecho de que en ese edificio se podrá seguir fumando donde se quiera, hemos de suponer muchos otros tópicos dentro de este ni-para-mí-ni-para-ti,-todo-sigue-igual. A saber: que los ex-fumadores que persiguen a los fumadores son los más hipócritas, que el fumador pasivo no existe porque todos queremos fumar cuando nuestro estado de ánimo es el apropiado, que entre tanto clima de inmoralidad y despropósito que más da que la gente fume libremente donde le de la gana, que intentar cambiar esas cosas genera conflictos donde no los hay etc, etc.
Suponemos que es una comedia sin segundas intenciones. Como la gente sólo percibe a través de la televisión imagen y sonido, sin ese tufillo inconfundible con el sentido del olfato –Dios nos libre-, muchos no sabrán lo que se puede llegar a sufrir “tolerando” ese humo de tabaco por los rellanos de escalera y ascensores.
De cualquier forma, aunque tenga gracia la historia del episodio, los mensajes que se lanzan no la tienen.
El presidente de una comunidad de vecinos, harto de ver como se fuma en las zonas comunes, decide adoptar una medida extrema para evitar que siga siendo así en un alarde de rectitud moral: asegurar la prohibición impidiendo mediante cacheos en el portal que el tabaco tan siquiera entre en el edificio. De esta manera, los fumadores no podían fumar ni en su espacio íntimo y privado, es decir, sus propias casas.
De inmediato, se va fraguando el motín de Esquilache. Los detractores de la medida –fumadores-, entre un va y viene de picaresca española, forman una rebelión en el edificio atrincherándose en la casa del propio presidente, al que le impiden la entrada. Su mujer, que permanece con los fumadores, decide adoptar una postura neutral para no dar la razón a su testarudo marido. Desde allí, en otro ejemplo de extremismo, los rebeldes exigen el derecho a fumar en todo el edificio, ascensor incluído.
En cierto momento, el presidente se ve sobrepasado por la situación y se encuentra derrumbado anímicamente al comprobar que, intentando arreglar un problema, ha creado otros, incluido el del contrabando, -representado por la figura de su propio hijo-. Además siente como se está quedando solo en su afán. Entonces, sale a la calle para reflexionar. En ese momento aparece su hija para soltarle un consejo que parece propio del Club de Fumadores por la Tolerancia.
Tras escuchar el fabuloso discurso de su hija, en el que da una lección sobre el valor supremo de la “tolerancia” para resolver la conflictiva situación, el presidente queda impresionado por tan sabias palabras y vuelve a entrar al edificio con la lección aprendida.
La rebelión termina y los guionistas ponen el colofón final mostrándonos al presidente, más que vencido moralmente, fumando en la bañera víctima de la ansiedad, a la vez que trata de ocultarlo ante los rebeldes que lo sorprenden “in fraganti”.
Además del hecho de que en ese edificio se podrá seguir fumando donde se quiera, hemos de suponer muchos otros tópicos dentro de este ni-para-mí-ni-para-ti,-todo-sigue-igual. A saber: que los ex-fumadores que persiguen a los fumadores son los más hipócritas, que el fumador pasivo no existe porque todos queremos fumar cuando nuestro estado de ánimo es el apropiado, que entre tanto clima de inmoralidad y despropósito que más da que la gente fume libremente donde le de la gana, que intentar cambiar esas cosas genera conflictos donde no los hay etc, etc.
Suponemos que es una comedia sin segundas intenciones. Como la gente sólo percibe a través de la televisión imagen y sonido, sin ese tufillo inconfundible con el sentido del olfato –Dios nos libre-, muchos no sabrán lo que se puede llegar a sufrir “tolerando” ese humo de tabaco por los rellanos de escalera y ascensores.
De cualquier forma, aunque tenga gracia la historia del episodio, los mensajes que se lanzan no la tienen.
jueves, septiembre 21, 2006
Esa prensa irresponsable del pasado
Me siguen llamando la atención los políticos demagogos y los periodistas tendenciosos. No culpo a los políticos, ya que en realidad hacen su trabajo, pero no sucede así con los periodistas. Sin generalizar, gran parte del gremio periodístico de este país mantiene una actitud deleznable en esto de las guerras del tabaco, al mostrar de manera tan explícita una severa falta de ética profesional. Afortunadamente para nosotros, durante estos últimos días han aparecido ejemplos que apuntan a un posible cambio de tendencia.
Hace ya algunos años que se habla de un cuarto poder en los estados libres. Además de los tres tradicionales, se dice que la prensa es ese que viene a establecer una especie de moderación y arbitraje indirecto entre los otros tres, en virtud de la puesta en conocimiento de sus posibles desmanes ante los votantes. De ahí la importancia de la tendencia que mayoritariamente se aprecie.
Obviamente, una columna informativa no da mucho juego y a veces sólo apreciamos una fina ironía en una cabecera. Pero si analizamos artículos de opinión referentes al polémico tabaco, veremos como con incomprensible frecuencia criticarán las políticas encaminadas a la regulación del tabaco. Por tanto, quieran o no, estarán de parte de la Industria Tabacalera. A veces, sencillamente exhiben el resultado de un obsceno intellectum tibi dabo facilitado directamente por ciertos adoctrinadores.
Estos columnistas, aunque poco originales, son doctos en el uso de los símiles que ya conocemos. El objetivo siempre es el mismo: desacreditar la legitimidad de las tímidas políticas prohibicionistas que nuestros gobiernos tratan de sacar adelante.
Para ello, el calado social se consigue fácilmente tachando estas políticas reguladoras de fascistas, de tiránicas, de metomentodo etc. Con estas mareas de improperiosos calificativos, pretenden convencer al ciudadano medio de que los malvados políticos una vez más juegan con ellos. Si antes les subió los impuestos o les obligó a hacer cola en el INEM, ahora, el avieso gobierno, quiere controlar sus vidas y su ego arrebatándoles el cigarrillo de sus labios para convertirlos en unos fundamentalistas de la salud, en unos estetas y en unos obsesos del deporte y de la vida sana. Todo a costa de un nuevo recorte en sus ya exiguos derechos.
Claro que, como la restricción en sí no se antoja lo bastante traumática y sensacionalista, hay que aderezar este que-viene-el-lobo de alguna forma. Por fortuna para los periodistas estos, es fácil viciar la ya de por sí malpensada e infantil mente del lector planteándole nuevas incertidumbres. Porque lo peor de todo con la nueva restricción, es que el gobierno no se va a detener ahí. Si ahora son los fumadores, los siguientes serán los gordos, después la tomarán con los calvos y, al final, sabe Dios que otras atrocidades puede cometer este gobierno desbocado, cegado por sus ansias de control y manipulación. En fin, que al final acabaran viviendo en un estado totalitarista u orweliano, dominados por un ente paternalista y aguafiestas que les impide disfrutar de los placeres de la vida.
No obstante, como insinuaba al principio, intuyo que el número de artículos que detallan de manera favorable para nuestros intereses el problema, va en exponencial aumento. Es esperanzador ver como día a día aparecen nuevos textos en los se destapa el perjuicio sanitario y social que el cigarro causa en sus diferentes manifestaciones; cada vez más se hacen eco de la importancia de esa nueva figura que no terminaba de reconocerse como real o relevante: el fumador pasivo; ya hay muchos artículos de opinión en los que su autores reconocen lo que nosotros ya sabíamos desde el principio: que para solucionar este problema quizás sólo puedan funcionar políticas de corte prohibicionista. En fin, creo que los periodistas de nueva generación por fin pasan página y ejercen su labor con más responsabilidad, profesionalidad e imparcialidad que los anteriores. Sus opiniones parecen más lógicas y serias; quizás porque estén suficientemente pagados, o quizás porque ya no haya tantos periodistas que pierdan la objetividad practicando, como Iñaki Ezkerra decía en uno de sus artículos al efecto, ese deporte de riesgo: fumar.
Hace ya algunos años que se habla de un cuarto poder en los estados libres. Además de los tres tradicionales, se dice que la prensa es ese que viene a establecer una especie de moderación y arbitraje indirecto entre los otros tres, en virtud de la puesta en conocimiento de sus posibles desmanes ante los votantes. De ahí la importancia de la tendencia que mayoritariamente se aprecie.
Obviamente, una columna informativa no da mucho juego y a veces sólo apreciamos una fina ironía en una cabecera. Pero si analizamos artículos de opinión referentes al polémico tabaco, veremos como con incomprensible frecuencia criticarán las políticas encaminadas a la regulación del tabaco. Por tanto, quieran o no, estarán de parte de la Industria Tabacalera. A veces, sencillamente exhiben el resultado de un obsceno intellectum tibi dabo facilitado directamente por ciertos adoctrinadores.
Estos columnistas, aunque poco originales, son doctos en el uso de los símiles que ya conocemos. El objetivo siempre es el mismo: desacreditar la legitimidad de las tímidas políticas prohibicionistas que nuestros gobiernos tratan de sacar adelante.
Para ello, el calado social se consigue fácilmente tachando estas políticas reguladoras de fascistas, de tiránicas, de metomentodo etc. Con estas mareas de improperiosos calificativos, pretenden convencer al ciudadano medio de que los malvados políticos una vez más juegan con ellos. Si antes les subió los impuestos o les obligó a hacer cola en el INEM, ahora, el avieso gobierno, quiere controlar sus vidas y su ego arrebatándoles el cigarrillo de sus labios para convertirlos en unos fundamentalistas de la salud, en unos estetas y en unos obsesos del deporte y de la vida sana. Todo a costa de un nuevo recorte en sus ya exiguos derechos.
Claro que, como la restricción en sí no se antoja lo bastante traumática y sensacionalista, hay que aderezar este que-viene-el-lobo de alguna forma. Por fortuna para los periodistas estos, es fácil viciar la ya de por sí malpensada e infantil mente del lector planteándole nuevas incertidumbres. Porque lo peor de todo con la nueva restricción, es que el gobierno no se va a detener ahí. Si ahora son los fumadores, los siguientes serán los gordos, después la tomarán con los calvos y, al final, sabe Dios que otras atrocidades puede cometer este gobierno desbocado, cegado por sus ansias de control y manipulación. En fin, que al final acabaran viviendo en un estado totalitarista u orweliano, dominados por un ente paternalista y aguafiestas que les impide disfrutar de los placeres de la vida.
No obstante, como insinuaba al principio, intuyo que el número de artículos que detallan de manera favorable para nuestros intereses el problema, va en exponencial aumento. Es esperanzador ver como día a día aparecen nuevos textos en los se destapa el perjuicio sanitario y social que el cigarro causa en sus diferentes manifestaciones; cada vez más se hacen eco de la importancia de esa nueva figura que no terminaba de reconocerse como real o relevante: el fumador pasivo; ya hay muchos artículos de opinión en los que su autores reconocen lo que nosotros ya sabíamos desde el principio: que para solucionar este problema quizás sólo puedan funcionar políticas de corte prohibicionista. En fin, creo que los periodistas de nueva generación por fin pasan página y ejercen su labor con más responsabilidad, profesionalidad e imparcialidad que los anteriores. Sus opiniones parecen más lógicas y serias; quizás porque estén suficientemente pagados, o quizás porque ya no haya tantos periodistas que pierdan la objetividad practicando, como Iñaki Ezkerra decía en uno de sus artículos al efecto, ese deporte de riesgo: fumar.
domingo, septiembre 17, 2006
Una concesión para los fumadores
Como medida puente, previa a la imposición por parte de los estados de mecanismos destinados a la reducción drástica del consumo de tabaco, es posible que a muchos se les ocurra llevar a cabo esta idea, en tanto la Industria Tabacalera no proceda de manera definitiva a su reconversión:
Si los establecimientos destinados a la venta de tabaco son números clausos –estancos- y las licencias son concedidas por la Administración mediante licitación, el propietario que quiera que en su local se pueda consumir tabaco deberá licitar igualmente en condiciones análogas a las de los candidatos a estanquero. Es decir, igualmente deberá legalizarse la posibilidad de fumar en virtud de una concesión gubernamental.
Con esta estrategia, el Estado ejerce un control constante en el tiempo de la oferta y la demanda de tabaco. Por otra parte, son los propietarios con licencia los primeros interesados en que en el resto de locales –que no pagan licencia- no permitan fumar. De esta manera, se evitan conflictos derivados de la competencia desleal y la Administración se ahorra presupuesto en inspección y policía.
Por otro lado, los fumadores disponen de un local específico en el que fumar debidamente acondicionado. Ni que decir tiene que, el propietario con licencia, tiene el negocio asegurado gracias a su exclusividad en la oferta.
En cuanto al resto de los locales en los que está prohibido fumar, las reglas de la oferta y la demanda se cumplen redundando en el beneficio general, sin la interferencia del conflictivo tabaco.
Si los establecimientos destinados a la venta de tabaco son números clausos –estancos- y las licencias son concedidas por la Administración mediante licitación, el propietario que quiera que en su local se pueda consumir tabaco deberá licitar igualmente en condiciones análogas a las de los candidatos a estanquero. Es decir, igualmente deberá legalizarse la posibilidad de fumar en virtud de una concesión gubernamental.
Con esta estrategia, el Estado ejerce un control constante en el tiempo de la oferta y la demanda de tabaco. Por otra parte, son los propietarios con licencia los primeros interesados en que en el resto de locales –que no pagan licencia- no permitan fumar. De esta manera, se evitan conflictos derivados de la competencia desleal y la Administración se ahorra presupuesto en inspección y policía.
Por otro lado, los fumadores disponen de un local específico en el que fumar debidamente acondicionado. Ni que decir tiene que, el propietario con licencia, tiene el negocio asegurado gracias a su exclusividad en la oferta.
En cuanto al resto de los locales en los que está prohibido fumar, las reglas de la oferta y la demanda se cumplen redundando en el beneficio general, sin la interferencia del conflictivo tabaco.
sábado, septiembre 16, 2006
Fumadores y gasto sanitario
¿Deberían los fumadores ser excluidos del sistema sanitario público?
Si los fumadores fuesen excluidos del sistema sanitario público, o hiciesen uso de él a mayor precio, no estarían siendo discriminados, si no que estarían recibiendo un trato adecuado al superior gasto sanitario que ocasionan.
Si el fumar es un acto libre del que sólo el fumador es responsable, éste ha de asumir todas sus consecuencias y, entre ellas, las económicas derivadas del daño a la salud que el tabaco le produce.
En ese caso, el fumador no estaría siendo recriminado en base a su comportamiento antisocial o insolidario para con el resto de usuarios del sistema público. Sencillamente estaría recibiendo un trato justo en función de una realidad estadística aplicada por igual a todos los usuarios.
Al fumador no se le estaría dando trato discriminatorio porque no se le habría juzgado por motivos raciales, religiosos o políticos, por ejemplo. Sólo se le estaría tratando en consecuencia con el mayor gasto que con su actitud ocasiona.
Por tanto, si el fumador se beneficia del sistema sanitario público en las mismas condiciones que el no-fumador, ello es porque está recibiendo un trato de favor por parte del Estado.
Entonces, la solución justa para los fumadores, podría estar en la contratación de seguros privados si son apartados del sistema público. Teniendo en cuenta las evidentes relaciones causa-efecto entre fumar y ciertas enfermedades, es lógico que, si a consecuencia de ello, alguien precisa un tratamiento específico, éste deba procurárselo él mismo pagándolo de su bolsillo.
Si por el contrario, asumimos que el fumador no es libre sino que su voluntad ha sido anulada por la adicción, y damos por sentado que su beneficiaria económica es la Industria Tabacalera, entonces podremos señalar como responsable a ésta.
En ese caso, el exceso de gasto sanitario debería repercutir integramente en la Industria Tabacalera. Si atendemos al desorbitado nivel de tabaquismo entre los usuarios del sistema sanitario público y lo comparamos con las bajas tasas fiscales aplicadas al producto; de la ratio resultante podremos deducir que en España esta compensación del gasto no se produce.
Si los fumadores fuesen excluidos del sistema sanitario público, o hiciesen uso de él a mayor precio, no estarían siendo discriminados, si no que estarían recibiendo un trato adecuado al superior gasto sanitario que ocasionan.
Si el fumar es un acto libre del que sólo el fumador es responsable, éste ha de asumir todas sus consecuencias y, entre ellas, las económicas derivadas del daño a la salud que el tabaco le produce.
En ese caso, el fumador no estaría siendo recriminado en base a su comportamiento antisocial o insolidario para con el resto de usuarios del sistema público. Sencillamente estaría recibiendo un trato justo en función de una realidad estadística aplicada por igual a todos los usuarios.
Al fumador no se le estaría dando trato discriminatorio porque no se le habría juzgado por motivos raciales, religiosos o políticos, por ejemplo. Sólo se le estaría tratando en consecuencia con el mayor gasto que con su actitud ocasiona.
Por tanto, si el fumador se beneficia del sistema sanitario público en las mismas condiciones que el no-fumador, ello es porque está recibiendo un trato de favor por parte del Estado.
Entonces, la solución justa para los fumadores, podría estar en la contratación de seguros privados si son apartados del sistema público. Teniendo en cuenta las evidentes relaciones causa-efecto entre fumar y ciertas enfermedades, es lógico que, si a consecuencia de ello, alguien precisa un tratamiento específico, éste deba procurárselo él mismo pagándolo de su bolsillo.
Si por el contrario, asumimos que el fumador no es libre sino que su voluntad ha sido anulada por la adicción, y damos por sentado que su beneficiaria económica es la Industria Tabacalera, entonces podremos señalar como responsable a ésta.
En ese caso, el exceso de gasto sanitario debería repercutir integramente en la Industria Tabacalera. Si atendemos al desorbitado nivel de tabaquismo entre los usuarios del sistema sanitario público y lo comparamos con las bajas tasas fiscales aplicadas al producto; de la ratio resultante podremos deducir que en España esta compensación del gasto no se produce.
jueves, septiembre 14, 2006
El anuncio de un automóvil
Me ha llamado la atención el anuncio en TV del nuevo SEAT Altea. En él se hace referencia a los espacios vitales y sus conflictos, así como a los conceptos de respeto y renuncia. Está muy bien representada gráficamente la cuestión. El lema final del anuncio es “respeta tu espacio vital”, aludiendo a lo espacioso del habitáculo. Esto ha hecho que me pregunte si los publicistas de SEAT pensaron en el tabaco y el fumador pasivo cuando se les ocurrió eso de los “espacios vitales”, puesto que el acto de fumar en espacios públicos constituye una de las mayores y más frecuentes violaciones de nuestro espacio vital.
domingo, septiembre 10, 2006
Fumar y perfumar
Hace tiempo que llegué a pensar que uno de los rasgos fundamentales en base al los que se debería redefinir el concepto de fumador pasivo es el aspecto sensorial. Pues las consideraciones médico-sanitarias en forma de daño efectivo a la salud, son sólo un aspecto más del problema. Analizando el aspecto olfativo de la combustión del cigarro, encontramos la paradoja del perfume.
A menudo, mucha gente se gasta auténticos dinerales , -no tanto como en tabaco- en colonias y perfumes de moda. Cuando alguien sale de casa para hacer vida social, quiere dejar una esencia que le caracterice, que le de clase, que seduzca… En definitiva, quiere causar buena impresión a través del olfato con un perfume agradable a éste sentido con el objeto de sentirse cómodo, admirado o deseado.
Curiosamente, en muchos de los lugares de encuentro donde deberíamos exhibir nuestra esencia existe una interferencia sensorial inconfundible: el hedor del hollín y de la nicotina de cigarro consumido.
Queriendo sacar provecho de su tiempo libre, mujeres y hombres se perfuman con sofisticadas fragancias para ir al bar o la discoteca de moda con la esperanza de disfrutar relacionándose con sus congéneres. Pero, al poco rato de estar allí, la fragancia predominante no es ni Hugo Boss, ni Ameridge de Givenghi, ni Calvin Clain. La monótona fragancia que invariablemente despiden los cuerpos y las ropas de los asistentes al antro es la que ya sabéis.
Y a pesar de todo, los fumadores pasivos seguimos exhibiendo orgullosos nuestro aguante estoico, nos resignamos y volvemos a nuestras casas oliendo a lo de siempre, fin de semana tras fin de semana…
A menudo, mucha gente se gasta auténticos dinerales , -no tanto como en tabaco- en colonias y perfumes de moda. Cuando alguien sale de casa para hacer vida social, quiere dejar una esencia que le caracterice, que le de clase, que seduzca… En definitiva, quiere causar buena impresión a través del olfato con un perfume agradable a éste sentido con el objeto de sentirse cómodo, admirado o deseado.
Curiosamente, en muchos de los lugares de encuentro donde deberíamos exhibir nuestra esencia existe una interferencia sensorial inconfundible: el hedor del hollín y de la nicotina de cigarro consumido.
Queriendo sacar provecho de su tiempo libre, mujeres y hombres se perfuman con sofisticadas fragancias para ir al bar o la discoteca de moda con la esperanza de disfrutar relacionándose con sus congéneres. Pero, al poco rato de estar allí, la fragancia predominante no es ni Hugo Boss, ni Ameridge de Givenghi, ni Calvin Clain. La monótona fragancia que invariablemente despiden los cuerpos y las ropas de los asistentes al antro es la que ya sabéis.
Y a pesar de todo, los fumadores pasivos seguimos exhibiendo orgullosos nuestro aguante estoico, nos resignamos y volvemos a nuestras casas oliendo a lo de siempre, fin de semana tras fin de semana…
sábado, septiembre 09, 2006
Fumar y conducir
Puede que no se deba criminalizar ni sancionar el consumo del tabaco per se. Generalmente sólo se debe sancionar el acto de fumar cuando atenta contra derechos legítimos de terceros. Pues, ciertamente, el daño causado por el fumador es involuntario o accidental. También es verdad, que un estado no debe imponer la virtud, pues revelaríamos maneras de un Estado moralista en sentido impositivo, aún cuando parezca legítimo el ejercicio, por parte de ese Estado, de una labor de concienciación y orientación.
La necesidad de regular el consumo de tabaco no obedece a una cuestión moral, sólo tiene que ver con una cuestión de justicia i.e. de lealtad a un código ético que nos es común. Tal conjunto de costumbres por las que se rigen las relaciones humanas en una sociedad civilizada, constituyen las bases de nuestra convivencia. Se busca la salvaguarda del espacio vital ajeno, cuya indemnidad sólo es posible en tal caso cuando el respeto mutuo, basado en la lealtad a un código justo, prevalece.
Por tanto, en lo que a la regulación del consumo de tabaco respecta, no existe un fin moralista; sólo existe la aplicación de un código ético de conducta cuando se lleva a cabo ese acto concreto.
La regulación de la conducción de vehículos por parte del Estado es análoga a la del acto de fumar.
Nadie puede decir que la imposición del Código de Circulación sea moralista porque coarte la libertad de los conductores. Es algo necesario para regular el tráfico rodado, para evitar la congestión y las colisiones. Es un código impuesto –pero aceptado por la comunidad- cuyo objeto es el de evitar accidentes i.e. el bien común.
Si el Estado prohíbe el acceso de vehículos particulares a una calle en un sentido para habilitar un carril de autobuses urbanos o una zona peatonal, no diremos que está coartando la libertad de los conductores que habitualmente solían recorrer la calle en ese sentido. El conductor tiene, efectivamente, su libertad deambulatoria limitada en base a la prohibición; para la comunidad de peatones y conductores –en su conjunto pues- hablaremos de regulación.
Por otro lado, esos mismos conductores siguen siendo libres para buscar una ruta alternativa y llegar a su destino. Siendo así, ¿diríamos que los conductores están siendo perseguidos o que son víctimas de un moralismo impuesto? No.
De la misma manera, si en un local se prohíbe concretamente fumar, el fumador hará uso de su libertad deambulatoria y saldrá a la calle para encender su cigarro; sin que ello suponga un moralismo impuesto en base a la prohibición.
La necesidad de regular el consumo de tabaco no obedece a una cuestión moral, sólo tiene que ver con una cuestión de justicia i.e. de lealtad a un código ético que nos es común. Tal conjunto de costumbres por las que se rigen las relaciones humanas en una sociedad civilizada, constituyen las bases de nuestra convivencia. Se busca la salvaguarda del espacio vital ajeno, cuya indemnidad sólo es posible en tal caso cuando el respeto mutuo, basado en la lealtad a un código justo, prevalece.
Por tanto, en lo que a la regulación del consumo de tabaco respecta, no existe un fin moralista; sólo existe la aplicación de un código ético de conducta cuando se lleva a cabo ese acto concreto.
La regulación de la conducción de vehículos por parte del Estado es análoga a la del acto de fumar.
Nadie puede decir que la imposición del Código de Circulación sea moralista porque coarte la libertad de los conductores. Es algo necesario para regular el tráfico rodado, para evitar la congestión y las colisiones. Es un código impuesto –pero aceptado por la comunidad- cuyo objeto es el de evitar accidentes i.e. el bien común.
Si el Estado prohíbe el acceso de vehículos particulares a una calle en un sentido para habilitar un carril de autobuses urbanos o una zona peatonal, no diremos que está coartando la libertad de los conductores que habitualmente solían recorrer la calle en ese sentido. El conductor tiene, efectivamente, su libertad deambulatoria limitada en base a la prohibición; para la comunidad de peatones y conductores –en su conjunto pues- hablaremos de regulación.
Por otro lado, esos mismos conductores siguen siendo libres para buscar una ruta alternativa y llegar a su destino. Siendo así, ¿diríamos que los conductores están siendo perseguidos o que son víctimas de un moralismo impuesto? No.
De la misma manera, si en un local se prohíbe concretamente fumar, el fumador hará uso de su libertad deambulatoria y saldrá a la calle para encender su cigarro; sin que ello suponga un moralismo impuesto en base a la prohibición.
miércoles, septiembre 06, 2006
Victoria del civismo en los tribunales
Aunque el tema no está directamente relacionado con los que aquí solemos tratar, me ha parecido interesante publicar esta sentencia.
Varios vecinos afectados por el ruido objeto de la demanda, hemos conseguido doblegar al poderoso ayuntamiento de un municipio de 20.000 habitantes.
Unos pocos se enfrentaban a muchos con escasa esperanza de conseguir el objetivo: obligar a un ayuntamiento a que ejerciese funciones de policía que le eran propias. Aún así, con algo de esfuerzo y con mucha paciencia, la perseverancia ha dado su fruto.
No entraré en detalles para explicar las pueblerinas razones por las que una Administración amparó los intereses particulares de una actividad privada hasta sus últimas consecuencias, aún a riesgo de poner en peligro la paciencia y la salud de cientos de vecinos, y de ver vilipendiado su prestigio.
Como quiera que sea, la sensación que queda después de recibir la sentencia es de optimismo. Pues el logro conseguido viene a evidenciar la capacidad del administrado para marcar la diferencia y someter a su entorno social al cambio. Por tanto, se pone de manifiesto el hecho de que la interacción entre la Administración y el administrado, no consiste en una mera relación de poder por un lado y de sumisión por otro.
La actuación en este caso del Ayuntamiento no era compatible con la razón de su existencia. Un ayuntamiento se instituye con un fin práctico: el del servicio a los vecinos y la protección de sus derechos en el ámbito territorial correspondiente. Por el contrario, la naturaleza electoral de un equipo de gobierno, hace que aparentemente este fin entre en conflicto con la necesitad perentoria de mantenerse en el poder. Si tal conflicto no se resuelve preservando el fin primordial, hablaremos de incompetencia de sus miembros. También puede ocurrir que la correcta gestión de los servicios municipales, entre en conflicto con los intereses particulares de todos o algunos de sus miembros. Dicho de otra forma: En el primer caso, hablaríamos de electoralismo irresponsable; en el segundo, existiría riesgo de corrupción.
En ambos casos, se crean situaciones propicias para que la actuación administrativa se vicie o desvíe, de manera que no sirva al interés público o que no se ajuste a derecho. Es por ello, por lo que aquí entra en juego la responsabilidad del ciudadano ejerciendo una labor, en cierto modo, de fiscalización –sobre todo por cuanto repercuta en sus derechos-.
La figura del Defensor del Pueblo, en otras administraciones ejerce esa labor, y la de la protección de derechos considerados fundamentales. No obstante, la iniciativa para promover sus actuaciones, suele partir del ciudadano en lo que a la lucha por derechos particulares concretos concierne.
Sin embargo, como muchos sabrán, las decisiones de esta figura administrativa, -a menudo en forma de recomendaciones-, no son vinculantes. Esto implica que el respeto a ellas tendrá su límite en la conveniencia política. Además, estas recomendaciones, a veces son más bien “vinculadas”, por así decirlo –recuérdese la posición del Defensor del Pueblo respecto a la prohibición de vender tabaco en kioscos-. Éste no fue el caso y la resolución del Defensor del Pueblo Andaluz fue la esperada i.e. adecuada a nuestros intereses.
Al final, el equipo de gobierno, se mostró incapaz de superar su propia incompetencia de facto, y continuó sin poder evitar el atropello a los derechos de los vecinos, al insistir en auspiciar el funcionamiento de la actividad privada talis qualis, permitiendo la vulneración del derecho al descanso y a la intimidad de los vecinos. Por ello, hubo que hacer uso del último recurso: La Justicia.
La sentencia es única en España, por cuanto la actividad denunciada tiene lugar sólamente durante cinco días al año; carácter temporal, que hacía más difícil la estimación de la demanda. Aún así, quedó constatado que la protección a los derechos antes mencionados, ha de ser permanente en la medida de lo posible, más allá de otras consideraciones.
He aquí el texto íntegro de la sentencia. Sólo he ocultado los datos del denunciante. De cualquier forma, espero que su lectura anime a la lucha por sus derechos a todos aquellos que sean agraviados por la mala actuación u omisión de la Administración. El quehacer de la Administración a veces no es reflejo del civismo que la ciudadanía se merece y, con demasiada frecuencia, se obstina en actuar ella misma de manera poco ética o contra derecho. En este caso, amparaba las actividades ilegales de otros por motivos ajenos al interés público…
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NUMERO 1 DE ALMERIA
C/ CANONIGO MOLINA ALONSO, 8 - 4a Pta. 04005
Tel.: 950-00-26-93 Fax: 950-00-26-97
N.I.G.: 0401345020050000878
Procedimiento: ORDINARIO 388/2005. Negociado: AL
Recurrente: M. S. L. Letrado: ELENA ISABEL CARA FUENTES
Procurador: SALVADOR MARTIN ALCALDE
Demandado/os: AYUNTAMIENTO DE NÍJAR
Representante: LETRADO DEL AREA DE APOYO A MUNICIPIOS DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALMERIA
Letrados: LETRADO DEL AREA DE APOYO A MUNICIPIOS DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALMERIA Procuradores:
Acto recurrido: desestimación presunta por silencio administrativo de la solicitud formulada por el recurrente frente al Ayuntamiento de Níjar en petici6n de traslado de la caseta de feria conocida como "El Bancal6n" por exceso de ruidos y contaminación acústica.
SENTENCIA NUM.- 243/2006
En la ciudad de Almería, a dieciséis de junio de dos mil seis.
En nombre de S. M. El Rey, el Ilmo. Sr. Don Tomas Cobo Olvera, Magistrado Juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Núm. 1 de los de Almería, ha visto los presentes autos de recurso contencioso administrativo num. 388/05, tramitados por las normas del procedimiento ordinario, en cuantía indeterminada, en la que ha sido parte demandante Don M.S.L, representado por el Procurador D. Salvador Martín Alcalde y asistido de la Letrada Don Elena Isabel Cara Fuentes, y siendo parte demandada el Ayuntamiento de Níjar, representada y dirigida por el/la Letrado/a Don Maria del Mar Cabrerizo Fernández; sobre solicitud en materia de Medio Ambiente.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por el actor se anunció recurso contencioso administrativo en fecha 12 de julio de 2.005, contra desestimación presunta por silencio administrativo de la solicitud formulada por el recurrente frente al Ayuntamiento de Níjar en petición de traslado de la caseta de feria conocida como "El Bancalón" por exceso de ruidos y contaminación acústica.
SEGUNDO.- Por providencia de 13 de julio de 2.005, se requirió a la Administración demandada a fin de que remitiera el expediente administrativo objeto de recurso. Recibido el expediente por providencia de 21 de octubre de 2.005 se ordena su entrega al recurrente para deducir demanda, tramite que cumplimento con fecha 24 de noviembre de 2.005, en la que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando que se dictara sentencia estimando la demanda.
TERCERO.- Por providencia de 25 de noviembre de 2.005, se da traslado del expediente administrativo y de la demanda a la representación procesal de la parte demandada para que la contestara. Trámite que cumplimentó con fecha 23 de diciembre de 2005, en el que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando que se dictara sentencia por la que se desestime la demanda.
CUARTO.- Por auto de 27 de diciembre de 2.005, se abrió periodo de prueba, declarándose pertinentes las propuestas por las partes, practicándose, cuyo resultado consta en autos.
QUINTO.- Por providencia de 2-5-06 se acordó el tramite de conclusiones, requiriendo a las partes para su evacuación.
SEXTO.- Por providencia de 15 de junio de 2.006, se tienen por evacuado el tramite de conclusiones, quedando los autos conclusos para sentencia.
SEPTIMO.- En la tramitación del presente recurso se han observado todas las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- El objeto del presente recurso lo constituye la impugnación de la resolución desestimatoria presunta por silencio administrativo de la solicitud realizada por el actor ante el Ayuntamiento de Níjar, de traslado de la caseta de feria conocida como "El Bancalón", por exceso de ruidos y contaminación acústica.
SEGUNDO.- Alega la Administración como causa de inadmisibilidad del recurso, que el objeto del mismo no es susceptible de impugnación.
En realidad la Administración lo que plantea es la causa de inadmisibilidad procesal al amparo del art. 69. c) de la LJCA, por entender que la parte actora ha incurrido en desviación procesal, al plantear en su demanda una cuestión nueva, que no fue suscitada previamente ni en la vía administrativa, ni en el escrito de interposición del recurso lo cual es contrario al carácter revisor de la presente jurisdicción, concretamente la desviación procesal la ubica la Administración en la petición de indemnización por daños y perjuicios.
Es cierto, como dice la Administración que el Tribunal Supremo de forma reiterada ha señalado: "Se da una desviación por esta causa cuando realmente se produzca una discordancia objetiva entre lo pedido, pretendido en vía administrativa y lo interesado en vía jurisdiccional" (SSTS. 24 de febrero de 2.003, de 18 de febrero de 1999, de 23 de abril de 1998, de 1 de julio de 1997, de 8 de noviembre de 1983, 22 de enero, 17 de febrero y 31 de marzo de 1973, 15 de marzo de 1965, entre otras).
Sin embargo, en nuestro ordenamiento la regla general a la que hace referencia la jurisprudencia indicada, tiene su excepción que en cuanto a la indemnización de daños y perjuicios no siempre es necesario de forma independiente reclamarlos en vía administrativa.
El art. 31.2 de la LJCA determina que también podrá pretender el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas adecuadas para el pleno restablecimiento de la misma, entre ellas la indemnización de los daños y perjuicios, cuando proceda.
El art. 65.3 de la LJCA señala que en el acto de la vista, o en el escrito de conclusiones, el demandante podrá solicitar que la sentencia formule pronunciamiento concreto sobre la existencia y cuantía de los daños y perjuicios de cuyo resarcimiento se trate, si contasen ya probados en autos.
El art. 71.1 de la propia LJCA., dice en su apartado d) que si fuera estimada una pretensión de resarcir daños y perjuicios, se declarara en todo caso el derecho a la reparación, señalando asimismo quien viene obligado a indemnizar. La sentencia fijara también la cuantía de la indemnización cuando lo pida expresamente el demandante y conste probados en autos elementos suficientes para ello. En otro caso, se establecerán las bases para la determinación de la cuantía, cuya concreción quedará diferida al periodo de ejecución de sentencia.
Pues bien, cuando la indemnización de daños y perjuicios constituye la pretensión básica o única, será necesario su reconocimiento o solicitud en vía administrativa antes de acudir a la vía judicial contenciosa. Esto es así, porque la indemnización no deriva de la anulación del acto o de la declaración de ilegalidad de la actuación administrativa que dio lugar al proceso y consiste en una pretensión autónoma, deberá formularse antes en vía administrativa (SSTS 23-1-1991, 25-2-1991).
En todos los demás casos, la indemnización de daños y perjuicios puede constituir la única medida posible para poder lograr el pleno restablecimiento de la situación jurídica perturbada por el acto administrativo. Cuando la satisfacción del derecho no sea posible, se impone poner en juego el mecanismo de la indemnización de perjuicios como remedio legal subsidiario para lograr la restauración del derecho perturbado (ST 18-4-1962). Por tanto cuando la indemnización es una de las medidas para el restablecimiento de la situación jurídica perturbada será aplicable el art. 65.3 de la LJCA antes reproducido. El art. 65.3 citado permite solicitar que la sentencia formule pronunciamiento concreto sobre la existencia de responsabilidad, y se permite dicha solicitud ahora, es porque con anterioridad no se ha solicitado. Lo único que se exige es que la indemnización de daños y perjuicios sea una consecuencia directa de la actuación que dio lugar al proceso y sea imputable a la Administración pública demandada.
En este sentido se ha pronunciado el T.S. así en sentencia de 3 de noviembre de 1997, decía: "El Abogado del estado aduce que no ha existido acto administrativo previo denegatorio de la responsabilidad patrimonial, por cuya razón falta el acto administrativo exigido por la Ley de esta Jurisdicción, pero tal argumento no es valido en absoluto porque es doctrina jurisprudencial (Sentencias, entre otras, de 12 de marzo 1994, 9 noviembre 1994 {RJ 1994, 8587} y 21 octubre 1997) que a la indemnización que se reclama como subordinada o derivada de la pretensión principal de nulidad del acto o disposición no le es aplicable el principio revisor de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa por venir autorizado su planteamiento directo ante esta por el articulo 42 de su Ley reguladora, de manera que este precepto y los artículos 79.3 y 84 c) de dicha Ley hacen viable siempre en el proceso la petición indemnizatoria sin necesidad de previa reclamación en vía administrativa por tratarse de un elemento constitutivo de la especie concreta de pretensión tendente a obtener, como secuela del acto impugnado, el restablecimiento de una situación jurídica individualizada, y así debemos declarar una vez más que, solicitada únicamente la anulación del acto o disposición en vía administrativa, cabe acumular la pretensión indemnizatoria, no planteada antes, en la vía jurisdiccional al haberse desestimado, expresa o tácitamente, el recurso administrativo, según lo dispuesto concordadamente por los citados artículos 42, 79.3 y 84 c) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y 136.1 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, aprobado por Decreto 26 abril 1957".
TERCERO.- En cuanto al fondo, queda constancia de la existencia de ruidos provocados por la caseta "El Bancalón", excediendo de los límites permitidos, tanto en las horas diurnas como nocturnas, generando además mucha suciedad. Así lo deja constatado los videos, informes técnicos y testigos. También queda acreditado que el actor ha requerido al Ayuntamiento a tomar las medidas necesarias para evitar los ruidos y suciedad provocada por la citada caseta.
La Administración no se opone ni manifiesta nada en contra en relación a la existencia de ruidos y suciedad en el lugar en el que se ubica la caseta. La Administración justifica la situación por funcionar tradicionalmente en las fiestas locales, y que esta organización queda fuera del ámbito de actuación del Ayuntamiento.
En relación al ruido y otros aspectos medioambientales, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, constata los siguientes derechos vulnerados:
- El derecho a la integridad física y moral. Su ámbito protege: la inviolabilidad de la persona, no solo contra ataques dirigidos a lesionar su cuerpo y espíritu, sino también contra toda clase de intervención en esos bienes que carezcan del consentimiento del titular.
- El derecho a la intimidad personal y familiar: tiene por objeto la protección de un ámbito reservado de la vida de las personas excluido del conocimiento de terceros, sean estos poderes públicos o particulares, en contra de su voluntad.
- El derecho a la inviolabilidad del domicilio: Se identifica como "domicilio inviolable" el espacio en el cual el individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones sociales y donde ejerce su libertad mas intima. (STEDH 9-12-94, caso López Orta, 19-2-1998, caso Guerra, 2-10-2001, caso Aeropuerto de Londres).
Esta doctrina del ETD, la recepciona nuestro Tribunal Constitucional, y así en sentencia 119/2001, de 24 de mayo señala que habida cuenta de que nuestro texto constitucional no consagra derechos meramente teóricos o ilusorios, sino reales y efectivos, se hace imprescindible asegurar su protección no solo frente a las ingerencias ya mencionadas sino también frente a los riesgos que puedan surgir en una sociedad técnicamente avanzada. Reconoce esta STC que el ruido puede llegar a representar un factor psicopatógeno destacado en el seno de nuestra sociedad y una fuente permanente de perturbación de la calidad de vida de los ciudadanos. Citando la directrices de La OMS, señala la sentencia que la exposición a un nivel de ruidos prolongado afecta a la salud de las personas (Ej. Deficiencias auditivas, apariciones de dificultades de compresión oral, perturbación del sueño, neurosis, hipertensión e isquemia, y a su conducta social, en particular, reducción de los comportamientos solidarios e incremento de las tendencias agresivas.
Pues bien, concluye el TC, cuando la exposición continuada a unos niveles intensos de ruido ponga en grave peligro la salud de las personas, esta situación podrá implicar una vulneración del derecho a la integridad física y moral (art. 15 CE). Una exposición prolongada a unos determinados niveles de ruido, que puedan objetivamente calificarse como evitables e insoportables, ha de merecer la protección dispensada al derecho fundamental a la intimidad personal y familiar, en el ámbito domiciliario, en la medida en que impidan o dificulten gravemente el libre desarrollo de la personalidad, siempre y cuando la tensión o menoscabo provenga de actos u omisiones de entes públicos a los que le sea imputable, la lesión producida.
No hay duda que el Ayuntamiento tiene competencia sobre ruidos, aunque sean producidos por tercero. En este sentido el art. 25.2 letra f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, determina que es competencia de los municipios la protección del medio ambiente; y el art. 1.1° del Decreto 17 junio 1955, Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, señala que los Ayuntamientos podrán intervenir la actividad de los administrados: en el ejercicio de la función de policía, cuando exista perturbación o peligro de perturbación grave, de tranquilidad, seguridad, salubridad o moralidad ciudadanas, con el fin de restablecerlos o conservarlos.
Además es necesario tener en cuenta la obligación que impone a las administraciones publicas en relación a este cuestión, la ley estatal 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido; la ley Andaluza 7/1997, de 18 de mayo, de protección Ambiental y Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, Reglamento autonómico de protección contra la contaminación acústica. Tales obligaciones impuestas legalmente el municipio debe reglamentarlas a través de las Ordenanzas correspondientes (arts. 84 LBRC y 5 de RSCL). Sin que este desarrollo sea necesario para que el Ayuntamiento actúe. En este sentido ya la sentencia del TS de 25-9-1969, mantenía que la Ordenanza no era requisito necesario para imputar inactividad al Ayuntamiento.
Pues bien, existe en las actuaciones una abundante prueba de la existencia de los ruidos, se denunció el irregular funcionamiento de la caseta (Ayuntamiento, Junta, Defensor de Pueblo). Por tanto hay una clara justificación para reprochar al Ayuntamiento de una pasividad, por no haber adoptado las medidas que podían impedirlo y que están dentro de su ámbito legal de competencias.
CUARTO.- En cuanto a la indemnización que el actor solicita y que deja para la ejecución de sentencia la fijación de su cuantificación, se debe antes indicar que en el presente caso concurren las supuestas indemnizatorias de las art. 139 y ss de la Ley 30/92, existiendo un claro nexo causal, existe relación entre el funcionamiento de los servicios públicos y los daños. Daños que por cierto tampoco se han puesto en duda por parte del Ayuntamiento, concurriendo los demás requisitos de daño efectivo, individualizado y antijurídico, por no tener el actor la obligación de soportarlo.
Como quiera que el actor solicita expresamente que la indemnización se determina en ejecución de sentencia, a él se deriva su fijación cuantitativa por el daño y perjuicio sufrido como consecuencia de la vulneración del derecho a la intimidad personal y familiar e inviolabilidad del domicilio, sobre las bases de los daños y perjuicios que se recogen en el hecho Segundo, punto 2, apartado B) de la demanda.
QUINTO.- Por tanto, procede estimar el recurso, sin que existan motivos que justifiquen una condena en costas.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación,
FALLO
ESTIMO el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Don M.S.L., frente a la resolución impugnada por no ser conforme a derecho, declarando su nulidad, debiendo el Ayuntamiento de Níjar prohibir el funcionamiento de la caseta de feria conocida popularmente como "El Bancalon" en las condiciones en que lo ha hecho los últimos años, sin ninguna licencia y sin respetar la normativa vigente, en especial la existencia en materia de ruidos.
O en su caso traslade el Ayuntamiento de Níjar la localización de la actividad ruidosa, a un lugar en que no perjudique las condiciones de vida de los ciudadanos, u obligando que las actividades que se realicen se hagan con las correspondientes licencias, y con respeto al cumplimiento de la normativa aplicable, adoptando las medidas de prevención y control de las emisiones de niveles de ruido. Indemnizar el Ayuntamiento a el actor en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia. Sin costas.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el plazo de quince días contados a partir de su notificación, que se formalizará ante este Juzgado.
Así por esta mi Sentencia, de la que se llevara certificación a los autos principales, la pronuncio, mando y firmo.
Varios vecinos afectados por el ruido objeto de la demanda, hemos conseguido doblegar al poderoso ayuntamiento de un municipio de 20.000 habitantes.
Unos pocos se enfrentaban a muchos con escasa esperanza de conseguir el objetivo: obligar a un ayuntamiento a que ejerciese funciones de policía que le eran propias. Aún así, con algo de esfuerzo y con mucha paciencia, la perseverancia ha dado su fruto.
No entraré en detalles para explicar las pueblerinas razones por las que una Administración amparó los intereses particulares de una actividad privada hasta sus últimas consecuencias, aún a riesgo de poner en peligro la paciencia y la salud de cientos de vecinos, y de ver vilipendiado su prestigio.
Como quiera que sea, la sensación que queda después de recibir la sentencia es de optimismo. Pues el logro conseguido viene a evidenciar la capacidad del administrado para marcar la diferencia y someter a su entorno social al cambio. Por tanto, se pone de manifiesto el hecho de que la interacción entre la Administración y el administrado, no consiste en una mera relación de poder por un lado y de sumisión por otro.
La actuación en este caso del Ayuntamiento no era compatible con la razón de su existencia. Un ayuntamiento se instituye con un fin práctico: el del servicio a los vecinos y la protección de sus derechos en el ámbito territorial correspondiente. Por el contrario, la naturaleza electoral de un equipo de gobierno, hace que aparentemente este fin entre en conflicto con la necesitad perentoria de mantenerse en el poder. Si tal conflicto no se resuelve preservando el fin primordial, hablaremos de incompetencia de sus miembros. También puede ocurrir que la correcta gestión de los servicios municipales, entre en conflicto con los intereses particulares de todos o algunos de sus miembros. Dicho de otra forma: En el primer caso, hablaríamos de electoralismo irresponsable; en el segundo, existiría riesgo de corrupción.
En ambos casos, se crean situaciones propicias para que la actuación administrativa se vicie o desvíe, de manera que no sirva al interés público o que no se ajuste a derecho. Es por ello, por lo que aquí entra en juego la responsabilidad del ciudadano ejerciendo una labor, en cierto modo, de fiscalización –sobre todo por cuanto repercuta en sus derechos-.
La figura del Defensor del Pueblo, en otras administraciones ejerce esa labor, y la de la protección de derechos considerados fundamentales. No obstante, la iniciativa para promover sus actuaciones, suele partir del ciudadano en lo que a la lucha por derechos particulares concretos concierne.
Sin embargo, como muchos sabrán, las decisiones de esta figura administrativa, -a menudo en forma de recomendaciones-, no son vinculantes. Esto implica que el respeto a ellas tendrá su límite en la conveniencia política. Además, estas recomendaciones, a veces son más bien “vinculadas”, por así decirlo –recuérdese la posición del Defensor del Pueblo respecto a la prohibición de vender tabaco en kioscos-. Éste no fue el caso y la resolución del Defensor del Pueblo Andaluz fue la esperada i.e. adecuada a nuestros intereses.
Al final, el equipo de gobierno, se mostró incapaz de superar su propia incompetencia de facto, y continuó sin poder evitar el atropello a los derechos de los vecinos, al insistir en auspiciar el funcionamiento de la actividad privada talis qualis, permitiendo la vulneración del derecho al descanso y a la intimidad de los vecinos. Por ello, hubo que hacer uso del último recurso: La Justicia.
La sentencia es única en España, por cuanto la actividad denunciada tiene lugar sólamente durante cinco días al año; carácter temporal, que hacía más difícil la estimación de la demanda. Aún así, quedó constatado que la protección a los derechos antes mencionados, ha de ser permanente en la medida de lo posible, más allá de otras consideraciones.
He aquí el texto íntegro de la sentencia. Sólo he ocultado los datos del denunciante. De cualquier forma, espero que su lectura anime a la lucha por sus derechos a todos aquellos que sean agraviados por la mala actuación u omisión de la Administración. El quehacer de la Administración a veces no es reflejo del civismo que la ciudadanía se merece y, con demasiada frecuencia, se obstina en actuar ella misma de manera poco ética o contra derecho. En este caso, amparaba las actividades ilegales de otros por motivos ajenos al interés público…
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NUMERO 1 DE ALMERIA
C/ CANONIGO MOLINA ALONSO, 8 - 4a Pta. 04005
Tel.: 950-00-26-93 Fax: 950-00-26-97
N.I.G.: 0401345020050000878
Procedimiento: ORDINARIO 388/2005. Negociado: AL
Recurrente: M. S. L. Letrado: ELENA ISABEL CARA FUENTES
Procurador: SALVADOR MARTIN ALCALDE
Demandado/os: AYUNTAMIENTO DE NÍJAR
Representante: LETRADO DEL AREA DE APOYO A MUNICIPIOS DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALMERIA
Letrados: LETRADO DEL AREA DE APOYO A MUNICIPIOS DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALMERIA Procuradores:
Acto recurrido: desestimación presunta por silencio administrativo de la solicitud formulada por el recurrente frente al Ayuntamiento de Níjar en petici6n de traslado de la caseta de feria conocida como "El Bancal6n" por exceso de ruidos y contaminación acústica.
SENTENCIA NUM.- 243/2006
En la ciudad de Almería, a dieciséis de junio de dos mil seis.
En nombre de S. M. El Rey, el Ilmo. Sr. Don Tomas Cobo Olvera, Magistrado Juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Núm. 1 de los de Almería, ha visto los presentes autos de recurso contencioso administrativo num. 388/05, tramitados por las normas del procedimiento ordinario, en cuantía indeterminada, en la que ha sido parte demandante Don M.S.L, representado por el Procurador D. Salvador Martín Alcalde y asistido de la Letrada Don Elena Isabel Cara Fuentes, y siendo parte demandada el Ayuntamiento de Níjar, representada y dirigida por el/la Letrado/a Don Maria del Mar Cabrerizo Fernández; sobre solicitud en materia de Medio Ambiente.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por el actor se anunció recurso contencioso administrativo en fecha 12 de julio de 2.005, contra desestimación presunta por silencio administrativo de la solicitud formulada por el recurrente frente al Ayuntamiento de Níjar en petición de traslado de la caseta de feria conocida como "El Bancalón" por exceso de ruidos y contaminación acústica.
SEGUNDO.- Por providencia de 13 de julio de 2.005, se requirió a la Administración demandada a fin de que remitiera el expediente administrativo objeto de recurso. Recibido el expediente por providencia de 21 de octubre de 2.005 se ordena su entrega al recurrente para deducir demanda, tramite que cumplimento con fecha 24 de noviembre de 2.005, en la que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando que se dictara sentencia estimando la demanda.
TERCERO.- Por providencia de 25 de noviembre de 2.005, se da traslado del expediente administrativo y de la demanda a la representación procesal de la parte demandada para que la contestara. Trámite que cumplimentó con fecha 23 de diciembre de 2005, en el que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando que se dictara sentencia por la que se desestime la demanda.
CUARTO.- Por auto de 27 de diciembre de 2.005, se abrió periodo de prueba, declarándose pertinentes las propuestas por las partes, practicándose, cuyo resultado consta en autos.
QUINTO.- Por providencia de 2-5-06 se acordó el tramite de conclusiones, requiriendo a las partes para su evacuación.
SEXTO.- Por providencia de 15 de junio de 2.006, se tienen por evacuado el tramite de conclusiones, quedando los autos conclusos para sentencia.
SEPTIMO.- En la tramitación del presente recurso se han observado todas las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- El objeto del presente recurso lo constituye la impugnación de la resolución desestimatoria presunta por silencio administrativo de la solicitud realizada por el actor ante el Ayuntamiento de Níjar, de traslado de la caseta de feria conocida como "El Bancalón", por exceso de ruidos y contaminación acústica.
SEGUNDO.- Alega la Administración como causa de inadmisibilidad del recurso, que el objeto del mismo no es susceptible de impugnación.
En realidad la Administración lo que plantea es la causa de inadmisibilidad procesal al amparo del art. 69. c) de la LJCA, por entender que la parte actora ha incurrido en desviación procesal, al plantear en su demanda una cuestión nueva, que no fue suscitada previamente ni en la vía administrativa, ni en el escrito de interposición del recurso lo cual es contrario al carácter revisor de la presente jurisdicción, concretamente la desviación procesal la ubica la Administración en la petición de indemnización por daños y perjuicios.
Es cierto, como dice la Administración que el Tribunal Supremo de forma reiterada ha señalado: "Se da una desviación por esta causa cuando realmente se produzca una discordancia objetiva entre lo pedido, pretendido en vía administrativa y lo interesado en vía jurisdiccional" (SSTS. 24 de febrero de 2.003, de 18 de febrero de 1999, de 23 de abril de 1998, de 1 de julio de 1997, de 8 de noviembre de 1983, 22 de enero, 17 de febrero y 31 de marzo de 1973, 15 de marzo de 1965, entre otras).
Sin embargo, en nuestro ordenamiento la regla general a la que hace referencia la jurisprudencia indicada, tiene su excepción que en cuanto a la indemnización de daños y perjuicios no siempre es necesario de forma independiente reclamarlos en vía administrativa.
El art. 31.2 de la LJCA determina que también podrá pretender el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas adecuadas para el pleno restablecimiento de la misma, entre ellas la indemnización de los daños y perjuicios, cuando proceda.
El art. 65.3 de la LJCA señala que en el acto de la vista, o en el escrito de conclusiones, el demandante podrá solicitar que la sentencia formule pronunciamiento concreto sobre la existencia y cuantía de los daños y perjuicios de cuyo resarcimiento se trate, si contasen ya probados en autos.
El art. 71.1 de la propia LJCA., dice en su apartado d) que si fuera estimada una pretensión de resarcir daños y perjuicios, se declarara en todo caso el derecho a la reparación, señalando asimismo quien viene obligado a indemnizar. La sentencia fijara también la cuantía de la indemnización cuando lo pida expresamente el demandante y conste probados en autos elementos suficientes para ello. En otro caso, se establecerán las bases para la determinación de la cuantía, cuya concreción quedará diferida al periodo de ejecución de sentencia.
Pues bien, cuando la indemnización de daños y perjuicios constituye la pretensión básica o única, será necesario su reconocimiento o solicitud en vía administrativa antes de acudir a la vía judicial contenciosa. Esto es así, porque la indemnización no deriva de la anulación del acto o de la declaración de ilegalidad de la actuación administrativa que dio lugar al proceso y consiste en una pretensión autónoma, deberá formularse antes en vía administrativa (SSTS 23-1-1991, 25-2-1991).
En todos los demás casos, la indemnización de daños y perjuicios puede constituir la única medida posible para poder lograr el pleno restablecimiento de la situación jurídica perturbada por el acto administrativo. Cuando la satisfacción del derecho no sea posible, se impone poner en juego el mecanismo de la indemnización de perjuicios como remedio legal subsidiario para lograr la restauración del derecho perturbado (ST 18-4-1962). Por tanto cuando la indemnización es una de las medidas para el restablecimiento de la situación jurídica perturbada será aplicable el art. 65.3 de la LJCA antes reproducido. El art. 65.3 citado permite solicitar que la sentencia formule pronunciamiento concreto sobre la existencia de responsabilidad, y se permite dicha solicitud ahora, es porque con anterioridad no se ha solicitado. Lo único que se exige es que la indemnización de daños y perjuicios sea una consecuencia directa de la actuación que dio lugar al proceso y sea imputable a la Administración pública demandada.
En este sentido se ha pronunciado el T.S. así en sentencia de 3 de noviembre de 1997, decía: "El Abogado del estado aduce que no ha existido acto administrativo previo denegatorio de la responsabilidad patrimonial, por cuya razón falta el acto administrativo exigido por la Ley de esta Jurisdicción, pero tal argumento no es valido en absoluto porque es doctrina jurisprudencial (Sentencias, entre otras, de 12 de marzo 1994, 9 noviembre 1994 {RJ 1994, 8587} y 21 octubre 1997) que a la indemnización que se reclama como subordinada o derivada de la pretensión principal de nulidad del acto o disposición no le es aplicable el principio revisor de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa por venir autorizado su planteamiento directo ante esta por el articulo 42 de su Ley reguladora, de manera que este precepto y los artículos 79.3 y 84 c) de dicha Ley hacen viable siempre en el proceso la petición indemnizatoria sin necesidad de previa reclamación en vía administrativa por tratarse de un elemento constitutivo de la especie concreta de pretensión tendente a obtener, como secuela del acto impugnado, el restablecimiento de una situación jurídica individualizada, y así debemos declarar una vez más que, solicitada únicamente la anulación del acto o disposición en vía administrativa, cabe acumular la pretensión indemnizatoria, no planteada antes, en la vía jurisdiccional al haberse desestimado, expresa o tácitamente, el recurso administrativo, según lo dispuesto concordadamente por los citados artículos 42, 79.3 y 84 c) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y 136.1 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, aprobado por Decreto 26 abril 1957".
TERCERO.- En cuanto al fondo, queda constancia de la existencia de ruidos provocados por la caseta "El Bancalón", excediendo de los límites permitidos, tanto en las horas diurnas como nocturnas, generando además mucha suciedad. Así lo deja constatado los videos, informes técnicos y testigos. También queda acreditado que el actor ha requerido al Ayuntamiento a tomar las medidas necesarias para evitar los ruidos y suciedad provocada por la citada caseta.
La Administración no se opone ni manifiesta nada en contra en relación a la existencia de ruidos y suciedad en el lugar en el que se ubica la caseta. La Administración justifica la situación por funcionar tradicionalmente en las fiestas locales, y que esta organización queda fuera del ámbito de actuación del Ayuntamiento.
En relación al ruido y otros aspectos medioambientales, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, constata los siguientes derechos vulnerados:
- El derecho a la integridad física y moral. Su ámbito protege: la inviolabilidad de la persona, no solo contra ataques dirigidos a lesionar su cuerpo y espíritu, sino también contra toda clase de intervención en esos bienes que carezcan del consentimiento del titular.
- El derecho a la intimidad personal y familiar: tiene por objeto la protección de un ámbito reservado de la vida de las personas excluido del conocimiento de terceros, sean estos poderes públicos o particulares, en contra de su voluntad.
- El derecho a la inviolabilidad del domicilio: Se identifica como "domicilio inviolable" el espacio en el cual el individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones sociales y donde ejerce su libertad mas intima. (STEDH 9-12-94, caso López Orta, 19-2-1998, caso Guerra, 2-10-2001, caso Aeropuerto de Londres).
Esta doctrina del ETD, la recepciona nuestro Tribunal Constitucional, y así en sentencia 119/2001, de 24 de mayo señala que habida cuenta de que nuestro texto constitucional no consagra derechos meramente teóricos o ilusorios, sino reales y efectivos, se hace imprescindible asegurar su protección no solo frente a las ingerencias ya mencionadas sino también frente a los riesgos que puedan surgir en una sociedad técnicamente avanzada. Reconoce esta STC que el ruido puede llegar a representar un factor psicopatógeno destacado en el seno de nuestra sociedad y una fuente permanente de perturbación de la calidad de vida de los ciudadanos. Citando la directrices de La OMS, señala la sentencia que la exposición a un nivel de ruidos prolongado afecta a la salud de las personas (Ej. Deficiencias auditivas, apariciones de dificultades de compresión oral, perturbación del sueño, neurosis, hipertensión e isquemia, y a su conducta social, en particular, reducción de los comportamientos solidarios e incremento de las tendencias agresivas.
Pues bien, concluye el TC, cuando la exposición continuada a unos niveles intensos de ruido ponga en grave peligro la salud de las personas, esta situación podrá implicar una vulneración del derecho a la integridad física y moral (art. 15 CE). Una exposición prolongada a unos determinados niveles de ruido, que puedan objetivamente calificarse como evitables e insoportables, ha de merecer la protección dispensada al derecho fundamental a la intimidad personal y familiar, en el ámbito domiciliario, en la medida en que impidan o dificulten gravemente el libre desarrollo de la personalidad, siempre y cuando la tensión o menoscabo provenga de actos u omisiones de entes públicos a los que le sea imputable, la lesión producida.
No hay duda que el Ayuntamiento tiene competencia sobre ruidos, aunque sean producidos por tercero. En este sentido el art. 25.2 letra f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, determina que es competencia de los municipios la protección del medio ambiente; y el art. 1.1° del Decreto 17 junio 1955, Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, señala que los Ayuntamientos podrán intervenir la actividad de los administrados: en el ejercicio de la función de policía, cuando exista perturbación o peligro de perturbación grave, de tranquilidad, seguridad, salubridad o moralidad ciudadanas, con el fin de restablecerlos o conservarlos.
Además es necesario tener en cuenta la obligación que impone a las administraciones publicas en relación a este cuestión, la ley estatal 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido; la ley Andaluza 7/1997, de 18 de mayo, de protección Ambiental y Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, Reglamento autonómico de protección contra la contaminación acústica. Tales obligaciones impuestas legalmente el municipio debe reglamentarlas a través de las Ordenanzas correspondientes (arts. 84 LBRC y 5 de RSCL). Sin que este desarrollo sea necesario para que el Ayuntamiento actúe. En este sentido ya la sentencia del TS de 25-9-1969, mantenía que la Ordenanza no era requisito necesario para imputar inactividad al Ayuntamiento.
Pues bien, existe en las actuaciones una abundante prueba de la existencia de los ruidos, se denunció el irregular funcionamiento de la caseta (Ayuntamiento, Junta, Defensor de Pueblo). Por tanto hay una clara justificación para reprochar al Ayuntamiento de una pasividad, por no haber adoptado las medidas que podían impedirlo y que están dentro de su ámbito legal de competencias.
CUARTO.- En cuanto a la indemnización que el actor solicita y que deja para la ejecución de sentencia la fijación de su cuantificación, se debe antes indicar que en el presente caso concurren las supuestas indemnizatorias de las art. 139 y ss de la Ley 30/92, existiendo un claro nexo causal, existe relación entre el funcionamiento de los servicios públicos y los daños. Daños que por cierto tampoco se han puesto en duda por parte del Ayuntamiento, concurriendo los demás requisitos de daño efectivo, individualizado y antijurídico, por no tener el actor la obligación de soportarlo.
Como quiera que el actor solicita expresamente que la indemnización se determina en ejecución de sentencia, a él se deriva su fijación cuantitativa por el daño y perjuicio sufrido como consecuencia de la vulneración del derecho a la intimidad personal y familiar e inviolabilidad del domicilio, sobre las bases de los daños y perjuicios que se recogen en el hecho Segundo, punto 2, apartado B) de la demanda.
QUINTO.- Por tanto, procede estimar el recurso, sin que existan motivos que justifiquen una condena en costas.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación,
FALLO
ESTIMO el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Don M.S.L., frente a la resolución impugnada por no ser conforme a derecho, declarando su nulidad, debiendo el Ayuntamiento de Níjar prohibir el funcionamiento de la caseta de feria conocida popularmente como "El Bancalon" en las condiciones en que lo ha hecho los últimos años, sin ninguna licencia y sin respetar la normativa vigente, en especial la existencia en materia de ruidos.
O en su caso traslade el Ayuntamiento de Níjar la localización de la actividad ruidosa, a un lugar en que no perjudique las condiciones de vida de los ciudadanos, u obligando que las actividades que se realicen se hagan con las correspondientes licencias, y con respeto al cumplimiento de la normativa aplicable, adoptando las medidas de prevención y control de las emisiones de niveles de ruido. Indemnizar el Ayuntamiento a el actor en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia. Sin costas.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el plazo de quince días contados a partir de su notificación, que se formalizará ante este Juzgado.
Así por esta mi Sentencia, de la que se llevara certificación a los autos principales, la pronuncio, mando y firmo.
domingo, agosto 27, 2006
Los neonegacionistas
El revisionismo histórico es el estudio y reinterpretación de la historia por parte de estudiosos que se oponen al consenso histórico mayoritario, sin aportar necesariamente materiales que sustenten sus nuevas afirmaciones.
De cuando en cuando se celebra en algún lugar de Oriente Medio el congreso de los negacionistas. Estudia el tratamiento histórico dado a ciertos acontecimientos que tuvieron lugar durante la época del III Reich y la Segunda Guerra Mundial. En particular, entre otros hechos, vienen a cuestionar la existencia de los campos de concentración tal y como los conocemos porque, según ellos, la historia ha sido manipulada y presentada por el bando vencedor. En definitiva, insisten en que la historia del holocausto judío ha sido escrita de acuerdo a sus intereses con el objeto final de asegurarse la victoria moral de por vida.
Para apoyar sus argumentos, se molestan en recopilar o reinventar datos con los que pretenden demostrar cosas como que los campos de concentración, por lo general, no eran de exterminio; que los judíos que murieron a manos de los nazis no fueron 6 millones sino muchos menos; que la mayoría fallecieron más o menos de forma natural debido a las duras e inevitables condiciones que se daban; que lo del uso de las cámaras de gas y los hornos crematorios con propósitos genocidas es poco menos que un disparate etc.
Pues bien, con esto de las guerras del tabaco pasa algo parecido. Desde hace algunos años se vienen presentando datos científicos y económicos por parte de instancias de reconocida fiabilidad. Analizados de manera conjunta, los diferentes estudios demuestran que el tabaco es perjudicial en términos globales; no sólo en términos médico-sanitarios sino también económicos y, por tanto, sociales.
Pero como siempre ocurre, ahí están los que no entran en el grupo de perjudicados para proponer alternativas al ya mal visto status quo del tabaco. Así por ejemplo, tenemos la obra de un tal Manning In Defense of Smoking, en la que se asegura que los males del tabaco y sus beneficios económicos han recibido un tratamiento estadístico equivocado y que, en definitiva, su imagen como producto comercial “legal” está recibiendo un linchamiento tan injustificado como parcial.
Concluyendo, a estas alturas, pretender adecentar la imagen socioeconómica del tabaco, recuerda más a un ejercicio de revisionismo y negacionismo por parte de la Industria Tabacalera y sus acólitos que a otra cosa.
De cuando en cuando se celebra en algún lugar de Oriente Medio el congreso de los negacionistas. Estudia el tratamiento histórico dado a ciertos acontecimientos que tuvieron lugar durante la época del III Reich y la Segunda Guerra Mundial. En particular, entre otros hechos, vienen a cuestionar la existencia de los campos de concentración tal y como los conocemos porque, según ellos, la historia ha sido manipulada y presentada por el bando vencedor. En definitiva, insisten en que la historia del holocausto judío ha sido escrita de acuerdo a sus intereses con el objeto final de asegurarse la victoria moral de por vida.
Para apoyar sus argumentos, se molestan en recopilar o reinventar datos con los que pretenden demostrar cosas como que los campos de concentración, por lo general, no eran de exterminio; que los judíos que murieron a manos de los nazis no fueron 6 millones sino muchos menos; que la mayoría fallecieron más o menos de forma natural debido a las duras e inevitables condiciones que se daban; que lo del uso de las cámaras de gas y los hornos crematorios con propósitos genocidas es poco menos que un disparate etc.
Pues bien, con esto de las guerras del tabaco pasa algo parecido. Desde hace algunos años se vienen presentando datos científicos y económicos por parte de instancias de reconocida fiabilidad. Analizados de manera conjunta, los diferentes estudios demuestran que el tabaco es perjudicial en términos globales; no sólo en términos médico-sanitarios sino también económicos y, por tanto, sociales.
Pero como siempre ocurre, ahí están los que no entran en el grupo de perjudicados para proponer alternativas al ya mal visto status quo del tabaco. Así por ejemplo, tenemos la obra de un tal Manning In Defense of Smoking, en la que se asegura que los males del tabaco y sus beneficios económicos han recibido un tratamiento estadístico equivocado y que, en definitiva, su imagen como producto comercial “legal” está recibiendo un linchamiento tan injustificado como parcial.
Concluyendo, a estas alturas, pretender adecentar la imagen socioeconómica del tabaco, recuerda más a un ejercicio de revisionismo y negacionismo por parte de la Industria Tabacalera y sus acólitos que a otra cosa.
sábado, agosto 26, 2006
Un breve y esquemático apunte histórico.
A menudo, durante el III Reich, los Alemanes podían oír un mensaje radiofónico ideado por el Ministro de propaganda Goebbels que venía a decir : “¡Mujeres alemanas!, si estáis embarazadas, no fuméis ni bebáis, ello os perjudicará a vosotras tanto como a vuestros hijos.”
Cuando Hitler, con su habitual crueldad, hablaba de conquistar extensas áreas de Rusia occidental para incorporarlas al reino del III Reich, también aludía al tratamiento que debían recibir las zonas más orientales. Allí sus habitantes ya no eran tan arios, sino más bien eslavos o razas asiáticas propias de pueblos mogoles. Quería que, para las primeras zonas, se distribuyeran lotes higiénicos y provisiones de alimentos en un primer momento, para progresivamente dotar a esos habitantes de las facilidades y privilegios del resto del reino.
Para las razas esclavas de las zonas que quedaran más al Este, sólo habría todo el tabaco y el alcohol gratis que pidiesen; pero ni lotes higiénicos, ni provisiones. La ciencia nazi, guiada por la intuición del Hitler y a partir de los síntomas que mostraban muchos veteranos de la Gran Guerra –donde nunca faltó tabaco-, consiguió demostrar las relaciones existentes entre el consumo de tabaco y el daño a la salud –en concreto el cáncer de pulmón y otras afecciones del aparato respiratorio-.
En resumidas cuentas, el uso social del tabaco no tenía lugar en la Germania ideal soñada por Hitler, el tabaco y el alcohol sólo eran concebidos como un veneno genético sólo útil para debilitar a las razas adversarias.
Pocas semanas después de la capitulación de Berlin, las singulares políticas sociales nazis, tenían que ser sometidas a una memoria damnatio lo antes posible independientemente de su acierto. Como parte de esa operación, se levantó la prohibición de fumar en lugares públicos, se rebajaron los impuestos del tabaco y se auspició el asentamiento de las grandes tabacaleras hoy conocidas en el mercado Alemán que, aunque directa o indirectamente conseguían operar, siempre encontraron grandes obstáculos legales, fiscales y administrativos durante el gobierno nazi.
Al perder la guerra, aquella política exterior racista y agresiva había pasado factura a la lucha antitabaco, dio al traste con una de las pocos logros que Hitler parecía haber conseguido sin maximalismos en política interior. En los años venideros, las políticas antitabaco decididas quedaron estigmatizadas casi hasta el tabú, por cuanto eran consideradas como represivas en una sociedad libre. El dominio de las tabacaleras, instaurado poco menos que por error, perdura en Alemania hasta nuestros días.
En los años 50, Richard Doll, como si de homogénesis se tratase, redescubrió en EEUU lo inevitable: Sólo el tabaco podía ser el culpable del inusitado aumento de casos de cáncer de pulmón entre ciertos sectores de la población americana…
Independientemente del uso instrumental que se le haya dado, la ciencia ha acabado demostrando al mundo la verdadera naturaleza del tabaco, que al final se ha instituido como un enemigo común y universal.
Cuando Hitler, con su habitual crueldad, hablaba de conquistar extensas áreas de Rusia occidental para incorporarlas al reino del III Reich, también aludía al tratamiento que debían recibir las zonas más orientales. Allí sus habitantes ya no eran tan arios, sino más bien eslavos o razas asiáticas propias de pueblos mogoles. Quería que, para las primeras zonas, se distribuyeran lotes higiénicos y provisiones de alimentos en un primer momento, para progresivamente dotar a esos habitantes de las facilidades y privilegios del resto del reino.
Para las razas esclavas de las zonas que quedaran más al Este, sólo habría todo el tabaco y el alcohol gratis que pidiesen; pero ni lotes higiénicos, ni provisiones. La ciencia nazi, guiada por la intuición del Hitler y a partir de los síntomas que mostraban muchos veteranos de la Gran Guerra –donde nunca faltó tabaco-, consiguió demostrar las relaciones existentes entre el consumo de tabaco y el daño a la salud –en concreto el cáncer de pulmón y otras afecciones del aparato respiratorio-.
En resumidas cuentas, el uso social del tabaco no tenía lugar en la Germania ideal soñada por Hitler, el tabaco y el alcohol sólo eran concebidos como un veneno genético sólo útil para debilitar a las razas adversarias.
Pocas semanas después de la capitulación de Berlin, las singulares políticas sociales nazis, tenían que ser sometidas a una memoria damnatio lo antes posible independientemente de su acierto. Como parte de esa operación, se levantó la prohibición de fumar en lugares públicos, se rebajaron los impuestos del tabaco y se auspició el asentamiento de las grandes tabacaleras hoy conocidas en el mercado Alemán que, aunque directa o indirectamente conseguían operar, siempre encontraron grandes obstáculos legales, fiscales y administrativos durante el gobierno nazi.
Al perder la guerra, aquella política exterior racista y agresiva había pasado factura a la lucha antitabaco, dio al traste con una de las pocos logros que Hitler parecía haber conseguido sin maximalismos en política interior. En los años venideros, las políticas antitabaco decididas quedaron estigmatizadas casi hasta el tabú, por cuanto eran consideradas como represivas en una sociedad libre. El dominio de las tabacaleras, instaurado poco menos que por error, perdura en Alemania hasta nuestros días.
En los años 50, Richard Doll, como si de homogénesis se tratase, redescubrió en EEUU lo inevitable: Sólo el tabaco podía ser el culpable del inusitado aumento de casos de cáncer de pulmón entre ciertos sectores de la población americana…
Independientemente del uso instrumental que se le haya dado, la ciencia ha acabado demostrando al mundo la verdadera naturaleza del tabaco, que al final se ha instituido como un enemigo común y universal.
viernes, agosto 25, 2006
Las Islas Canarias: el último bastión del tabaco barato.
Gracias a mi repaso mensual del la ley 28/05 he llegado a tal grado de conocimiento sobre el tema que ya sólo me queda leer entre líneas. Ni siquiera tienen desperdicio las disposiciones adicionales, en lo que a despropósitos concierne.
Mientras me pregunto extrañado por qué tantos ex-fumadores recaen al venir a Las Palmas, leo en la disposición adicional cuarta: “Lo dispuesto en esta Ley se entiende sin perjuicio de las peculiaridades del Régimen Económico y Fiscal de Canarias respecto de la libertad comercial de los productos del tabaco en los establecimientos comerciales situados en el archipiélago canario”.
Antaño, comprar ciertos aparatos electrónicos, gafas de sol, o cámaras de fotos en “las afortunadas” era notablemente más barato que en la península. Hoy en día apenas hay diferencia. Los tiempos han cambiado y la entrada de España en la CEE, ha ayudado a la homogeneización de las condiciones económicas y fiscales con el resto del país.
El hecho de que las cosas suban de precio según el IPC y se carguen con más impuestos cada año es algo natural, normalmente inherente al progreso económico. Tampoco debemos escandalizarnos si el plátano ya no es de Canarias porque sale más barato importarlo de Sudamérica. Pues nadie quiere que, por una cuestión de tradición, su nivel económico se asemeje al de una “República Bananera”.
Entonces, ¿Por qué el Gobierno insiste en que las, no tan afortunadas Islas, sean una República Tabaquera?. El tabaco y su consumo, como en los peores tiempos, son amparados desde la misma Administración.
Cierto es que los consumidores isleños siguen pagando la gasolina muy barata, merced a la exención de impuestos de la que no disfrutan los peninsulares. El combustible, cumple una función social muy importante, es uno de los insustituibles sustentos de una economía. Sin embargo, ¿qué imperiosa necesidad hay de mantener el tabaco y el alcohol baratos, como si de alimentos básicos se tratase? Ninguna.
Tal actitud en un organismo regulador sólo pueden explicarla el chantaje emocional, el engaño, el electoralismo irresponsable, el dinero negro o el soborno. No había momento ni excusa mejor para despojar al tabaco de su pernicioso régimen fiscal y equiparar sus precios si no a los europeos, sí a los peninsulares; pero no fue así. El gobierno fue débil una vez más. Se dejó embaucar por economistas alarmistas o agasajar por los poderosísimos gremios del vicio.
Del espíritu de la ley se entiende que el Estado debería ayudar a dejar fumar por igual a todos los ciudadanos subiéndoles el precio del tabaco. Pero para los canarios esto quedó muy deslucido. Puede ser que pensaran que eso sería algo extremo, que repercutiría de manera desastrosa en el turismo insular porque, al no existir el reclamo del vicio barato, ¿qué clase de turistas europeos iban a venir?
En la noticia de un periódico local, se podía leer como la Consejera de Turismo se escandalizaba porque en páginas alemanas se anunciaba como destino de turistas sexuales sado-maso un local de Las Palmas. Sin embargo, ningún político se escandaliza por la pésima imagen que da la Isla en cuanto a lucha antitabaco atañe, pues el turista no da crédito a sus ojos cuando ve esos precios en las cajetillas de tabaco que, por cierto, las puede encontrar en cualquier tienda de alimentación o supermercado, al lado de donde se venden pañales de bebé. Sin duda, el turista se sorprenderá de que esto sea Europa. Si ha bebido más de la cuenta –habida cuenta del precio irrisorio del alcohol-, creerá que está en una república bananera; si está sobrio pensará que “Spain is Different”.
Una vez más, la aplicación de la doble moral, contraviene la intención de una ley y culmina en una burla, en pro de unos intereses minoritarios y en detrimento de unos generales. A la obsolescencia de este régimen fiscal y comercial específico para un producto dañino, se le une el hecho de que está localizado dentro del ámbito competencial del Estado, implicando una diferenciación de trato en cuanto a privilegios económicos y sociales se refiere, se mire desde el punto de vista que se mire. Ello sería admisible si fuese beneficioso en términos generales para esa Comunidad Autónoma en particular, pero ya sabemos que no lo es.
Si fuese un demagogo, no me supondría excesivo esfuerzo mostrar al pueblo canario como el blanco del desprecio del centralismo administrativo. Podría pregonar una imagen del hecho moralmente nefasta. Da la impresión de que, en este asunto, la salud y los derechos de los no-fumadores Canarios, han sido tratados como una moneda de cambio.
El Estado ha hecho bien en hacer esa concesión a las tabacaleras, porque le interesa que se fume más. Es un sitio estratégico para mantener el negocio a flote aunque sea hundiendo la salud de una Isla; además, también puede captar fumadores de toda Europa gracias al sol, la playa, y el alcohol barato. En cuanto a los problemas de tabaquismo entre la población Canaria, ¿Quién se va a preocupar por esos guanches vagos, descendientes de bereberes? A razas africanas que viven en latitudes africanas, precios africanos.
Esta declaración de inferioridad cívica del pueblo canario impuesta por el Estado, demuestra la falta de sensibilidad de nuestros políticos, que aplican un tratamiento cultural y social prejuicioso y tercermundista hacia los isleños. Un tratamiento que, con esto del tabaco, ha pasado de lo folklórico a lo tribal.
Mientras me pregunto extrañado por qué tantos ex-fumadores recaen al venir a Las Palmas, leo en la disposición adicional cuarta: “Lo dispuesto en esta Ley se entiende sin perjuicio de las peculiaridades del Régimen Económico y Fiscal de Canarias respecto de la libertad comercial de los productos del tabaco en los establecimientos comerciales situados en el archipiélago canario”.
Antaño, comprar ciertos aparatos electrónicos, gafas de sol, o cámaras de fotos en “las afortunadas” era notablemente más barato que en la península. Hoy en día apenas hay diferencia. Los tiempos han cambiado y la entrada de España en la CEE, ha ayudado a la homogeneización de las condiciones económicas y fiscales con el resto del país.
El hecho de que las cosas suban de precio según el IPC y se carguen con más impuestos cada año es algo natural, normalmente inherente al progreso económico. Tampoco debemos escandalizarnos si el plátano ya no es de Canarias porque sale más barato importarlo de Sudamérica. Pues nadie quiere que, por una cuestión de tradición, su nivel económico se asemeje al de una “República Bananera”.
Entonces, ¿Por qué el Gobierno insiste en que las, no tan afortunadas Islas, sean una República Tabaquera?. El tabaco y su consumo, como en los peores tiempos, son amparados desde la misma Administración.
Cierto es que los consumidores isleños siguen pagando la gasolina muy barata, merced a la exención de impuestos de la que no disfrutan los peninsulares. El combustible, cumple una función social muy importante, es uno de los insustituibles sustentos de una economía. Sin embargo, ¿qué imperiosa necesidad hay de mantener el tabaco y el alcohol baratos, como si de alimentos básicos se tratase? Ninguna.
Tal actitud en un organismo regulador sólo pueden explicarla el chantaje emocional, el engaño, el electoralismo irresponsable, el dinero negro o el soborno. No había momento ni excusa mejor para despojar al tabaco de su pernicioso régimen fiscal y equiparar sus precios si no a los europeos, sí a los peninsulares; pero no fue así. El gobierno fue débil una vez más. Se dejó embaucar por economistas alarmistas o agasajar por los poderosísimos gremios del vicio.
Del espíritu de la ley se entiende que el Estado debería ayudar a dejar fumar por igual a todos los ciudadanos subiéndoles el precio del tabaco. Pero para los canarios esto quedó muy deslucido. Puede ser que pensaran que eso sería algo extremo, que repercutiría de manera desastrosa en el turismo insular porque, al no existir el reclamo del vicio barato, ¿qué clase de turistas europeos iban a venir?
En la noticia de un periódico local, se podía leer como la Consejera de Turismo se escandalizaba porque en páginas alemanas se anunciaba como destino de turistas sexuales sado-maso un local de Las Palmas. Sin embargo, ningún político se escandaliza por la pésima imagen que da la Isla en cuanto a lucha antitabaco atañe, pues el turista no da crédito a sus ojos cuando ve esos precios en las cajetillas de tabaco que, por cierto, las puede encontrar en cualquier tienda de alimentación o supermercado, al lado de donde se venden pañales de bebé. Sin duda, el turista se sorprenderá de que esto sea Europa. Si ha bebido más de la cuenta –habida cuenta del precio irrisorio del alcohol-, creerá que está en una república bananera; si está sobrio pensará que “Spain is Different”.
Una vez más, la aplicación de la doble moral, contraviene la intención de una ley y culmina en una burla, en pro de unos intereses minoritarios y en detrimento de unos generales. A la obsolescencia de este régimen fiscal y comercial específico para un producto dañino, se le une el hecho de que está localizado dentro del ámbito competencial del Estado, implicando una diferenciación de trato en cuanto a privilegios económicos y sociales se refiere, se mire desde el punto de vista que se mire. Ello sería admisible si fuese beneficioso en términos generales para esa Comunidad Autónoma en particular, pero ya sabemos que no lo es.
Si fuese un demagogo, no me supondría excesivo esfuerzo mostrar al pueblo canario como el blanco del desprecio del centralismo administrativo. Podría pregonar una imagen del hecho moralmente nefasta. Da la impresión de que, en este asunto, la salud y los derechos de los no-fumadores Canarios, han sido tratados como una moneda de cambio.
El Estado ha hecho bien en hacer esa concesión a las tabacaleras, porque le interesa que se fume más. Es un sitio estratégico para mantener el negocio a flote aunque sea hundiendo la salud de una Isla; además, también puede captar fumadores de toda Europa gracias al sol, la playa, y el alcohol barato. En cuanto a los problemas de tabaquismo entre la población Canaria, ¿Quién se va a preocupar por esos guanches vagos, descendientes de bereberes? A razas africanas que viven en latitudes africanas, precios africanos.
Esta declaración de inferioridad cívica del pueblo canario impuesta por el Estado, demuestra la falta de sensibilidad de nuestros políticos, que aplican un tratamiento cultural y social prejuicioso y tercermundista hacia los isleños. Un tratamiento que, con esto del tabaco, ha pasado de lo folklórico a lo tribal.
domingo, agosto 20, 2006
La cantina es mía: territorio fumeta
Recién entrada en vigor la ley 28/05, cuando a un hostelero se le pidió que explicase la razón por la que había declarado todo el comedor de 120 m2 para fumadores mediante el cartel de “En este local se permite fumar”, éste, a la vez que cargaba el peso de su cuerpo hacia delante apoyando las palmas de las manos en la barra y sacaba barbilla, exclamó por respuesta: “¡La cantina es mía! y ninguna ley fascista va a decirme como tengo que llevar mi negocio...”
Esta equivocada y egoísta reafirmación del derecho a la propiedad, que evocaba a aquellas famosas palabras de Manuel Fraga pronunciadas lustros atrás, no esconde precisamente un glorioso inconformismo, ni una valiente declaración de ideales. Más bien se trataba de una reacción primaria, semejante a la de un animal; pero no un animal social, como el homo sapiens sapiens, sino más bien un animal territorial como el homo fumans.
Sin duda, la artificial condescendencia con el cigarro, a menudo hace perder la perspectiva de las cosas y pervierte la naturaleza humana hasta tal punto que, los instintos más primarios, pueden emerger con frecuencia en las conciencias más debilitadas por la nicotina.
En otra entrada ya expliqué por que es necesaria la intervención del estado a la hora de regular derechos y libertades en lo que al acto de fumar concierne, así como las diferencias entre el uso privado y el uso público de las propiedades, y como el modo en el que el propietario ejerce su responsabilidad a la hora de administrar los usos, participando en la imposición de códigos de conducta según el caso.
Actitudes tan reaccionarias como la descrita en el primer párrafo, aunque no causan sorpresa precisamente, sí conviene recordar que se dan en demasiadas ocasiones. Muchos hosteleros, unos alineados con La Tabacalera, otros alienados por la nicotina, se obstinan en ir contra natura. No logran entender que no se ganan la vida ni vendiendo cigarros, ni humo de segunda mano; cigarros que, encendidos en su local, provocarán conflictos de intereses entre los usuarios-clientes; cigarros que, además, serán fuente de disputas con sus compañeros del gremio en lo que a competencia desleal se refiere.
Por tanto, el gremio de hosteleros, sólo podrá resolver sus conflictos con el no-fumador, con el fumador y con el Estado si persigue la uniformidad de criterios a la hora de aplicar la imposición de un código de conducta en sus locales. El único código de conducta válido para resolver el conflicto es a la vez más acorde a los intereses del gremio. Dicho código se establece mediante la prohibición de fumar en el interior de cualquier local.
Así pues, la existencia de elementos reaccionarios en las filas hosteleras -aquellos propietarios que insisten en marcar su territorio con humo y ceniza de cigarro-, no ha de tener lugar por una, meramente pragmática, cuestión de solidaridad.
Esta equivocada y egoísta reafirmación del derecho a la propiedad, que evocaba a aquellas famosas palabras de Manuel Fraga pronunciadas lustros atrás, no esconde precisamente un glorioso inconformismo, ni una valiente declaración de ideales. Más bien se trataba de una reacción primaria, semejante a la de un animal; pero no un animal social, como el homo sapiens sapiens, sino más bien un animal territorial como el homo fumans.
Sin duda, la artificial condescendencia con el cigarro, a menudo hace perder la perspectiva de las cosas y pervierte la naturaleza humana hasta tal punto que, los instintos más primarios, pueden emerger con frecuencia en las conciencias más debilitadas por la nicotina.
En otra entrada ya expliqué por que es necesaria la intervención del estado a la hora de regular derechos y libertades en lo que al acto de fumar concierne, así como las diferencias entre el uso privado y el uso público de las propiedades, y como el modo en el que el propietario ejerce su responsabilidad a la hora de administrar los usos, participando en la imposición de códigos de conducta según el caso.
Actitudes tan reaccionarias como la descrita en el primer párrafo, aunque no causan sorpresa precisamente, sí conviene recordar que se dan en demasiadas ocasiones. Muchos hosteleros, unos alineados con La Tabacalera, otros alienados por la nicotina, se obstinan en ir contra natura. No logran entender que no se ganan la vida ni vendiendo cigarros, ni humo de segunda mano; cigarros que, encendidos en su local, provocarán conflictos de intereses entre los usuarios-clientes; cigarros que, además, serán fuente de disputas con sus compañeros del gremio en lo que a competencia desleal se refiere.
Por tanto, el gremio de hosteleros, sólo podrá resolver sus conflictos con el no-fumador, con el fumador y con el Estado si persigue la uniformidad de criterios a la hora de aplicar la imposición de un código de conducta en sus locales. El único código de conducta válido para resolver el conflicto es a la vez más acorde a los intereses del gremio. Dicho código se establece mediante la prohibición de fumar en el interior de cualquier local.
Así pues, la existencia de elementos reaccionarios en las filas hosteleras -aquellos propietarios que insisten en marcar su territorio con humo y ceniza de cigarro-, no ha de tener lugar por una, meramente pragmática, cuestión de solidaridad.
viernes, agosto 11, 2006
Propuestas a Javier Marías y la decadente RAE
El Aguerrido Javier marías ahora es miembro de la Real Academia Española. Esa institución cuyo lema era el de “Limpia, fija y da esplendor”. Dicen que Javier Marías puede aportar frescura a esta institución cuyo prestigio parece estar últimamente de capa caída. Espero que así sea porque, como lingüista de estudios (que no de vocación), hace tiempo que no confío en el quehacer de los miembros honorarios de la RAE.
Cuando se creó hace trescientos años la RAE podría haber tenido su sentido tal y como fue concebida. Su existencia era consecuente con las ineficaces prácticas del ya menguante Imperio Español. Dichas prácticas perseguían el mantenimiento de la influencia sobre sus colonias y, para ello, el imponer la misma lengua y religión de la metrópolis era fundamental. Al final, evangelizar e hispanizar, sin una sólida y competitiva base comercial y económica de apoyo fue algo inútil. Por ello, un organismo tan rígido, conservador y, en definitiva, anacrónico, debía evolucionar sustancialmente con el tiempo para proponerse otros fines, para renovarse. Podría haber aprendido no de sus errores, sino de su inutilidad; no para cambiar de metas, sino para proponérselas. En lugar de haberse estancado en su elitismo intelectual y clasista, desempeñar una labor social, era una necesidad inevitable.
Es posible que así haya sucedido. Puede que la Institución se haya transformado en un auténtico servicio público, se haya modernizado y haya sabido responder a las demandas de la sociedad; adaptándose con cada vez más rapidez a ella, haciéndose eco de la evolución de la lengua, incluso anticipándose a la norma que los hablantes establecen mediante el uso; puede que ya no esté tan influida por los políticos gobernantes de cada momento etc.
En cuanto al Excelentísimo Señor Javier Marías, todos esperamos que este miembro del Club de Fumadores por la Tolerancia, no se comporte como el Caballo de Troya de Altadís en la RAE y que, a la vez, no contribuya de manera inercial a la politización del lenguaje. Sin embargo, mucho nos tememos que este fumador compulsivo que sugiere ser un librepensador, al final no sepa disimular lo poco libre que es en realidad.
Ahora Marías no debe temer sentirse impotente ante los políticos de pesadilla que le recordaban al estado totalitario descrito en la novela de G. Orwell; al menos, en lo que a la manipulación del lenguaje se refiere. Desde su escaño con la letra erre mayúscula puede aportar su grano de arena en la labor que seguramente ya ejerce su compañero del club de tolerantes en el sillón erre minúscula, Antonio Mingote Barrachina. Suponemos que desempeñará con total rectitud y bajo instrucciones concretas su encomiable labor.
Sí, es un hecho: las altas esferas parecen haber reservado la letra “r” a los intereses de la Industria Tabacalera. Menos mal, que entre tanto mercenario que ocupa el resto de los escaños pasa desapercibido el detalle de los miembros del Club. No me cabe duda de que si la gente supiese lo que yo, consideraría a esta institución como una de las vergüenzas nacionales, y todo por culpa de una malograda representación muy difícil de maquillar.
¿Durante unas décadas más, la lengua estará a merced de los conservadores disfrazados de frescura y progresismo? ¿Durante los tiempos venideros estos carcamales machistas (recodemos que sólo dos o tres mujeres ocupan escaño y los cargos son vitalicios), víctimas de su demencia senil y de su educación tradicionalista, seguirán contribuyendo a que nuestro lenguaje siga rezumando sexismo? ¿Seguirán decidiéndonos como es correcto que hablemos ¡y que pensemos! desde sus retrógradas perspectivas? Creo que la buena labor de la RAE queda muy deslucida por culpa de estos gerontócratas mercenarios. Las personas propuestas para ocupar los escaños son elegidas no con complicados o crípticos, sino sencillamente desconocidos criterios. Por tanto, no es ya tanto el espíritu de la RAE sino el sistema de elección de sus miembros lo que critico.
Volviendo a Javier Marías, recordaré que una de sus actividades preferidas era el de escribir injuriantes diatribas contra el manipulador y opresor estado; siempre que éste tomaba una determinación que no era de su gusto. Era el caso de la política antitabaco. Aunque los tiempos toman un rumbo, que es uno y no es otro, él parece insistir en pasar a la historia como el mecenas del vicio.
Soy tan altruista que, pese a que no me pagan como a estos de la RAE, estoy dispuesto a ayudar a Javier Marías con unas ideas sobre definiciones para que limpie, fije y de esplendor a ciertas palabras, cuyos significados han debido de ser pervertidos, quien sabe, si por algún pérfido estado. Seguiremos un orden alfabético:
“Antitabaco”
Es el adjetivo con el que la prensa suele bautizar a cualquier intento de regular el consumo o la venta del producto. Por analogía, el adjetivo termina siendo percibido como peyorativo por el esclavo del cigarro. Es natural que esto sea así si pensamos en todos los términos que suelen formarse con este prefijo. A saber: antisemítico, antisocial, antipático etc.
Obviamente, la connotación es parcial, merced ha que ha debido de ser puesta de moda con sensacionalistas propósitos por parte del corrompido gremio de periodistas.
Por ello, es necesaria la creación de un nuevo término que se acomode a la realidad que se avecina: un futuro próximo en el que el fumar empezará a estar mal visto. Se me ocurre que podría aplicarse el prefijo “pro”... Como quiera que sea, espero que “antitabaco” no sea incluida en el diccionario con acepciones parciales, como mucho nos tememos.
“Apestado”
Los forofos del pitillo dicen que la intolerancia ha convertido a los fumadores en los “apestados” del de la sociedad. Ésta es una más de las torpes estrategias de victimización del fumeta por parte de los tabaquistas.
Si nos fijamos en la raíz de la palabra, descubriremos la palabra “peste”; esa enfermedad que fue tan contagiosa y mortífera en el medievo. Cierto es que no se contraía la enfermedad por fumar, pero sí se pasaba de unos a otros por no lavarse mucho y por llevar unos malos hábitos alimenticios. De cualquier forma, llama la atención la doblez con la que el término se ha vuelto a poner en circulación.
Podría considerarse correcto aquí el participio de pasado si el agente es el mismo que el que recibe la acción. En principio, el agente (parte activa) podría ser el cigarro, pero como éste resulta desempeñar al final una función instrumental, la verdadera parte activa coincide con la pasiva, i.e. son los fumadores los que se apestan a ellos mismos con el humo de sus cigarros. Entonces, el no-fumador no tiene capacidad para “apestar” a un fumador que libremente ejerce la acción que le es propia.
De aquí se concluye que el término apropiado es el de “apestante”. Lo único que hay que hacer es cambiar la desinencia de participio de pasado por la de participio de presente. Así, la parte activa es designada de acuerdo con la realidad, puesto que el fumador sí tiene la capacidad de “apestar” al no-fumador, que es el verdadero sujeto pasivo y la víctima. Por tanto, el “apestante” es el fumador, no sólo porque es de su aliento y de sus ropas de donde procede la peste, sino porque también tiene la capacidad de convertir a los que hay a su alrededor en “apestados”, gracias a los gases que emanan de su pitillo.
“Fundamentalista”
“Fundamentalista de la salud” es un sintagma que se suele escuchar con cierta frecuencia por ahí. Es una más de los absurdas referencias sacadas de contexto con las que la Industria intenta darle la vuelta a la tortilla.
Tachándonos de fundamentalistas, es fácil que, aunque de manera subconsciente, se nos asocie al radicalismo islámico y al concepto estrella de “intolerancia” aplicado a la religión. De esta manera se trata de estigmatizar a los detractores del tabaco, asociándolos a cosas tan terribles y siniestras.
Si se incluye una acepción en sentido pro-tabaquero, espero que se mencione igualmente otra posibilidad combinatoria del término, para contrarrestar la inmensa ventaja léxica que nos llevan los “fundamentalistas del pitillo”.
“Inquisidor”
Este sí que es otro término rescatado de la anacronía con gran astucia y sagacidad. Es un hecho para los fanáticos de la nicotina: somos unos inquisidores que disfrutamos impidiendo a los fumadores el gozo. Sí, tenemos que confesarlo. No nos da placer ni el sexo, ni la buena comida, ni la bebida, ni el puro. Sólo derivamos placer sádico de la persecución de ciertos individuos a los que se les ocurre fumar para gozar. Por ello, nos chifla el condenar al ostracismo a un fumador para ver como sufre apurando su pitillo en la calle bajo un terrible aguacero. Y no lo condenamos a la hoguera porque produciría más humo al quemársele el paquete de cigarros que lleva en el bolsillo. Nos resulta regocijante el asediar con nuestras denuncias a esos pobrecillos que no nos hacen nada, salvo poner los interiores perdidos de humo y llenar las playas de colillas, porque estamos todos muy ociosos y no encontramos otro pasatiempo.
Sin duda, los fumadores no nos persiguen deliberadamente. Pero es que tampoco les hace falta, ya lo hace por ellos el humo de sus cigarros y además de manera viciosa e impúdica. El acosante gas de sus cigarros termina ultrajando sin escrúpulos todas las zonas de nuestro cuerpo, sobando nuestra piel y toqueteando nuestro pelo. Para colmo, osa penetrar nuestra garganta para, a continuación, violar nuestros vírgenes pulmones. Una vez que consuma su asqueroso cometido, su olor se nos queda impregnado y no nos abandona. Al final, tenemos que purificamos a base de gárgaras, ducha y jabón.
En este caso, quien lea lo anterior y no reconozca que estamos sufriendo vejatorias torturas, es que… fuma y nos obliga a fumar y nos somete a torturas propias de inquisidores.
Por ende, el término inquisidor debe ser aplicado también a fumadores de interiores, si tiene la oportunidad de aparecer con acepciones tan particulares.
“Tabaquina”
El ingenuo abogado de fumadores José María Mohedano, cegado por el inconmensurable odio hacia los fumadores pasivos, quiere que la RAE reconozca una nueva acepción para esta palabra, según se deduce de lo expuesto en su obra “¿Quién defiende al fumador?”.
La tabaquina, es el subproducto que se obtiene a partir de restos de las plantas de tabaco y se usa como pesticida. La palabra pesticida daría demasiado juego y no le convendría a Mohedano. Parece que pretende tratarnos a los no-fumadores como insectos y procurar nuestra eliminación física. Cuando él, lo único que quiere denotar con esa palabra, es nuestra “fobia al humo”. Yo, en lugar de Javier Marías, no propondría esa acepción.
“Taliban”
Más de lo mismo. Nos quieren atribuir el dudoso honor de ser tan cerrados y radicales como los Taliban. Es la misma estrategia usada con otras palabras como “fundamentalista”, “inquisidor”, “intolerante”, sólo que en este caso se suele aplicar con más frecuencia a la Ley 28/05 en concreto.
Aquí, resulta extraño que la Ley tenga esa reputación aun habiendo sido aprobada con una de las mayorías más amplias en la historia de nuestra joven democracia. Pero no me importa. Si Javier Marías quiere incluir como primera acepción del adjetivo, “Relativo al carácter intolerante, opresor y fundamentalista de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.” Por mí de acuerdo, puedo aprobar esa pequeña licencia.
“Tolerancia”
Este sí que es uno de los conceptos de los que más ha abusado la retórica de los políticos. El término, aunque se venía usando desde hace siglos, se puso de moda sobre todo al término de la Segunda Guerra Mundial a raíz del holocausto judío y otros despropósitos del siglo XX..
Lo que está claro es que nadie ha viciado el espíritu del concepto de manera tan maquiavélica como lo han hecho los demagogos del “Club de Fumadores por la Tolerancia”.
La tolerancia tiene su sentido cuando aquello que se tolera es un bien. De hecho, si el fumar fuese un bien común, sencillamente lo auspiciaríamos. Sin embargo, los Tolerantes del Club, quieren que amparemos aquello que nos perjudica a todos y sólo les beneficia a ellos. En otras palabras, nosotros aguantamos estoicamente y ellos fuman donde les da la gana sin tener que respetarnos, como si un cigarro encendido fuese algo bueno o que no molesta.
Sinceramente, espero que Javier Marías se moleste en recuperar la noble esencia de la palabra a la que tanto daño hicieron los suyos. Para ayudarle con dicho cometido, yo propondría como sinónimo de su tolerancia la palabra “permisivismo”, que es lo que en realidad quieren decir. Aunque otros sinónimos de esa tolerancia podrían ser “cobardía”, “vista gorda” o “masoquismo”, según el caso.
Cuando se creó hace trescientos años la RAE podría haber tenido su sentido tal y como fue concebida. Su existencia era consecuente con las ineficaces prácticas del ya menguante Imperio Español. Dichas prácticas perseguían el mantenimiento de la influencia sobre sus colonias y, para ello, el imponer la misma lengua y religión de la metrópolis era fundamental. Al final, evangelizar e hispanizar, sin una sólida y competitiva base comercial y económica de apoyo fue algo inútil. Por ello, un organismo tan rígido, conservador y, en definitiva, anacrónico, debía evolucionar sustancialmente con el tiempo para proponerse otros fines, para renovarse. Podría haber aprendido no de sus errores, sino de su inutilidad; no para cambiar de metas, sino para proponérselas. En lugar de haberse estancado en su elitismo intelectual y clasista, desempeñar una labor social, era una necesidad inevitable.
Es posible que así haya sucedido. Puede que la Institución se haya transformado en un auténtico servicio público, se haya modernizado y haya sabido responder a las demandas de la sociedad; adaptándose con cada vez más rapidez a ella, haciéndose eco de la evolución de la lengua, incluso anticipándose a la norma que los hablantes establecen mediante el uso; puede que ya no esté tan influida por los políticos gobernantes de cada momento etc.
En cuanto al Excelentísimo Señor Javier Marías, todos esperamos que este miembro del Club de Fumadores por la Tolerancia, no se comporte como el Caballo de Troya de Altadís en la RAE y que, a la vez, no contribuya de manera inercial a la politización del lenguaje. Sin embargo, mucho nos tememos que este fumador compulsivo que sugiere ser un librepensador, al final no sepa disimular lo poco libre que es en realidad.
Ahora Marías no debe temer sentirse impotente ante los políticos de pesadilla que le recordaban al estado totalitario descrito en la novela de G. Orwell; al menos, en lo que a la manipulación del lenguaje se refiere. Desde su escaño con la letra erre mayúscula puede aportar su grano de arena en la labor que seguramente ya ejerce su compañero del club de tolerantes en el sillón erre minúscula, Antonio Mingote Barrachina. Suponemos que desempeñará con total rectitud y bajo instrucciones concretas su encomiable labor.
Sí, es un hecho: las altas esferas parecen haber reservado la letra “r” a los intereses de la Industria Tabacalera. Menos mal, que entre tanto mercenario que ocupa el resto de los escaños pasa desapercibido el detalle de los miembros del Club. No me cabe duda de que si la gente supiese lo que yo, consideraría a esta institución como una de las vergüenzas nacionales, y todo por culpa de una malograda representación muy difícil de maquillar.
¿Durante unas décadas más, la lengua estará a merced de los conservadores disfrazados de frescura y progresismo? ¿Durante los tiempos venideros estos carcamales machistas (recodemos que sólo dos o tres mujeres ocupan escaño y los cargos son vitalicios), víctimas de su demencia senil y de su educación tradicionalista, seguirán contribuyendo a que nuestro lenguaje siga rezumando sexismo? ¿Seguirán decidiéndonos como es correcto que hablemos ¡y que pensemos! desde sus retrógradas perspectivas? Creo que la buena labor de la RAE queda muy deslucida por culpa de estos gerontócratas mercenarios. Las personas propuestas para ocupar los escaños son elegidas no con complicados o crípticos, sino sencillamente desconocidos criterios. Por tanto, no es ya tanto el espíritu de la RAE sino el sistema de elección de sus miembros lo que critico.
Volviendo a Javier Marías, recordaré que una de sus actividades preferidas era el de escribir injuriantes diatribas contra el manipulador y opresor estado; siempre que éste tomaba una determinación que no era de su gusto. Era el caso de la política antitabaco. Aunque los tiempos toman un rumbo, que es uno y no es otro, él parece insistir en pasar a la historia como el mecenas del vicio.
Soy tan altruista que, pese a que no me pagan como a estos de la RAE, estoy dispuesto a ayudar a Javier Marías con unas ideas sobre definiciones para que limpie, fije y de esplendor a ciertas palabras, cuyos significados han debido de ser pervertidos, quien sabe, si por algún pérfido estado. Seguiremos un orden alfabético:
“Antitabaco”
Es el adjetivo con el que la prensa suele bautizar a cualquier intento de regular el consumo o la venta del producto. Por analogía, el adjetivo termina siendo percibido como peyorativo por el esclavo del cigarro. Es natural que esto sea así si pensamos en todos los términos que suelen formarse con este prefijo. A saber: antisemítico, antisocial, antipático etc.
Obviamente, la connotación es parcial, merced ha que ha debido de ser puesta de moda con sensacionalistas propósitos por parte del corrompido gremio de periodistas.
Por ello, es necesaria la creación de un nuevo término que se acomode a la realidad que se avecina: un futuro próximo en el que el fumar empezará a estar mal visto. Se me ocurre que podría aplicarse el prefijo “pro”... Como quiera que sea, espero que “antitabaco” no sea incluida en el diccionario con acepciones parciales, como mucho nos tememos.
“Apestado”
Los forofos del pitillo dicen que la intolerancia ha convertido a los fumadores en los “apestados” del de la sociedad. Ésta es una más de las torpes estrategias de victimización del fumeta por parte de los tabaquistas.
Si nos fijamos en la raíz de la palabra, descubriremos la palabra “peste”; esa enfermedad que fue tan contagiosa y mortífera en el medievo. Cierto es que no se contraía la enfermedad por fumar, pero sí se pasaba de unos a otros por no lavarse mucho y por llevar unos malos hábitos alimenticios. De cualquier forma, llama la atención la doblez con la que el término se ha vuelto a poner en circulación.
Podría considerarse correcto aquí el participio de pasado si el agente es el mismo que el que recibe la acción. En principio, el agente (parte activa) podría ser el cigarro, pero como éste resulta desempeñar al final una función instrumental, la verdadera parte activa coincide con la pasiva, i.e. son los fumadores los que se apestan a ellos mismos con el humo de sus cigarros. Entonces, el no-fumador no tiene capacidad para “apestar” a un fumador que libremente ejerce la acción que le es propia.
De aquí se concluye que el término apropiado es el de “apestante”. Lo único que hay que hacer es cambiar la desinencia de participio de pasado por la de participio de presente. Así, la parte activa es designada de acuerdo con la realidad, puesto que el fumador sí tiene la capacidad de “apestar” al no-fumador, que es el verdadero sujeto pasivo y la víctima. Por tanto, el “apestante” es el fumador, no sólo porque es de su aliento y de sus ropas de donde procede la peste, sino porque también tiene la capacidad de convertir a los que hay a su alrededor en “apestados”, gracias a los gases que emanan de su pitillo.
“Fundamentalista”
“Fundamentalista de la salud” es un sintagma que se suele escuchar con cierta frecuencia por ahí. Es una más de los absurdas referencias sacadas de contexto con las que la Industria intenta darle la vuelta a la tortilla.
Tachándonos de fundamentalistas, es fácil que, aunque de manera subconsciente, se nos asocie al radicalismo islámico y al concepto estrella de “intolerancia” aplicado a la religión. De esta manera se trata de estigmatizar a los detractores del tabaco, asociándolos a cosas tan terribles y siniestras.
Si se incluye una acepción en sentido pro-tabaquero, espero que se mencione igualmente otra posibilidad combinatoria del término, para contrarrestar la inmensa ventaja léxica que nos llevan los “fundamentalistas del pitillo”.
“Inquisidor”
Este sí que es otro término rescatado de la anacronía con gran astucia y sagacidad. Es un hecho para los fanáticos de la nicotina: somos unos inquisidores que disfrutamos impidiendo a los fumadores el gozo. Sí, tenemos que confesarlo. No nos da placer ni el sexo, ni la buena comida, ni la bebida, ni el puro. Sólo derivamos placer sádico de la persecución de ciertos individuos a los que se les ocurre fumar para gozar. Por ello, nos chifla el condenar al ostracismo a un fumador para ver como sufre apurando su pitillo en la calle bajo un terrible aguacero. Y no lo condenamos a la hoguera porque produciría más humo al quemársele el paquete de cigarros que lleva en el bolsillo. Nos resulta regocijante el asediar con nuestras denuncias a esos pobrecillos que no nos hacen nada, salvo poner los interiores perdidos de humo y llenar las playas de colillas, porque estamos todos muy ociosos y no encontramos otro pasatiempo.
Sin duda, los fumadores no nos persiguen deliberadamente. Pero es que tampoco les hace falta, ya lo hace por ellos el humo de sus cigarros y además de manera viciosa e impúdica. El acosante gas de sus cigarros termina ultrajando sin escrúpulos todas las zonas de nuestro cuerpo, sobando nuestra piel y toqueteando nuestro pelo. Para colmo, osa penetrar nuestra garganta para, a continuación, violar nuestros vírgenes pulmones. Una vez que consuma su asqueroso cometido, su olor se nos queda impregnado y no nos abandona. Al final, tenemos que purificamos a base de gárgaras, ducha y jabón.
En este caso, quien lea lo anterior y no reconozca que estamos sufriendo vejatorias torturas, es que… fuma y nos obliga a fumar y nos somete a torturas propias de inquisidores.
Por ende, el término inquisidor debe ser aplicado también a fumadores de interiores, si tiene la oportunidad de aparecer con acepciones tan particulares.
“Tabaquina”
El ingenuo abogado de fumadores José María Mohedano, cegado por el inconmensurable odio hacia los fumadores pasivos, quiere que la RAE reconozca una nueva acepción para esta palabra, según se deduce de lo expuesto en su obra “¿Quién defiende al fumador?”.
La tabaquina, es el subproducto que se obtiene a partir de restos de las plantas de tabaco y se usa como pesticida. La palabra pesticida daría demasiado juego y no le convendría a Mohedano. Parece que pretende tratarnos a los no-fumadores como insectos y procurar nuestra eliminación física. Cuando él, lo único que quiere denotar con esa palabra, es nuestra “fobia al humo”. Yo, en lugar de Javier Marías, no propondría esa acepción.
“Taliban”
Más de lo mismo. Nos quieren atribuir el dudoso honor de ser tan cerrados y radicales como los Taliban. Es la misma estrategia usada con otras palabras como “fundamentalista”, “inquisidor”, “intolerante”, sólo que en este caso se suele aplicar con más frecuencia a la Ley 28/05 en concreto.
Aquí, resulta extraño que la Ley tenga esa reputación aun habiendo sido aprobada con una de las mayorías más amplias en la historia de nuestra joven democracia. Pero no me importa. Si Javier Marías quiere incluir como primera acepción del adjetivo, “Relativo al carácter intolerante, opresor y fundamentalista de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.” Por mí de acuerdo, puedo aprobar esa pequeña licencia.
“Tolerancia”
Este sí que es uno de los conceptos de los que más ha abusado la retórica de los políticos. El término, aunque se venía usando desde hace siglos, se puso de moda sobre todo al término de la Segunda Guerra Mundial a raíz del holocausto judío y otros despropósitos del siglo XX..
Lo que está claro es que nadie ha viciado el espíritu del concepto de manera tan maquiavélica como lo han hecho los demagogos del “Club de Fumadores por la Tolerancia”.
La tolerancia tiene su sentido cuando aquello que se tolera es un bien. De hecho, si el fumar fuese un bien común, sencillamente lo auspiciaríamos. Sin embargo, los Tolerantes del Club, quieren que amparemos aquello que nos perjudica a todos y sólo les beneficia a ellos. En otras palabras, nosotros aguantamos estoicamente y ellos fuman donde les da la gana sin tener que respetarnos, como si un cigarro encendido fuese algo bueno o que no molesta.
Sinceramente, espero que Javier Marías se moleste en recuperar la noble esencia de la palabra a la que tanto daño hicieron los suyos. Para ayudarle con dicho cometido, yo propondría como sinónimo de su tolerancia la palabra “permisivismo”, que es lo que en realidad quieren decir. Aunque otros sinónimos de esa tolerancia podrían ser “cobardía”, “vista gorda” o “masoquismo”, según el caso.
lunes, agosto 07, 2006
La discriminación de los fumadores
Acabo de leer en una edición del País lo que sin duda es una excelente noticia para los seguidores de nuestro movimiento: “El rechazo de los fumadores en las ofertas de puestos de trabajo no constituye una discriminación perseguida por la legislación europea, según la CE.”.
En la vertiente estrictamente económica, podemos afirmar que, el verbo “discriminar”, aplicado a la contratación de los fumadores adquiere su significado etimológico, siendo despojado de las connotaciones histórico-sociales que contaminaron el vocablo al gusto de los políticos a lo largo del siglo pasado.
Estas connotaciones que acabaron moldeando su significado hasta el actual, empezaron a surgir siempre que el vocablo era usado fuera de cualquier tratado exclusivamente matemático o científico (“Dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos o políticos”).
Por tanto, si la palabra “discriminar” puede ser aplicada a la contratación o no de los fumadores por ser fumadores, ésta recuperará su significado primigenio: “separar, distinguir, diferenciar una cosa de otra.”
Pese a lo dicho en los tres párrafos anteriores podemos intuir que, con esto del tabaco, cualquier víctima de la cigarromanía, tan enquistada en nuestra sociedad, podría arriesgarse a hacer una excepción a sus propios principios o, cuando menos, a guardar silencio intencionado al respecto.
Como consuelo para los a los economistas enganchados a la nicotina, que ven como inexorablemente la Industria Tabaquera parece abogada a la reconversión a largo plazo, recordaré las descomunales ventajas que tendrá la nueva tendencia en la contratación de trabajadores a nivel productivo. Si esta tendencia se consolida, puede constituirse como una verdadera revolución en el ámbito laboral que no desembocará sino en un hecho incuestionable: la mejora sustancial en la calidad de la mano de obra, con el consiguiente aumento de beneficios y la disminución de gastos en términos globales.
En la vertiente estrictamente económica, podemos afirmar que, el verbo “discriminar”, aplicado a la contratación de los fumadores adquiere su significado etimológico, siendo despojado de las connotaciones histórico-sociales que contaminaron el vocablo al gusto de los políticos a lo largo del siglo pasado.
Estas connotaciones que acabaron moldeando su significado hasta el actual, empezaron a surgir siempre que el vocablo era usado fuera de cualquier tratado exclusivamente matemático o científico (“Dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos o políticos”).
Por tanto, si la palabra “discriminar” puede ser aplicada a la contratación o no de los fumadores por ser fumadores, ésta recuperará su significado primigenio: “separar, distinguir, diferenciar una cosa de otra.”
Pese a lo dicho en los tres párrafos anteriores podemos intuir que, con esto del tabaco, cualquier víctima de la cigarromanía, tan enquistada en nuestra sociedad, podría arriesgarse a hacer una excepción a sus propios principios o, cuando menos, a guardar silencio intencionado al respecto.
Como consuelo para los a los economistas enganchados a la nicotina, que ven como inexorablemente la Industria Tabaquera parece abogada a la reconversión a largo plazo, recordaré las descomunales ventajas que tendrá la nueva tendencia en la contratación de trabajadores a nivel productivo. Si esta tendencia se consolida, puede constituirse como una verdadera revolución en el ámbito laboral que no desembocará sino en un hecho incuestionable: la mejora sustancial en la calidad de la mano de obra, con el consiguiente aumento de beneficios y la disminución de gastos en términos globales.
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